Quiero empezar con un agradecimiento a los presentes, particularmente a esta Legislatura, por haberme habilitado a realizar el informe en esta fecha, lo que permitió que concurriera el viernes pasado a la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional. Hoy es la primera apertura de sesiones de nuestro segundo mandato en la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Confieso que me hubiera gustado empezar esta etapa en un contexto completamente diferente al que atravesamos. Estamos pasando por una circunstancia muy incierta y sombría. En virtud de la gravedad inédita del contexto, hoy no puedo limitarme a hacer la tradicional exposición, centrada exclusivamente en el desarrollo de la gestión de nuestro ámbito bonaerense. El extravagante experimento al que está siendo sometida la Argentina exige acciones extraordinarias del Gobierno provincial.
MEMORIA, RESPALDO Y COMPROMISO
Nuestro primer mandato comenzó en una situación de emergencia a la que caracterizamos como tierra arrasada y, luego, tuvimos que enfrentar la peor epidemia de la historia humana. Así y todo, y pese a las dificultades, en los últimos dos años se había puesto en marcha un claro proceso de reactivación, consolidando en la provincia un plan de infraestructura, de desarrollo productivo e industrial y de ampliación de derechos que empezaba a mostrar resultados muy positivos. Gracias a la puesta en práctica de ese plan, de ese rumbo, pudimos obtener un contundente respaldo en las recientes elecciones. El pueblo de la provincia de Buenos Aires decidió seguir avanzando derecho al futuro. Las y los bonaerenses respaldaron lo que se hizo en los primeros cuatro años de gobierno: las nuevas escuelas, los centros de atención primaria, las obras, el derecho a la salud, a la educación, a la producción, al trabajo, a la dignidad, y salieron a defender todo lo logrado con su voto. Una mayoría decidió acompañar este rumbo provincial, lo que nos permitió imponernos en 84 municipios y recuperar el gobierno en 16 distritos incluyendo, ni más ni menos, que el de la capital de la Provincia —también capital de este proyecto de desarrollo provincial y lugar en donde vivo desde hace cuatro años con mi familia—, la ciudad de La Plata.
Semejantes resultados, a contramano de todos los pronósticos y en una etapa difícil para los oficialismos, fueron el producto de haber gobernado —en las buenas y en las malas— de manera transparente, dando la cara, cerca de la gente, con seriedad y responsabilidad. Y, también, de manera federal: sin discriminar a los distritos por más que no los gobernara el oficialismo. Hoy, más que nunca, me comprometo con ustedes —y a través de ustedes con el pueblo de la provincia— a seguir gobernando con transparencia, compromiso y sin descanso por el bienestar general, en defensa de los derechos de nuestro pueblo y en defensa irrestricta de los intereses de nuestra provincia.
La sociedad nos volvió a elegir, pero no para que las cosas sigan como están. Nos volvió a elegir para seguir transformando. Estamos orgullosos de lo que se hizo, pero no satisfechos. No queremos que las cosas sigan como están: nosotros no somos el gobierno de la continuidad, somos el verdadero gobierno de la transformación. Pero esta voluntad de transformar no implica saltar al abismo o experimentar con recetas esotéricas, anacrónicas, importadas o fracasadas, por impactantes que parezcan. Las y los bonaerenses decidieron y expresaron contundentemente que los problemas no se solucionan con motosierra, dinamita o ajuste. Respaldaron lo que se hizo, pero, sobre todo, las y los bonaerenses dijeron que si algo no sobra en nuestra provincia son los derechos, que no sobra Estado. Es al revés: hacen falta más derechos, hace falta más y mejor Estado. Recorrimos y recorremos permanentemente la provincia, sus 135 municipios, y donde vamos se reconoce lo hecho, pero la sociedad reclama por más escuelas públicas, por más cloacas, por más asfaltos, por más luminarias, por más patrulleros, no menos… Nunca menos.
Sin embargo, esa voluntad mayoritaria de transformación y de progreso encuentra hoy un obstáculo principal: ese obstáculo son las políticas que lleva adelante el Gobierno nacional, a las que considero indispensable hacer referencia en esta apertura.
LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA Y EL RESPETO A LA VOLUNTAD POPULAR
En las recientes elecciones, a nivel nacional ganó un gobierno que tiene otro rumbo, con ideas y políticas muy diferentes a las nuestras. Una parte importante de la sociedad argentina eligió un nuevo presidente, cuyas propuestas no compartimos. Pero en una democracia el pueblo es el que manda y, por lo tanto, respetamos la expectativa de las argentinas y los argentinos que lo eligieron porque aspiraban a un tiempo mejor. Tristemente, esas esperanzas están siendo brutalmente traicionadas.
Durante la campaña y al asumir en diciembre este nuevo mandato, afirmamos —porque la falsedad o la obsecuencia nunca fueron lo nuestro— que la propuesta que ganó está en las antípodas de nuestra manera de ver la vida, y de entender la política y la economía. Sin embargo, también sostuvimos entonces y sostenemos ahora que vamos a respetar la voluntad popular de las argentinas y los argentinos. Pero en aquel discurso de asunción exigimos también —apoyados en la legitimidad del voto popular— que el nuevo Gobierno nacional debe respetar la voluntad de la mayoría de las y los bonaerenses que respaldaron masivamente el proyecto de desarrollo, integración y defensa de derechos que llevamos adelante en la Provincia de Buenos Aires. Debe respetar a quienes democráticamente eligieron a sus intendentes, a sus diputadas y diputados, a sus senadoras y senadores, a todos sus representantes. Y eso es precisamente lo no está sucediendo: el presidente no está respetando la voluntad de las y los bonaerenses, y no está respetando a sus representantes; por lo tanto, no está respetando a la provincia de Buenos Aires y a su pueblo.
Estamos en presencia de un hecho inusual, prácticamente inédito: en nuestra provincia se impuso un gobierno que no solo no pertenece a la fuerza política del presidente actual sino que, además, viene gestionando hace cuatro años inspirado en ideas y convicciones completamente antagónicas a las ideas del oficialismo nacional.
Resulta necesario recordarlo y que se comprenda: en la Provincia de Buenos Aires, la fuerza política de Milei fue derrotada en las PASO, en las generales y en el balotaje. En rigor, en ninguna provincia argentina ganó un candidato a gobernador de La Libertad Avanza. Esto implica que Milei deberá aprender a convivir con gobernadores elegidos a través de los mismos mecanismos que lo transformaron en presidente. Aunque le cueste, debe comprenderlo: la democracia se trata de respetarnos mutuamente y de cumplir con la Constitución, con las responsabilidades de cada uno y con las leyes. No se trata de aprietes, de extorsiones, de fundir, de amenazar o de agredir a quienes no están de acuerdo con sus ideas y proyectos. La democracia no es un teorema, no es el Teorema de Arrow, ni se explica con el dilema del prisionero. La democracia es el contrato social que recuperamos hace 40 años y volvimos a elegir para perseguir el bienestar general, respetando las diferencias y procesando los conflictos de manera pacífica. Y con Memoria, Verdad y Justicia. ¡Gracias Madres y Abuelas de Plaza de Mayo! ¡30.000 detenidos-desaparecidos presentes, ahora y siempre!
UN DETERIORO INMENSO Y CATASTRÓFICO
En muy poco tiempo, en el vértigo de menos de tres meses de gobierno, va quedando dolorosamente en evidencia que las propuestas y los valores que ganaron no conducen ni a una mejor sociedad, así como tampoco a una mejor economía. Cada vez queda más claro que la dirección que adoptó el país no nos conduce a un mayor alivio, ni a más crecimiento y bienestar. El recorte, el ajuste, solo produce dolor, desintegración, frustración, desigualdad, precariedad. Nunca un ajuste es inevitable, jamás el dolor y el sufrimiento de los que ya sufren es el remedio para los problemas. Nuestro pueblo ya hizo demasiados sacrificios. No negamos las dificultades que debe enfrentar el Gobierno nacional, pero las trabajadoras y los trabajadores, los sectores medios, los más vulnerables no pueden seguir haciendo sacrificios. No queremos motosierra ni ajuste. Queremos más inversión para seguridad, salud y educación. Austeridad para gobernar sí, sacrificios inconducentes para el pueblo no.
