*Por Soledad Restivo / Medios Unicen / Agencia Comunica

El 16 de agosto pasado, concluyó la etapa testimonial del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la Subzona 12, que abarca todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Durante la audiencia, Alejandro Guillermo Duret, imputado por homicidio doblemente agravado, privación ilegal de la libertad doblemente agravada, tormentos agravados, robo y allanamiento ilegal de domicilio, amplió su indagatoria. Duret ejerció como Jefe de Inteligencia entre 1976 y 1977.

El juicio, que comenzó el 25 de febrero de 2022, ha incluido 67 audiencias y ha recogido 213 testimonios sobre delitos cometidos contra 192 víctimas en 13 centros clandestinos de detención. Entre los 50 imputados se encuentran ex militares, ex policías, ex penitenciarios y dos civiles. Estos últimos están acusados de haber facilitado su propiedad para la comisión de secuestros, torturas y asesinatos.

Si bien el juicio es conocido como "La Huerta", también se están juzgando crímenes cometidos en otros lugares emblemáticos, como la Quinta de Los Méndez, el ex ISER, el Centro Clandestino de Detención "Estación del Provincial", Monte Pelloni de Olavarría, diversas comisarías de la región, y los penales de Azul y Sierra Chica. Las víctimas, en su mayoría, provenían de Tandil, Azul, Olavarría, Laprida, Ayacucho, Rauch, Saladillo, Las Flores, Roque Pérez y Mar del Plata.

Este proceso judicial, que ya lleva casi tres años, ha demostrado la existencia de un plan sistemático y preciso para instaurar un régimen de terror en la región. Las comisarías y los penales eran utilizados como centros de tormentos y de secuestro de vecinos y vecinas, bajo un método que solo fue posible gracias a la complicidad civil, institucional y eclesiástica.

El juicio también ha puesto en evidencia que los represores tenían un objetivo claro: estudiantes, militantes políticos y sociales, sindicalistas, obreros, docentes, trabajadores, trabajadoras, abogados y amas de casa. Cualquiera podía ser un blanco en cualquier momento, porque el propósito era instaurar un clima de terror generalizado para facilitar la implementación de un único plan, el económico. Las grandes empresas y algunos empresarios de mediano porte aprovecharon la oportunidad, lo cual también quedó probado en este juicio.

A 49 años de los hechos, la posibilidad de alcanzar justicia se ve dificultada por la muerte de muchos de los acusados. El tiempo también juega en contra de las víctimas, sus familiares y testigos, ya que reabre heridas y expone a personas de muy avanzada edad.

La tecnología ha jugado un papel dual en este proceso. Por un lado, ha permitido que testigos, familiares y víctimas pudieran brindar sus testimonios desde sus hogares, otras ciudades o incluso desde el extranjero. Sin embargo, en algunas oportunidades ha complicado la claridad y fluidez de los relatos. El tribunal ha operado de manera mixta, con audiencias presenciales cada quince días en Mar del Plata, mientras la mayoría de las partes participa a través de la plataforma Zoom.

A partir de septiembre, se presentarán los alegatos de las partes, incluyendo la Fiscalía, las querellas —como la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)— y las defensas. Se espera que, antes de que finalice 2024, se dicte sentencia en la mayor causa por crímenes de lesa humanidad que ha tenido lugar en nuestra región.

En estas ciudades del centro de la provincia de Buenos Aires, muchas personas sabían lo que estaba sucediendo; algunas incluso aportaron mano de obra, conocimiento, lugares o datos. Durante décadas, en estas calles estrechas del centro bonaerense, víctimas y victimarios se han cruzado con frecuencia.