En la sede del Tribunal Oral Criminal Federal de Bahía Blanca y luego de 50 días de iniciado el juicio, comenzaron las declaraciones testimoniales. En primer lugar y por más de dos horas, declaró Carlos Rodolfo Entraigas, actualmente radicado en España. Al momento de su secuestro, residía en la ciudad de Viedma, trabajaba en Estadísticas y Censos, que dependía del área de Planeamiento del gobierno de la provincia de Río Negro, y militaba en ‘Cristianos por el Socialismo’. El estudiante de Ciencias Económicas fue detenido por personas armadas y vestidas de civil que manifestaron pertenecer a la Policía Federal Argentina. Entre sus captores, el testigo reconoció a Vicente Antonio Forchetti, Jefe de la Delegación Viedma de dicha fuerza de seguridad e imputado en esta causa.

Entraigas fue trasladado posteriormente en una avioneta a la ciudad de Bahía Blanca y conducido a dependencias del Comando V Cuerpo de Ejército, en donde quedó recluido y fue sometido a cautiverio y a torturas en un pabellón normalmente destinado al alojamiento de conscriptos. Fue interrogado y torturado por personal policial y militar, con golpizas y aplicación de la técnica conocida como “submarino”. Entraigas narró que además de las tormentos y los interrogatorios, era constante el “verdugeo, te decían que te tranquilices y cuando te relajabas, te pegaban. Y lo hacían por pegarte. Sin preguntar nada. Se creían superiores, se creían que tenían derecho a todo”.

El 9 de abril de 1976 lo trasladaron a la Unidad Penitenciaria N°4 de Bahía Blanca, donde fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a través del decreto N°86. Y luego, en noviembre, fue reubicado con otros detenidos a la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata. Sobre el final de su declaración, el entonces empleado del gobierno rionegrino afirmó que “la tortura, sea física o psicológica, mucha o poca, es tortura al fin. Las mujeres se llevaban la peor parte, hubo abusos sexuales y violaciones”.

Luego de su testimonio, el declarante respondió diversas preguntas. El auxiliar fiscal Pablo Fermento le consultó sobre qué significa el exilio para él: “es otra pena, más suave pero otra pena, equiparable con el destierro. Era duro irse de la tierra de uno pero sabíamos que en el exterior no nos iban a torturar”. Y, emocionado, agregó: “quiero agradecer a quienes colaboraron para que se hiciera este juicio y pudiera declarar. No nos olvidemos que hay personas que hoy no pueden estar aquí”.

En segundo término fue el turno de Julio Berardi, que al momento de su secuestro era Secretario General de Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE) y delegado de la subdelegación de la CGT de Médanos. Fue productor de ajos en el partido de Villarino y trabajaba en los galpones de empaque. Berardi estuvo detenido en varias oportunidades y narró que los interrogatorios estaban orientados a saber las internas de la CGT Bahía Blanca: “nos caminaban por la cabeza, estábamos sin dormir, golpeados, trataban de doblegarnos. En todo momento, me daba por muerto. Les dije a mis compañeros: Ninguno se entregue, ninguno se doble, porque la cosa ya está como está”.

Berardi permaneció detenido en el gimnasio del Batallón de Comunicaciones 181 “con 30 o 40 personas y podíamos recibir visitas sólo de los hijos menores de 7 años”. Posteriormente, estuvo en la Unidad Penal Nº4 de Villa Floresta hasta que fue liberado. Antes de regresar a su pueblo, fue citado por el Coronel Páez en el Comando V Cuerpo y contó que el militar le dijo: “los que han tenido problemas con nosotros, preferimos que no sigan actuando. Si se manda una macana, lo voy a ir a buscar personalmente”.

El dirigente sindical comentó que también hubo amenazas de algunos sectores empresariales para que no reclame: “si protestás voy al Comando, me dijeron varios”. Y por último, dijo que su dimisión a la actividad sindical fue cuando el subcomisario Palmieri lo llamó y lo invitó a que redacte su renuncia al gremio “porque si no me iban a matar”.

Luego de responder preguntas de las partes y del imputado Stel que hizo uso de su derecho a la autodefensa, Berardi expresó que su familia “estuvo más presa afuera que adentro, sobre todo en los pueblos chicos porque yo era el único preso político de Médanos. A mis hijos en la escuela les decían: ‘así que hoy matan a tu papá y lo tiran acá en la esquina’. Gracias por permitirme declarar, hace 46 años que estábamos esperando”, concluyó.