Como bien dijo hace pocos días el papa Francisco, la legitimidad de origen que otorga haber ganado las elecciones, requiere también de la legitimidad en el ejercicio. Milei y sus funcionarios sostienen que fueron votados para hacer este ajuste. Mienten. Durante la campaña electoral, el actual presidente repitió hasta el cansancio que el ajuste esta vez no era para las y los trabajadores, la clase media o los más vulnerables. La mentira está a la vista: las medidas que tomó desde el primer día de gobierno —las que contiene el DNU ilegal, dañinamente vigente, y las que proponía en la Ley Ómnibus— dejaron en evidencia que los únicos perjudicados son las pymes, las y los trabajadores y quienes menos tienen. Por más que utilice recursos retóricos y señale para atrás al atribuir las responsabilidades, todo el mundo sabe que desde que Milei asumió y comenzó a ejecutar su plan, el deterioro que sufrió nuestro país y nuestro pueblo ha sido inmenso y catastrófico.
Tampoco son una novedad las excusas del presidente. Siempre que un gobierno aplica este tipo de medidas despiadadas para las mayorías intenta enmascarar la realidad con palabras fraudulentas: “luz al final del túnel”, “segundo semestre”, “sinceramientos”, “precios que estaban reprimidos”, “acomodamiento de precios relativos”, “atrasos que de este modo se solucionan”, “lucha contra una casta”. Pero la explicación es más simple: más sufrimiento para las mayorías y más negocios para un puñado de privilegiados. En rigor, el ajuste no es más que una enorme redistribución en contra de los que menos tienen.
También se mintió sobre su relación con la política y la “casta”. En la campaña repitieron mil veces la frase “una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”. Hoy sus ministros más importantes son precisamente los que el propio Milei venía a reemplazar porque los consideraba fracasados. Son sus palabras. En Economía puso a “Toto” Caputo, ministro de Macri, endeudador serial, campeón de la fuga, echado por el FMI. En Seguridad y Defensa tiene a los candidatos a presidenta y vicepresidente del macrismo, a los que no paró de agredir y descalificar durante toda la campaña. Y el famoso DNU ilegal y la caída Ley Ómnibus fueron elaborados por Federico Sturzenegger, elenco estable junto con Cavallo de los años noventa, de De la Rúa y de Macri. ¿Estos son los nuevos funcionarios que prometió?
Por eso decimos que, pese a sus discursos violentos, pese a los trolls de las redes, y a la pirotecnia de agresiones e insultos, muchos de los votantes de este Gobierno nacional comienzan a darse cuenta de que fueron traicionados: el ajuste era para ellos, era para todos, y el Gabinete nacional está lleno de los mismos de siempre, los mismos que varias veces perjudicaron al país.
Estos primeros tres meses nos dieron dolorosos ejemplos de lo que significa un plan de ajuste y redistribución tan salvaje: menos salud, menos salarios, menos alimentos, menos jubilaciones, menos seguridad, menos industria, menos trabajo, menos pymes.
Lo advertimos en campaña: estos dogmas, estos objetivos iban a hacer daño. Frente a semejantes ideas que fue desplegando el actual presidente, los derechos de las argentinas y los argentinos estaban en riesgo. Pero no se trata de tener razón, ahora se trata de hacer todos los esfuerzos posibles para enfrentar ese ajuste y esa motosierra, y para aliviar o reparar sus efectos.
INDICADORES DE GESTIÓN DE UN ESTADO PRESENTE
Aún en este brutal contexto, los lineamientos rectores de nuestro proyecto seguirán siendo: Gobierno protector, Estado presente y pueblo solidario.
No voy a hacer hoy una revisión exhaustiva de todo lo que realizamos durante estos cuatro años, pero sí quisiera destacar algunos indicadores de gestión para ejemplificar de qué se trata centralmente la disputa política e ideológica de este tiempo.
Durante la primera gestión:
› Inauguramos 211 escuelas y entregamos 168.000 computadoras a estudiantes secundarios. Esas chicas y chicos no podían comprarlas, entonces… ¿no tenían derecho a esa herramienta esencial para su futuro?
› 300.000 pibas y pibes disfrutaron de su viaje de egresados, mientras se sostenía la actividad en las localidades turísticas de la provincia. Esas chicas y chicos no podían pagarlo. Entonces, ¿no tenían derecho a disfrutar? Los destinos turísticos… ¿no tenían derecho a que se generen ingresos y trabajo en temporada baja?
› En los vacunatorios se aplicaron más de 45 millones de vacunas contra el Covid-19. ¿Cuántas se hubieran aplicado si había que pagarlas en dólares? ¿Solo la plata garantiza que no te mueras?
