Durante la audiencia N°83  exhibió documentos sobre los vuelos que reafirman la coordinación represiva entre ambas dictaduras.

“Mi presencia aquí es para pedir ayuda a los tribunales”, sostuvo el martes el uruguayo Walter Washington Pernas Pereira, integrante del equipo de investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay, al dirigirse al juez Ricardo Basílico, presidente del Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata, en el marco de la audiencia número 83 del juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en las Brigadas de Investigaciones de la Policía Bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús, con asiento en Avellaneda.

Durante su declaración como testigo de contexto, Pernas Pereira brindó detalles sobre las investigaciones que ese organismo lleva adelante para saber qué pasó con al menos 130 uruguayas y uruguayos que fueron secuestrados en la Argentina durante la pasada dictadura cívico-militar (1976-1983) periodo coincidente con la dictadura en el vecino país (1973-1985).

“Con sinceridad, a la Institución le gustaría ver que esto se lleve adelante en este tribunal o en otros, pero que sí haya un foco en qué pasó con los uruguayos porque hemos constatado (…) y naturalmente entiendo los intereses de la justicia argentina en buscar la responsabilidad penal, pero para nosotros nuestra tarea es otra, es buscar la reconstrucción de la verdad y la búsqueda de los restos. Y si en algo nos pueden ayudar, vamos a estar muy agradecidos”, afirmó el investigador.

La dictadura uruguaya concluyó en 1985, pero a diferencia de Argentina, “en Uruguay no hubo juicios como acá, tuvimos una Ley de Caducidad y otros impedimentos legales que nos ubicaron donde estamos hoy”, afirmó el testigo durante una audiencia semipresencial.

Tras preguntarse en voz alta “por qué el Estado uruguayo no actuó antes”, Pernas Pereira precisó que se estima “entre 197 y algunos más de 200 los desaparecidos uruguayos” de los cuales “entre 120 y 130 personas han desaparecido en Argentina o cuyo último rastro lo tienen en la Argentina”, puntualizó.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay se creó en 2008 pero recién en 2019, la aprobación de la Ley 19.822 facultó al organismo estatal de derechos humanos “a la búsqueda de personas detenidas-desaparecidas en el marco de la actuación ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 al 26 de junio de 1973 y durante el terrorismo de Estado entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985” que es todo el periodo dictatorial, precisó Pernas Pereira.

“Esto es para explicar la tarea de la institución: dar con el paradero de los restos y saber la verdad sobre las circunstancias bajo las cuales desaparecieron estas personas”, reiteró, antes de explicar que fue la citada Ley 19.822 la que facultó a la Institución Nacional a crear, en 2020, un equipo de investigación, “formado por personas que han desarrollado investigaciones en sus trabajos como periodistas”. A partir de allí asumieron “el rol de investigadores contratados” por el referido organismo.

Su tarea es “buscar trabajar con fuente humana, salir a buscar testimonios de personas que pueden llegar a brindar datos. Es una carrera contra el tiempo”, enfatizó al investigador, conciente de que pasaron más de 40 años de los hechos que intentan esclarecer. “Estamos saliendo a buscar personas que han fallecido”, sostuvo.

Explicó que la pandemia “fue tremenda” porque se produjo poco después de que se formara el equipo de investigación. No obstante se realizaron “120 entrevistas entre militares, civiles, algunos protagonistas, testigos calificados, familiares y allegados y fuentes de contexto”, precisó.

Pernas Pereira consideró que una de las mayores dificultades para reconstruir la verdad sobre el destino de las y los uruguayos desaparecidos es el “pacto de silencio de parte de aquellos que están involucrados en estos crímenes de lesa humanidad”.

Refirió que el investigador a cargo en Argentina es Fabián Kovacic. “Su trabajo es comenzar a seguir las audiencias, ver qué tipo de material puede surgir a partir de las causas, que son numerosas en la Argentina, y no en Uruguay”.

La importancia de contar con una persona en la Argentina responde también al hecho de que “muchas veces hay declaraciones que sirven al ojo uruguayo y que se han perdido en los tribunales argentinos”, indicó.

Durante audiencias previas del presente juicio, y en base los testimonios de familiares de uruguayos y urugayas secuestrados en nuestro país, quedó en evidencia la coordinación represiva entre ambas dictaduras, que sin embargo es “de larga data”, previa a la última dictadura.

En ese sentido, Pernas Pereira precisó que “hay un momento puntual en el que dejan de ver a los uruguayos, entre el 16 y el 18 de mayo del 78. Dejamos de ver a los uruguayos pero no hay una mayor explicación” y a partir de allí “se pierde el hilo de la investigación”, indicó.