Por último, en la octava jornada de debate, declaró Rafael Miguel Silva, que en 1976 era primer vocal de la comisión de FATRE y fue secuestrado junto a Berardi en Mayor Buratovich por la policía bonaerense. Silva fue obligado a manejar su propio auto, un Peugeot 404 celeste modelo ‘68, hasta Bahía Blanca, escoltado por camiones del Ejército, con dos soldados apuntándole a la cabeza y recibiendo amenazas constantes: “te vamos a matar, te vamos a hacer boleta, seguí los camiones”.

Silva contó con detalles los maltratos y las torturas sufridas durante su cautiverio. “En la Comisaría de Villa Mitre, simularon una liberación y a la vuelta de la esquina nos estaban esperando entre 20 y 30 solados. Nos patearon, nos vendaron y nos metieron en la parte de atrás de un auto. Tres tipos nos orinaron y entre golpes y amenazas nos llevaron a la sede de la Policía Federal en calle Rondeau. Ahí, todas las madrugadas nos sacaban de a uno, nos ponían la picana en los testículos, nos levantaban las uñas, nos hacían parar sobre agua con electricidad. Se sentían gritos en la comisaría, creo que había varias mujeres detenidas. Era un calvario, todas las madrugadas la misma rutina”.

Finalmente, Silva relató que su liberación fue en un simulacro de fusilamiento en el Camino de la Carrindanga. “Me sentí más preso afuera que adentro, los primeros seis meses estuve en la casa de mi madre, sin salir ni a la puerta”, explicó. Al Peugeot celeste se lo entregaron destruido cinco meses después en la comisaría del pueblo: “fue mi mamá a buscarlo con mi cuñado, lo tuvieron que retirar en grúa”.

En relación a la revictimización y su declaración testimonial, Silva dejó en claro que no esperaba tener que revivir estos momentos pero decidió contar su verdad. Ante la pregunta de la abogada querellante por la Secretaría de Derecho Humanos de la Nación, Mónica Fernández Avello, sobre las secuelas del cautiverio y la tortura, Silva detalló: “actualmente vivo en la ciudad de Punta Alta, pegado a la Base Naval Puerto Belgrano y me dedico a la construcción porque la jubilación no me alcanza. Vivo entre militares, veo militares constantemente, no les tengo odio, son otras camadas, pero a uno le queda esa rara sensación. Lo que padecí me cambió mi forma de ser”.

Atentado en Viedma

Sobre el cierre de la octava audiencia, la abogada querellante Avello mencionó la vandalización y robo en la Casona de los Derechos Humanos de la capital rionegrina. Organismos de Derechos Humanos vinculan el hecho al desarrollo del juicio Megacausa Zona 5: “justo pasó hoy, cuando empiezan las audiencias testimoniales, donde se juzgan crímenes cometidos a varias víctimas de la Comarca. No podemos no relacionarlo con eso y con que la Asociación hace públicas esas declaraciones y las difunde", expresó en el portal VDM Noticias, Guadalupe Gaitán, integrante de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado. 

El juicio

La Subsecretaría de Derechos Humanos, a través de las abogadas Verónica Bogliano y Alejandra García, junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca, son querellantes en este juicio de lesa humanidad, el más grande en la historia de la provincia de Buenos Aires, conocido como Megacausa Zona V.

El TOCF de Bahía Blanca está integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido y juzgará a 38 imputados: militares y policías acusados por delitos de secuestros, torturas, homicidios, desapariciones, robo de bebés y abusos sexuales, cometidos contra 334 víctimas durante la dictadura cívico militar en el sur de la Provincia de Buenos Aires y la Patagonia

De los 52 imputados iniciales, 12 murieron y dos fueron declarados incapaces, Jesús Salinas y José María Martínez. La mayoría de ellos integraban el V Cuerpo de Ejército, cuya jurisdicción abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y estaba compuesto, entre otros, por el Destacamento de Inteligencia 181, el Batallón de Comunicaciones 181, la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén y el Centro Clandestino de Detención y Tortura “La Escuelita” ubicado en Bahía Blanca.

Además, se juzgarán a dos oficiales de la Policía Federal de Viedma, a un miembro de la Policía bonaerense y al director de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Bahía Blanca, como así también las responsabilidades de un médico y un enfermero del Ejército.

La próxima audiencia será el 21 de abril a las 9 horas, jornada que estará dedicada solamente a la declaración presencial del imputado Claudio Kussman, ex comisario de la bonaerense con prisión preventiva domiciliaria en Pinamar. Las declaraciones testimoniales continuarán el 28 del corriente. El debate en Bahía Blanca se puede seguir de manera presencial en Lavalle y Chiclana con presentación del DNI o a través del canal de YouTube de la Subsecretaría de Derechos Humanos: www.youtube.com/derechoshumanospba