› Entregamos 313 nuevas ambulancias de última tecnología que sumamos al sistema público de salud provincial. Ambulancias que salvan vidas sin pedir ningún váucher a cambio. ¿Solo pueden acceder a la salud los que tienen recursos para pagar una prepaga?
› Inauguramos 157 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que llevan el derecho a la salud a barrios, pueblos y localidades olvidadas. Nadie le prohibió a las empresas privadas hacer una clínica privada en esos barrios y esos pueblos. Sin embargo, no la hacen porque no es negocio.
› Más de 2 millones de familias reciben módulos alimentarios del programa MESA en las escuelas de la provincia. ¿Qué pretenden lograr con su interrupción? ¿Qué pasen hambre las chicas y los chicos que no tienen recursos?
› Al asumir en 2019, recibimos —de un gobierno que en los discursos hacía eje en la seguridad— 900 patrulleros destruidos para cuidar a 17 millones de habitantes. En este tiempo, pudimos adquirir 5.200 nuevos patrulleros, creamos la Escuela de Policía Rural, sumamos 5.000 nuevos policías y abrimos 16 nuevas bases de fuerzas especiales en los barrios más peligrosos. Todo esto se hizo con inversión pública, obra pública y trabajadores estatales: nuestra policía. Si no, la seguridad es solo para el que puede contratarla.
› Asfaltamos 17.500 calles de tierra, realizamos mejoras en más de 8.500 km de rutas, construimos 600 km de nuevas autopistas e intervinimos 4.500 km de caminos rurales para mejorar la seguridad vial y la integración de toda la provincia.
› Hicimos más de 21.000 viviendas en conjunto con el anterior Gobierno nacional. La familia que no tiene recursos suficientes para comprar un terreno y construir su casa… ¿nunca va a poder acceder a una vivienda digna?
› Desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires asistimos con créditos por 11,7 billones de pesos a empresas y duplicamos los clientes pymes, hasta llegar a 1,2 millones, para que produzcan más y para que crezca el empleo. Hoy utilizan la Cuenta DNI —principal y primera billetera digital de la Argentina, y desarrollada por el Estado— casi 9 millones de bonaerenses todos los días. Los descuentos con Cuenta DNI que acompañan a las y los bonaerenses en momentos difíciles… ¿son subsidios que hay que recortar? Nada impide que lo haga la banca privada, pero solo lo hace nuestra banca pública porque no busca la máxima rentabilidad sino el máximo bienestar del que es su único dueño: el pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Esta enumeración resumida de indicadores de gestión arroja una advertencia para el pensamiento libertario: todo esto no lo hizo la mano invisible del mercado, lo hizo el Estado bonaerense, eso que el presidente llama “organización criminal”. Criminal es frenar esas políticas y desmantelarlas; criminal es parar obras de cloaca, agua, vivienda, rutas; criminal es interrumpir de un día para el otro la transferencia de recursos que son para la seguridad, la salud, el transporte y la educación. El pueblo y la historia juzgarán como imperdonable la indiferencia, y hasta el goce sádico, ante el sufrimiento ajeno que estamos presenciando. Es exactamente todo lo contrario a lo que hicieron Néstor y Cristina con auténtica rebeldía y amor por la patria.
Sin el peso que significó la pandemia durante el primer mandato, y con todo lo hecho como base, empezábamos este segundo ciclo ilusionados y decididos a continuar con el mismo ritmo. Si en dos años —sin contar la pandemia— construimos 200 escuelas, en cuatro más podríamos triplicar lo hecho. Esperábamos concretar en esta etapa grandes transformaciones —más profundas, más estructurales— vinculadas a la infraestructura, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad ciudadana. Estimulando siempre la producción, la industria —esa industria que no se menciona nunca en los discursos nacionales—, el consumo y el trabajo. Integrando y desarrollando a nuestra provincia de Buenos Aires. A eso nos comprometimos, pero en menos de 90 días, la situación cambió drásticamente. Si bien cuando asumió Milei había inflación, y una necesidad imperiosa de mejorar los salarios y la distribución, ahora estamos en un escenario no solo sustancialmente más grave sino completamente distinto e inédito.
Por decisión del presidente, en base a su dogma ideológico, el Estado nacional no solo está aplicando un plan de ajuste tradicional y catastrófico, sino que está desertando de sus obligaciones más constitutivas, de sus tareas más elementales e irrenunciables. En estos 90 días nos dejan una primera enseñanza y advertencia: el presidente Milei no quiere achicar el Estado, quiere desintegrarlo. Y lo reconoce.
