El Gobierno de la provincia de Buenos Aires expresa su fuerte preocupación por la situación e informa que ya se encuentra colaborando con la investigación.
A raíz de los hechos de público conocimiento referidos al caso de Facundo Astudillo Castro, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires expresa su fuerte preocupación por la situación e informa que ya se encuentra colaborando con la investigación a través de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad.
En este marco, el Gobierno de la Provincia se ha puesto a total disposición de la familia ante tan delicado momento, manteniendo contacto permanente con ellos.
Las investigaciones penales sobre posible hechos de violencia institucional en general, y en particular de desaparición forzada, deben realizarse de modo independiente e imparcial. Para eso, necesariamente, una de las primeras medidas a adoptar debe ser el apartamiento de las personas sospechosas y la no interferencia de las instituciones a las que pertenecen.
Esta manera particular de actuar en esta clase de delitos es una obligación constitucional que tiene nuestro Estado, en función de Convenciones y Tratados sobre Derechos Humanos y documentos de Organismos Internacionales. Entre ellos pueden destacarse:
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (art. 12.4);
Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (párrafo 28)
Observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada respecto del caso argentino (año 2013);
Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias adoptadas por el Consejo Económico y Social de la ONU (principio 9 y 11).
El 30 de abril de este año Facundo Astudillo Castro fue visto por última vez, cuando planeaba dirigirse desde la localidad de Pedro Luro hacia la ciudad de Bahía Blanca. Frente a esta situación, la familia presentó una denuncia que comenzó a tramitarse el día 5 de junio, en la órbita del Poder Judicial de la Provincia, como “Averiguación de paradero.”
El 26 de junio se presentó, esta vez en el fuero Federal, una denuncia ante la Fiscalía Federal N° 1 de Bahía Blanca por desaparición forzada, en donde se afirmaba que las últimas personas en ver a Facundo Astudillo Castro habían sido agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Esta denuncia se repitió el 2 de julio ante el Juez Federal, a quien la familia de Facundo Castro, además, solicitó constituirse como querella particular.
Sin ingresar en la investigación en curso, y asumiendo que sería muy imprudente sacar conclusiones apresuradas, la sola presentación de una denuncia de tamaña gravedad exige adoptar todas las medidas tendientes a cumplir con el deber de investigar de modo imparcial los hechos denunciados.
Frente a ello, en función de todas las obligaciones internacionales, y de acuerdo a las regulaciones provinciales en la materia (art. 7 de la Ley 14.687 y Res. N° 1390/01 de la Procuración General de la Provincia), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia solicitó el apartamiento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de ambas causas judiciales.
En respuesta a esta presentación, en la causa que tramita en el fuero provincial, el Agente Fiscal a cargo decidió, en forma preventiva, que la investigación continúe sin la participación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y con el auxilio exclusivo de las fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación.
En su resolución, el Agente Fiscal aclaró que en la causa no existían “elementos objetivos que permitan sospechar que la ausencia de Facundo Astudillo Castro tenga relación con algún accionar ilícito de agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires.” Sin embargo, y con buen criterio, decidió apartar a dicho cuerpo de la investigación.
En lo que refiere a la actuación del Ministerio de Seguridad, desde el primer momento de la investigación se puso a disposición de la Justicia, tanto del personal a su cargo como de los elementos que puedan ser requeridos.