Este jueves 17 de febrero comenzó oficialmente el debate en la sede de Chiclana y Lavalle del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido. El TOCF juzgará a 38 militares y policías por los delitos de secuestro, tortura, homicidio, desapariciones, robo de bebés y abusos sexuales cometidos contra 334 víctimas.

La directora de Querellas por Crímenes de Lesa Humanidad y abogada de la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Bogliano, remarcó que “se debe saber qué pasó con cada una de las víctimas, esperamos estos juicios durante 45 años”. También estuvieron presentes en la audiencia el Director Provincial de Políticas Reparatorias, Ramiro Madera, y la directora de Grupos en Situación de Vulnerabilidad y coordinadora del Equipo de Acompañamiento a Víctimas, Eliana Morrone.

En esta primera jornada del proceso que demandará aproximadamente dos años, el equipo de la Fiscalía integrada por Miguel Ángel Palazzani, José Alberto Nebbia, Pablo Fermento y Paula Molini, dio lectura al requerimiento de elevación a juicio y comenzó a reconstruir los hechos de las víctimas durante la dictadura cívico militar en la zona sur de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia.

“Hemos unificado siete requerimientos luego de siete juicios y podemos decir que estamos en una síntesis histórica del genocidio en la región. Estamos poniendo en conocimiento de qué se los está acusando con lujo de detalles y queremos dejar en claro que, básicamente, se los acusa de haber participado de un genocidio. Vamos a visibilizar un proceso, no son delitos aislados de lesa humanidad”, enfatizó el fiscal general Palazzani. “Hay pactos de silencio y una gran dificultad en avanzar con las complicidades civiles en todo el país. Acá en Bahía Blanca por ejemplo, seguimos tratando de lograr el procesamiento de ex director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot”, agregó.

Avanzada su intervención, Palazzani argumentó que “hubo una intención deliberada de eliminación de pruebas, por ejemplo a través con el Decreto 2726/83 encontrado en la provincia de La Pampa: era un telegrama dirigido a las policías provinciales que ordenaba la inmediata incineración de la documentación que tuvieron que ver con la represión ilegal”.

Por último, el fiscal general, ante la repetida victimización de los acusados por crímenes de lesa humanidad, brindó una cifra categórica: “42% es el índice de absoluciones de sobreseimientos y faltas de mérito en causas de crímenes de lesa humanidad en Argentina, mucho más alto que en causas comunes”.

Luego fue el turno del auxiliar fiscal Pablo Fermento, que realizó un recorrido virtual por las zonas de operaciones y los roles que tenían las fuerzas represivas, para desmostrar la sincronización de las tres sub zonas 51,52 y 53 con el Comando del V Cuerpo de Ejército, en principio a cargo del Gral. Osvaldo Azpitarte. Desde estas jurisdicciones a lo largo de la Patagonia y el sur de la provincia de Buenos Aires, se realizaban los secuestros para luego llevar a las y los detenidos a tres centros clandestinos: a “La Escuelita”, ubicado en el predio del V Cuerpo, a “El Gimnasio”, del Batallón de Comunicaciones 181 y a la Cárcel de Villa Floresta de Bahía Blanca.

Junto a la abogada Paula Molini continuaron con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, que en esta primera audiencia, constó de la denuncia de crímenes contra 100 víctimas de un total de 334, quienes sufrieron secuestros, torturas, homicidios, desapariciones, robo de bebés y abusos sexuales.

Por otro lado, los abogados defensores solicitaron la interrupción de la lectura de todos los requerimientos de la exposición acusatoria, a lo que la fiscalía de Derechos Humanos de Bahía Blanca, el defensor oficial Gustavo Rodríguez y ambas querellas, se opusieron. “El objetivo es seguir exponiendo y que se escuchen los casos y los hechos de las víctimas del juicio y las responsabilidades penales”, dijo Palazzani. Además, explicó que existió por parte de las defensas de los imputados un “forzamiento de los argumentos, y el planteo de nulidad por exceso de claridad en la acusación sería insólito. Pecamos porque somos claros”.

Por su parte, Mónica Fernández Avello, abogada en representación de las querellas de H.I.J.O.S. Bahía Blanca y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, expresó que “el requerimiento fiscal consta del contexto histórico y el funcionamiento del Comando V Cuerpo de Ejército: es importante para las víctimas escuchar de una manera entendible la acusación  de la fiscalía”.

En este sentido, la abogada de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Bogliano rechazó el pedido de las defensas y enfatizó: “la acusación es por genocidio, es necesario aclarar y analizar el contexto histórico, el contexto histórico es todo. Se tienen que escuchar cada uno de los casos, los imputados tienen la obligación de escuchar las atrocidades que se cometieron y poder ejercer su derecho a defensa”.

En la calle

Mientras transcurría la audiencia en la esquina de Lavalle y Chiclana, familiares de desaparecidos, víctimas del terrorismo de Estado y organismos de derechos se manifestaron para apoyar el pedido de justicia en este octavo juicio por delitos de lesa humanidad en la ciudad de Bahía Blanca. Anahí Junquera y Alejandra Santucho, militantes de H.I.J.O.S. Bahía Blanca e integrantes de una de las querella dijeron: “este juicio sintetiza un poco el corolario de lo que fue la represión en la zona”.

De los 52 imputados iniciales, 13 murieron y dos, Jesús Salinas y José María Martínez, fueron declarados incapaces. “La impunidad biológica nos acecha, no sólo para los genocidas sino también para las víctimas y los familiares. Habrá que batallar por la celeridad en las audiencias. Una vez por semana, es muy poco ya que es un juicio muy largo. A este ritmo, vamos a tener memoria, vamos a tener verdad en el mejor de los casos pero no tendríamos justicia”, agregó Santucho.

Junquera convocó a la sociedad a presenciar las audiencias que se realizan los días jueves de 9 a 15 y recordó el pedido vigente para los genocidas: “rompan el pacto de silencio y digan dónde están los dos bebés que nacieron en cautiverio en los centros clandestinos de detención y tortura de la Zona V. Hoy, a 45 años, no conocemos su identidad”.

Las audiencias del debate en Bahía Blanca también se pueden seguir en el canal de YouTube de la Subsecretaría de Derechos Humanos: www.youtube.com/derechoshumanospba