LA CONSTITUCIÓN POR SOBRE TODAS LAS COSAS
Este objetivo que abraza Milei —llegar al gobierno para desintegrar el Estado— tropieza con un primer y determinante obstáculo: ni más ni menos que con nuestra Constitución nacional. El 30 por ciento de los sufragios que consiguió el actual presidente en la elección general, sumado a su triunfo en un balotaje con los votos prestados de la tercera fuerza, de ninguna manera lo habilitan a destruir el Estado, nuestro Estado nacional. Por más que se crea portador de un mandato divino que lo envió a refundar el país, el artículo primero de nuestra Constitución —inspirada precisamente en las ideas de Alberdi— es taxativo: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según establece la presente Constitución”. Argentina es republicana, así que Milei debe respetar, aunque no tenga las mayorías, la división de poderes, a las diputadas y diputados, a las senadoras y senadores. Argentina adoptó un régimen representativo en todos los niveles de gobierno, así que Milei debe respetar al Poder Legislativo, a los gobernadores y a todas las autoridades elegidas por el pueblo. Argentina es federal, así que Milei debe respetar a las provincias y a sus pueblos, eso implica cumplir las leyes y las normas, y dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben sus leyes, que lastiman los intereses de sus provincias. Juramos sobre la Constitución de la Provincia de Buenos Aires defenderla y hacerla cumplir. Eso haremos.
El Gobierno nacional no tiene como función repartir limosnas ni recursos discrecionales a las provincias, sino que tiene la obligación de contribuir al sostenimiento de la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura que necesita el pueblo argentino que —para su información— no vive en un modelo teórico, sino en el territorio de las provincias argentinas. Hacerlo no es optativo, es lo que está obligado a hacer el Gobierno nacional. En caso contrario, como ocurre hoy, está abandonando al pueblo, está desertando de las obligaciones que tiene. También el presidente juró sobre la Constitución y tiene que respetarla.
Disolver el Estado puede ser el objetivo explícito del anarcocapitalismo. Por más dificultades y problemas que haya, creer que todo funcionaría mejor si no hubiese Estado es una muestra ridícula de terraplanismo ideológico, conceptual y cultural. Y su puesta en práctica ya está mostrando que sólo redunda en un mayor abandono para los que menos tienen, en el saqueo de los recursos nacionales, en la pérdida de soberanía y en el enriquecimiento de los que más tienen. El Estado, por más falencias que tenga, representa el interés general. Sin Estado rige la ley de la selva. No es una cadena alimenticia donde el más fuerte se come al más débil; es una sociedad donde a través del trabajo, del esfuerzo y de la solidaridad se intenta colectivamente que todos progresen.
La ideología que tratan de implantar es incompatible con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestros valores y con nuestra Constitución nacional. El presidente juró por una constitución que garantiza los derechos, los mismos derechos que a veces parece que desprecia, ataca y ridiculiza.
UN AJUSTE TRADICIONAL, UNA POLÍTICA DE DESPROTECCIÓN
En la provincia de Buenos Aires, y en todo el país, esta política de abandono y desprotección está provocando un deterioro y un daño enormes, que multiplican la angustia, la desesperación y la incertidumbre de una sociedad que aspiraba a una etapa de reparación. Atacar la naturaleza igualadora del Estado es profundamente dañino en sociedades desiguales como la nuestra. Y, además, es totalmente inoportuno: el contexto mundial exige de Estados protectores.
Los países que el propio Milei admira se construyeron y llevan adelante hoy las mismas políticas que el presidente aborrece. Europa, Estados Unidos o Israel ejecutan políticas proteccionistas para cuidar la producción y el trabajo de sus ciudadanos. Muchos de ellos subsidian el transporte. Todos tienen ambiciosos planes de obra pública. En todos se regulan los mercados y se limita al monopolio. En todos el Estado interviene, y mucho, para defender al consumidor y promover la competencia. Sus presidentes, ya sean más de derecha o más de izquierda, defienden la soberanía de sus países con todos los instrumentos al mismo tiempo que limitan la intervención extranjera. Y para esas tareas y objetivos tienen la misma herramienta: el Estado que aquí en Argentina Milei se propone destruir desde adentro. Como señala el papa Francisco, en esta etapa de la historia, el Estado es más necesario que nunca.