De allí la necesidad de requerir el apoyo de la justicia argentina. “Es necesario profundizar elementos que hemos trabajo en el último año y medio”, afirmó.

“Mi presencia aquí es para pedir ayuda a los tribunales. La Institucion Nacional de Derechos Humanos tiene sus límites para acceder a todos los datos”, indicó.

En lo que concierne al presente juicio el investigador dijo que “parte de la detención de (Oscar) De Gregorio en el puerto de Colonia. Lo entregan al FUSNA (Cuerpo de Fusileros Navales)”.

“Su detención y los interrogatorios determinan dos operativos grandes: uno en Uruguay y otro en Argentina”, precisó, tal como señalaron otros testigos en este juicio, quienes a partir de testimonios de sobrevivientes pudieron saber que sus familiares, muchos de los cuales habían escapado a la Argentina tras el inicio de la dictadura en Uruguay, estuvieron secuestrados en los Pozos de Banfield y/o de Quilmes.

“En esta causa vemos traslados permanentes de oficiales del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea mutuas para coordinar operativos conjuntos”, sostuvo Pernas Pereira. Al punto de que un oficial de la Armada argentina “le pide a los militares uruguayos que no dejen morir a De Gregorio”, quien no obstante, “termina en la ESMA y de allí desaparecido”.

En Uruguay, las primeras detenciones tras el secuestro de De Gregorio se produjeron en Lagomar, un blaneario de la costa donde son detenidos varios argentinos a partir del 15 de diciembre de 1977, precisó. “Fueron conducidos a un centro clandestino que llamaban ‘el castillito de Carrasco’, que seguimos buscando”, sostuvo.

En el marco de las investigaciones que llevó adelante este equipo de investigación, uno de los hallazgos que puso en evidencia la coordicación represiva en relación con los centros clandestinos Pozo de Banfield y de Quilmes fueron los “libros de vuelo con anotaciones de vuelos” encontrados en el Museo de la Aviación en Carrasco.

Pernas Pereira se refirió específicamente a los “libros de vuelo del Grupo 3 de transporte que pilotaban Douglas C47. Otro grupo es el 4 que también, por las fuentes, realizaba viajes de Uruguay a Argentina”, precisó.

“Inclusive – adelantó antes de exhibir las planillas de vuelo- aparece un ‘lugar de aterrizaje desconocido’ en Argentina que no es parte del libro de la Aviación Civil”, aclaró.

Pese a que consultaron “fuentes militares de la época en Uruguay y actuales, no hemos llegado al dato de qué es exactamente”, dijo y agregó. La sigla SAAE, empleada para referirse en los libros de vuelo a ese aeropuerto o base aérea desconocida, “fue utilizada durante años”, sostuvo.

El presidente del Tribunal, Ricardo Basílico, le pidió al testigo que “deje esta documentación al Tribunal”.

Pernas Pereira empezó a explicar el contenido de las fichas que eran exhibidas en la audiencia sobre los vuelos del “Grupo 3” y que dan cuenta de los “operativos que se sucedente en Argentina a partir de diciembre de 1977 cuando en Buenos Aires son secuestrados uruguayos que integraban los GAU (Grupos de Acción Unificadora), y que estuvieron secuestrados en los Pozos de Quilmes y de Banfield.

La base aérea Nº1 de Carrasco, en Montevideo, es identificada con la sigla MU; el aeroparque metropolitano de Buenos Aires con la sigla SABE; el aeropuerto de Ezeiza como SAEZ; el aeródromo de Quilmes como SADQ y el aeropuerto militar de El Palomar como SADP, explicó.

“Entre diciembre y enero contamos unos 24 vuelos (…) La mayoría son al aeroparque Jorge Newbery y dos al aeroparque o aeropuerto desconocido”, indicó.

Los vuelos que aparecen “en enero de 1978” ponen de manifiesto “una relación entre entre Quilmes y el aeropuerto de El Palomar”.

“El 3 de enero del 78 es secuestrada Célica Gómez en Argentina. Hay testimonios que la ubican en La Tablada, Uruguay después de su traslado desde Argentina”, precisó.

Gómez, periodista que trabajaba en la Agencia Télam en Buenos Aires fue secuestrada a la salida de su trabajo.

Coincidentemente ese día se produce, según los registros que mostró el investigador, un vuelo ida y vuelta de Montevideo al aeropuerto desconocido y nuevamente de allí a Montevideo”, explicó.

