Se trata del Tribunal que juzga las atrocidades perpetradas en las Brigadas de la Bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús y que aceptó ampliar cargos contra los represores imputados por homicidios, agresiones sexuales, privación ilegítima de la libertad y retención y ocultamiento de un menor.

En este contexto, las querellas están atentas a la ofensiva en materia de Derechos Humanos, ya que Victoria Villarruel tiene una posición negacionista del genocidio desatado por la dictadura cívico-militar en marzo de 1976 y en el balotaje pasado decenas de represores que cumplen prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad pidieron acudir a las urnas y así fue. Una treintena de ex militares y policías pudieron ir a votar autorizados por diversos jueces.

La carrera hacia el poder de Villarruel, quien en los últimos meses de campaña electoral se pronunció abiertamente contra el movimiento de derechos humanos, contra las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, ufanándose de su negacionismo a ultranza respecto de los detenidos-desaparecidos, contaba de cara a los comicios con el apoyo de nueve de cada 10 militares y de siete de cada 10 integrantes de las fuerzas de seguridad, según un estudio de opinión efectuado por Prosumio, consultora de Seita difundido esta semana por El Destape Radio y al que pudo acceder Diario Contexto.

Cuando faltan apenas dos semanas para que nada menos que el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, asuman Milei y Villarruel, la preocupación es creciente respecto de las decisiones que tomarán en materia de derechos humanos, en particular qué haran con aquellos represores condenados que cumplen prisión domiciliaria y respecto de la continuidad de los juidios por delitos de lesa humanidad.

“Lo que han manifestado públicamente es que están a favor de la dictadura. Es una incertidumbre por ahora saber qué van a hacer. Sabemos que los represores pidieron autorización la semana pasada para ir a votar y los jueces se lo autorizaron. Vamos a ver cómo reacciona el Poder Judicial con esta situación política”, resumió Verónica Bogliano, abogada querellante en nombre de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense en varios juicios en la provincia, entre éstos el que sigue adelante por los delitos perpetrados en los llamados Pozos de Banfield, Quilmes y Lanús.

Efectivamente, el domingo una treintena de represores, genocidas, espías y hasta pilotos de los vuelos de la muerte de la última dictadura cívico militar fueron autorizados a emitir su voto. Claramente, Villarruel concentró las preferencias del ámbito castrense.

Frente a una nueva embestida de la ultraderecha negacionista ya no desde los paneles televisivos en medios hegemónicos sino desde el Poder Ejecutivo Nacional, activistas de derechos humanos tienen muy fresco en la memoria lo ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

“Tenemos la experiencia del 2016 donde lo que hubo políticamente fue una fuerte ofensiva de deslegitimación del movimiento de derechos humanos fundamentalmente”, explicó a Contexto Guadalupe Godoy, otra de las abogadas querellantes en el Juicio Brigadas, que ya lleva más de tres años de audiencias, a razón de una por semana y con un Tribunal que sigue teniendo jueces subrrogantes.

La deslegitimación vino acompañada por una “desestructuración de todo el aparato estatal que estaba puesto al servicio de la investigación y enjuiciamiento de los genocidas”, destacó Godoy, que también interviene en el Juicio conocido como 1 y 60, en La Plata, donde funciona el Cuerpo de Infantería de la Policía junto al Regimiento de Caballería de esa fuerza, que fue centro clandestino de detención. Este juicio arrancó hace unos meses después de años de espera.

La ofensiva del macrismo también llegó desde el Poder Judicial, recordó. “Tuvo algunos frutos, no posiblemente todos los que se esperaban , pero tuvo algunos”.

La diferencia reside en que “esta vez, ya no estamos hablando de un discurso solamente negacionista sino un discurso reivindicador del genocidio”, sostuvo Godoy, antes de considerar que “seguramente todas esas ofensivas en todos esos frentes serán mucho más fuertes”.

“Hay 40 años de construcción del movimiento de derechos humanos y del campo popular y por eso seguramente no va a ser tan sencillo tirar abajo todas las conquistas”, sentenció.

Juicio Brigadas: alegatos y sentencia en 2024

 Las últimas tres audiencias (121,122 y 123) estuvieron destinadas a dar la palabra a los abogados defensores, entre éstos a Augusto Garrido, defensor particular del represor imputado Enrique Barre. Y como todo tiene que ver con todo, lo interesante es que Garrido pertenece al carísimo estudio de abogados liderado por Mariano Cúneo Libarona, mencionado como el futuro ministro de Justicia de Milei y Villarruel.