Las siguientes decisiones adoptadas por el Gobierno nacional, que dan cuenta de la política de desprotección que lleva a cabo, y de los impactos que causaron en menos de 90 días sobre nuestra provincia. Más allá de la pirotecnia de la campaña, el plan económico que resolvió aplicar finalmente el presidente no es nuevo ni original. Se trata de un plan de ajuste ortodoxo que, según sostuvo Milei, él siempre aborreció.
UNA DEVALUACIÓN PROFUNDA SIN RED NI PIEDAD
A los dos días de asumir, Milei ordenó hacer la devaluación voluntaria más formidable de la historia argentina: depreció la moneda en 118 por ciento y puso en marcha la desregulación de los mercados de bienes y servicios básicos e imprescindibles para la sociedad. El abandono de las funciones del Estado llevó a las nubes a los alquileres, los remedios, el combustible, los alimentos, las prepagas, las cuotas de los colegios; en fin, a todo. Devaluar y desregular los precios es lo que siempre hacen estos planes económicos. La novedad, es cierto, es que por primera vez se hizo con mayor profundidad y velocidad, pero sin ninguna medida de compensación, sin red, sin acompañamiento y sin piedad. Al final, la famosa libertad era libertad de precios, libertad de abuso, libertad de ganancia desmedida para los sectores concentrados. Y al otro lado, buscan la sumisión, la resignación y el abandono de quien no puede pagar. Libertad para los libertarios es libertad de comprar, pero solo para el que puede. Y para el resto, la famosa libertad que pregonan se reduce a la libertad de carecer de todo lo que se necesita para vivir dignamente y, a veces, solo para sobrevivir.
Ante las consecuencias de estas decisiones, desde el Gobierno nacional sostienen un disparate: que Milei evitó una inflación futura (que nadie vio nunca), a la que primero ubicó en 3.000 por ciento y luego en 15.000 por ciento. El viernes en el Congreso el presidente volvió a elevar a 17.000 por ciento la inflación imaginaria que según él evitó. Aunque roce lo ridículo, y aunque repita mil veces la palabra “herencia”, son las medidas que tomó su gobierno las que producen los resultados, la aceleración de las desgracias que hoy sufre el país.
DESREGULACIÓN DE PRECIOS, DESCONTROL Y ABUSOS
Hay otra novedad en el plano ideológico. Tenemos un presidente, acaso el único en el planeta, que festeja a los monopolios y a la concentración económica que todos los demás países combaten, limitan y regulan.
Los resultados están a la vista, desreguló completamente los precios de los bienes que consumen las argentinas y los argentinos, y desregular es simplemente dejar de cuidar y proteger a la sociedad de los abusos de los sectores concentrados. Fue así que los precios se descontrolaron por completo. Algunos ejemplos de lo que enfrentan las y los argentinos en su vida cotidiana:
› el pan pasó de costar 1.200 pesos en noviembre a 1.800 pesos en enero, un 40 por ciento más en menos de tres meses;
› el arroz pasó de 1.000 pesos el kilo a 2.000 pesos, un 100 por ciento de aumento en tres meses;
› el aceite, de 1.275 pesos a 2.600 pesos, creció un 107 por ciento;
› el litro de leche pasó de valer 450 pesos a 840 pesos; es decir, un 84 por ciento;
› el detergente aumentó un 118 por ciento;
› llenar un tanque de nafta costaba hace tres meses 18 mil pesos y ahora 45 mil pesos, un 150 por ciento más. Son precios que muy pocos pueden pagar.
Un capítulo aparte merecen los abusos que se permitieron en los precios de los medicamentos y en las cuotas de las prepagas. Desde que llegó Milei, los remedios aumentaron en promedio cerca de 100 por ciento. Los laboratorios hicieron lo que quisieron con los precios, lo que desencadenó una verdadera catástrofe sanitaria. Muchos de esos medicamentos son imprescindibles para la atención de los enfermos, tanto en forma ambulatoria como durante su internación en hospitales o clínicas. Menciono sólo algunos casos de mayor gravedad.