“Mayo de del 78 es un mes clave para esta investigación. Allí vemos cómo hay vuelos en particular el 508 del 16, 17 y 18 de mayo que llega de Carrasco a aeroparque y de ahí vuelve a Montevideo”, puntualizó mientras desde secretaría se exhibía la ficha correspondiente.

Justamente “entre el 16 y el 18 de mayo tiene lugar la mayor parte del traslado de la mayoría del grupo GAU cautivos en el Pozo de Quilmes y en el de Banfield”, dijo.

En junio vuelve a aparecer ese aeropuerto desconocido. Los días “9 y 30 de junio aparece el vuelo 510 de Carrasco al aeropuerto desconocido y de allí nuevamente a Montevideo, a la Base Aérea número 1 de Carrasco”, precisó.

A partir del 10 de octubre se producen cuatro vuelos entre “ese aeropuerto desconocido”, indicó antes de precisar que “el 12 de octubre fue trasladada María Asunción Artigas, según testigos”. Mary, que estaba embarazada cuando fue secuestrada, fue vista en el Pozo de Quilmes y en Banfield, también con su marido, Alfredo Moyano. Ambos permanecen desaparecidos.

Tras el cierre del Pozo de Banfield, en octubre de 1978, y semanas posteriores, el de Quilmes, “todos los vuelos del Grupo 3 de Transporte son a El Palomar, donde seguía funcionando activamente el centro clandestino”, precisó Pernas Pereira.

Consultado por la abogada Colleen Torre acerca de si están investigando traslados por lanchas, Pernas respondió que “cuendo hablamos de traslados, involucramos mucho más allá que los vuelos”, aunque prefirió no brindar otras precisiones.

“Nunca más”, sostuvo Luis María Armesto

Luis María Armesto tenía 20 años y su papá Julio, tenía 60 años cuando fueron secuestrados la madrugada del 24 de marzo de 1976 en su casa familiar en Campana.

Julio Armesto era diputado de la provincia de Buenos Aires por el Frente Justicialista de Liberación. Había sido elegido el 11 de marzo de 1973, pero el golpe cívico-militar, impidió que terminara su mandato. Julio Armesto era también presidente del PJ de Campana y secretario general de las 62 Organizaciones en Campana y Escobar.

Esa madrugada “estábamos escuchando radio y de pronto empezamos a escuchar marchas militares. Nos sorprendió”, explicó al Tribunal al iniciar su relato.

Su padre ya había estado preso en 1955 durante dos años. Pero nunca imaginaron lo que vendría tras la noche del golpe.

“Ni siquiera alcanzamos a cruzar dos palabras” cuando ya tenían el Ejército adentro. Después de revisar todos los papeles en el despacho de su madre, los sacaron a los dos y se los llevaron a la Comisaría de Campana. Allí reconoció la voz de Francisco José Bugato, que había sido intendente de Campana.

Tres o cuatro días más tarde los trasladaron al Pozo de Banfield, donde permanecieron “10 o 15 días” y donde las torturas fueron tremendas. Allí vio una noche a su padre delirando. “Estaba muy golpeado” y se negaba a comer. “Esa noche me prometí que algún día declararía ante la justicia”, contó Luis María Armesto, que concluyó su declaración con la frase “Nunca Más”.

Su testimonio dio cierre esta semana a los relatos sobre la feroz represión en la zona de Zárate y Campana y sobre la cual algunos sobrevivientes dieron cuenta en las primeras audiencias de este juicio.

El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la policía bonaerense de Banfield, de Quilmes y de Lanús, conocida como “El Infierno”, con asiento en Avellaneda, es resultado de tres causas unificadas en la causa 737/2013 con sólo 15 imputados y con apenas uno de ellos en la cárcel, Jorge Di Pasquale. Inicialmente eran 18 los imputados, pero desde el inicio del juicio, el 27 de octubre de 2020, fallecieron tres: Miguel Angel Ferreyro, Emilio Alberto Herrero Anzorena y Miguel Osvaldo Etchecolatz, símbolo de la brutal represión en La Plata y en la provincia de Buenos Aires.

Este debate oral y público por los delitos cometidos en las tres Brigadas, que se desarrolló básicamente de forma virtual debido a la pandemia de Covid-19, ha incorporado en los últimos meses algunas audiencias semi-presenciales.

Por esos tres CCD pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas de ellas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 450 testigos prestarán declaración en este juicio. El  Tribunal está integrado por los jueces Ricardo Basílico, que ejerce la presidencia, junto a Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero.

La próxima audiencia está prevista para el martes 11 de octubre a las 8.30 horas.

Nota realizada por Gabriela Calotti de Diario Contexto y publicada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires por convenio con el portal de noticias.