Tanto Garrido como uno de los dos abogados de oficio, Gastón Barreiro, rechazaron los pedidos de ampliación de cargos y casos presentados por la Fiscalía y las querellas. Utilizaron al menos tres audiencias para dilatar aún más este juicio que comenzó en octubre de 2020, por atrocidades cometidas hace 47 años.

No obstante, el Tribunal Oral Federal Nº1 presidido por el juez Ricardo Basílico emitió una resolución con fecha 3 de noviembre en la que hizo lugar al pedido de ampliación de cargos pero rechazó la mayoría de los casos, excepto el del último nieto recuperado, Daniel Santucho Navajas.

Frente al negacionismo de la Libertad Avanza (LLA) están los hechos. Según el texto de la resolución judicial, el TOF Nº1 hizo lugar a la ampliación de cargos por 11 homicidios, 16 delitos de agresión sexual, 12 de privación ilegítima de la libertad y tormentos, y como mencionamos anteriormente uno por el delito de retención y ocultamiento de un menor. Daniel Santucho Navajas tenía 10 años. Los apropiadores le cambiaron la identidad y fue inscripto “hasta la fecha”, señala la resolución, con el nombre de Daniel Enrique González.

Los cargos por homicidio se refieren a los asesinatos de Manuel Coley Robles, Gladys Noemí García Niemann, Héctor Alberto Pérez, José Mario Martínez Suárez, Anahí Silvia Fernández, María Adela Garín, María Magdalena Mainer, Graciela Beatriz Sagues, Carlos Francisco Simón, Eduardo Rosen y Alicia Lisso. Por agresiones sexuales durante su cautiverio se refieren a los casos de María Teresa Di Martino, María Asunción Artigas Nilo de Moyano, N.B., María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, María Teresa Serantes Lede de Illarzen, María Rosa Laporta, María Cristina Lefteroff, Susana Capobianco, Nora Alicia Úngaro, Ana Teresa Diego, Norberto Ignacio Liwski, Abel De León, Adriana Chamorro, Olga Vicenta Araujo,

Jorge Eduardo Heuman y María del Carmen Alburúa, según indica la resolución.

Por el de privaciones ilegales de la libertad y tormentos se menciona a la víctimas Mirta Teresa Gerelli ("Giardino"), Gladys Noemí Musante y Omar Rodolfo Farías,

Dalmiro Ismael Suárez, Urbano Ciavaglia, María Leonor González Martínez, María del Carmen Alburúa, Horacio Fagioli, Graciela Gómez, Marcelo Santoro, Armando Dionisi y Juan Carlos Duca.

El Tribunal rechazó los pedidos de ampliación de cargos y casos por la privación ilegítima de la libertad de familiares y menores que se encontraban en los domicilios en el momento de los operativos ilegales para secuestrar a sus padres, hermanos u otro familiar.

Tras la decisión del TOF Nº1, los imputados volvieron a ser interrogados en el marco de su derecho a prestar o no declaración indagatoria. La mayoría se negó a declarar, excepto Jorge Di Pasquale y el médico de la Bonaerense Jorge Antonio Bergés.

Lamentablemente y como este juicio se desarrolla a cuentagotas desde su inicio, los alegatos del Ministerio Público Fiscal y de las querellas y defensas quedarán para el año que viene, después de la feria judicial de enero. Habrá que seguir esperando para que haya justicia.

El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de Investigaciones de la policía bonaerense ubicadas en Banfield, Quilmes y Lanús, conocida como “El Infierno”, con asiento en Avellaneda, donde funcionaron centros clandestinos de secuestro, tortura y exterminio, es resultado de tres causas unificadas en la causa 737/2013. Desde el inicio del debate oral y público, el 27 de octubre de 2020, fallecieron impunes seis imputados por los delitos que se les atribuyen en este juicio. A los 12 que siguen con vida, de los cuales sólo uno está en la cárcel, Jorge Di Pasquale, se sumó Horacio Castillo en el último tramo del proceso.

Por esos tres CCD pasaron casi medio millar de víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas de ellas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más 500 testigos prestaron declaración en este juicio. El Tribunal está integrado por los jueces Ricardo Basílico, que ejerce la presidencia, junto a Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero.

Nota realizada por Gabriela Calotti de Diario Contexto y publicada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires por convenio con el portal de noticias.