Con un relato contundente, Nora Sammarone abrió la ronda de declaraciones testimoniales durante la novena jornada en el juzgamiento de los crímenes cometidos en la región centro de la Provincia de Buenos Aires. Su historia compone, junto a las de Adolfo Romero, Elba Perrone, Cristina y Juan José Preckel el Caso 12 en la Causa “La Huerta” en el expediente elevado a juicio por el ministerio Fiscal.

La jornada del 10 de junio fue corta, comenzó con retraso y estuvo presidida por el Juez Nicolás Toselli. La mayoría de las partes estuvieron presentes de manera remota y fue retrasmitida en el Aula Magna de la Unicen en donde participaron estudiantes de 3er año de secundaria junto a su profesora de historia. Minutos antes de las 14hs, el Tribunal Oral Criminal No 1 de Mar del Plata pasó a cuarto intermedio hasta el próximo 24 de junio a las 9hs.

Junto a Elba Perrone, Nora fue secuestrada el 7 de julio de 1976 en Mar del Plata. Tal y como ella lo expresó, fue secuestrada, desaparecida, torturada, encarcelada, trasladada, estuvo bajo libertad vigilada y exiliada. Ambas estuvieron en calidad de detenidas desaparecidas en el destacamento de Villa Italia. Desde allí eran trasladadas durante la madrugada, presumiblemente al CCD “La Huerta”, para ser interrogadas bajo torturas.

Elba y Nora fueron estuvieron en la comisaría 2° de Tandil donde se encontraron con el resto del grupo y luego encarceladas en el penal de mujeres en Azul. Tras varios meses las trasladaron a la cárcel de Devoto “como ganado, a golpes, atados y de pies, todo el viaje en avión”, detalló Nora Sammarone.

Luego en 1977 fue liberada bajo la modalidad de “libertad vigilada” y debía reportarse cada 48/72hs durante más de un año. A pesar de los padecimientos intentó recomponer su vida, estudiar y trabajar. Sin embargo, fue amenazada de muerte: “cualquier día te podemos matar”. Es  por eso que decidió exiliarse, vivió 35 años en España y regresó hace poco al país. Durante su exilio denunció su calvario ante la ONU, la Cruz Roja y otros organismos internacionales.

Asimismo agregó algunos detalles acerca de lo ocurrido con sus compañeros, especialmente sobre Adolfo Romero, ya fallecido. “Nos masacraron, nos hacían simulacros de violaciones y fusilamientos a diario”, y agregó que “estaban desaparecidos y eso “fue una tortura para las familias de todos”.

Por el caso de Adolfo Romero declararon sus hermanos María Cristina Fernández y Miguel Ángel Romero. Ambos señalaron los padecimientos de su familia luego del secuestro a Adolfo. Mientras su hermano permaneció desaparecido, las fuerzas militares y de la policía realizaron allanamientos en el negocio familiar y les “rompían las bolsas de harina, azúcar y todo”; hasta que se fundieron y tuvieron que cerrar.

La declaración de Miguel Romero reafirma los dichos de Juan José Preckel. (Leer aquí: https://www.gba.gob.ar/derechoshumanos/juicios_lesa_humanidad/%E2%80%9Cdiezmaron_familias_enteras_con_la_complicidad_de_los).

Miguel relató que se sentó a declarar por la memoria de su hermano porque “él sufrió demasiado”. Y describió que a su hermano “mientras lo picaneaban tomaban mate con facturas o miraban futbol”; que recuperó la libertad el 20 de diciembre de 1977, por lo cual dijo que “fue un regalo de Navidad”, y detalló los efectos físicos y psicológicos que tuvo que afrontar luego de lo padecido, ya que no pudo volver a trabajar en oficina y se dedicó a la pintura de casa hasta su fallecimiento.

El juicio se desarrolla a kilómetros de los sitios en que fueron cometidos estos crímenes. Recordemos que las audiencias se realizan los viernes cada 15 días en Mar del Plata y están previstas más de 250 declaraciones testimoniales. Cabe destacar que la Cámara Federal de Casación Penal dictó en febrero de este año una acordada que reactualiza una guía que se había firmado en 2012. Esta señala la necesidad de darles celeridad y que se debe garantizar la publicidad a estos procesos.

Sin embargo, a diferencia de otros procesos judiciales por delitos de lesa humanidad en curso, éste continúa sin emitirse por canales virtuales. Esta acción podría favorecer el alcance y cumplimiento efectivo de su carácter “público”, además de garantizar el derecho a la verdad y como forma de reparación. Al desarrollarse pocas y breves audiencias al mes, el juicio se extenderá por más de dos años.

Por su parte, los acusados gozan de prisión domiciliaria en su mayoría y tienen el privilegio de no asistir y/o no escuchar los horrores descriptos en las testimoniales. El estado democrático les posibilita que cuenten con todas las garantías procesales que les fueron negadas a las víctimas durante el terrorismo de Estado.

Asimismo, hay que resaltar que el abogado defensor de los acusados, Dr. Pedro Mercado, suele preguntar a la víctimas sobre exactitudes temporales cuando han trascurrido 46 años de ocurridos los hechos. Recordemos que Mercado, integró el ejército de carapintadas, estuvo detenido hasta el 2003 y allí se recibió de abogado. En 2014, junto a Claudio Castaño, fue defensor del ex teniente Horacio Leites durante el juicio Monte Peloni I.

Por último, hay que recordar que desde que se reactivaron en el año 2006 los juicios de lesa humanidad, hay 1.058 condenados por delitos de lesa cometidos durante la última dictadura cívico-militar-eclesial-empresarial. De esas personas condenadas, hay 764 presas, el resto goza de prisión domiciliaria y esta semana se conoció la medida adoptada por la Sala II de Casación, integrada por los Jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma, quienes concedieron al menos tres prisiones domiciliarias a represores condenados. Uno de los beneficiados es el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz, quien se halla condenado a perpetua en varias causas. Esta medida alzó fuertes rechazos y repudios de los organismos de DDHH que lo consideraron “aplicación encubierta del 2x1 por parte de este tribunal, reflejada por la concesión indiscriminada de prisiones domiciliarias en beneficio de los mayores criminales de la historia de nuestro país”.

Nota realizada por Soledad Restivo (Agencia Comunica / RU 90.1/ UNICEN) en el marco del convenio entre la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (UNICEN)

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