› El midazolam es un medicamento indispensable para la sedación de las personas internadas en terapia intensiva, que se usó mucho durante la pwmentó en el primer bimestre del 2024 un 120 por ciento, con un aumento de 1.800 por ciento en el último año. La interrupción de su uso puede generar malestares gástricos crónicos que terminan en hemorragias digestivas, en especial en los adultos mayores.
› El ibuprofeno —el medicamento más vendido y más usado en el mundo para el tratamiento del dolor— presenta un aumento acumulado de 800 por ciento en el último año.
› La morfina y sus derivados, especialmente utilizados en tratamientos crónicos asociados a distintos tipos de cáncer, tuvieron un aumento anual de 2.700 por ciento, y un derivado muy usado, el tramadol, aumentó 200 por ciento solo en el primer bimestre.
A veces, es cuestión de vida o muerte. No poder acceder a un medicamento necesario significa no poder curarse o acaso morir. Pero, además, la famosa libertad de precios en mercados altamente concentrados, como lo son los de los medicamentos, puso en crisis a todo el sistema de salud: hospitales municipales, hospitales provinciales, clínicas privadas, obras sociales y prepagas. Nadie niega que el sistema venía atravesando dificultades y tensiones, pero las medidas que tomó el actual presidente lo arrojaron a una severa crisis.
Un hospital municipal —como los que recorremos a diario, por ejemplo, como los tantos que hay en nuestra provincia— no solo sufre el aumento de los costos; también padece el aumento de la demanda, porque muchas familias hoy no pueden afrontar ni una prepaga, ni la compra de los remedios en la farmacia y, por lo tanto, acuden a los hospitales públicos que, muchas veces, son los únicos que dan una respuesta. Así, paradójicamente, los que venían a privatizar terminaron estatizando y sobrecargando la salud pública. Lo mismo sucede en la esfera de la educación: al no poder pagar un colegio privado, las familias recurren al sistema público.
LA PEOR CAÍDA DE LOS SALARIOS EN MÁS DE 20 AÑOS
Fuera de los logros imaginarios que solo el Gobierno nacional festeja, existe y se extiende una cruel realidad que afecta a millones de argentinos. Repasemos: la devaluación récord, la desregulación y la retirada total del Estado en la administración y el cuidado de los precios son la causa de la duplicación de la inflación. Mientras tanto, se fomentó la pérdida del poder de compra de salarios privados, de salarios públicos, de salarios mínimos y de jubilaciones.
Por eso, ni bien asumió el actual presidente en diciembre, los salarios registrados tuvieron la peor caída en términos reales en más de 20 años, retrocediendo a niveles de hace casi 20 años atrás. No es una exageración: con el cambio de gobierno se produjo el peor retroceso salarial en décadas. Para los informales fue todavía mucho peor. En dos meses, el salario mínimo lleva un derrumbe acumulado de casi el 30 por ciento, quedando 32,7 por ciento atrás del nivel de hace un año. Así, gracias al gobierno actual, hoy tenemos el segundo salario mínimo en dólares más bajo de la región, solo detrás de Venezuela. Los jubilados corrieron la misma suerte: de aplicarse los aumentos anunciados por el gobierno en los medios, los haberes van a terminar de caer en marzo más del 30 por ciento.
En síntesis, el gobierno actual le quitó a los jubilados y a las y los trabajadores un tercio de sus ingresos. Un tercio. Es justo reconocer que, finalmente, el presidente aplicó su famosa motosierra, pero la apuntó a los ingresos de los jubilados, de los trabajadores formales e informales, de los trabajadores públicos, de los trabajadores privados.
Con esta caída de los ingresos, fuera de teorías trasnochadas sobre el equilibrio general, lo que ocurre en realidad es que la destrucción del poder adquisitivo pulveriza la demanda, el mercado interno y el consumo. En efecto, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa —CAME— las ventas se desplomaron un 28,5 por ciento desde que subió Milei. Recordemos que en los cuatro años del gobierno de Macri cayó el mismo indicador, con la misma fuente, un 17 por ciento. Casi el doble ahora, pero en solo dos meses. Las ventas en farmacias, comparadas con un año atrás, cayeron un 46 por ciento; alimentos y bebidas (¡la comida!), un 37 por ciento, y así en cada rubro. También se hizo añicos el crédito para el consumo, con una reducción del 36 por ciento solo en enero. Como se ve, suben los precios y no los ingresos, caen el crédito y el consumo, caen las ventas y la demanda. ¿Cuál es el siguiente eslabón de la cadena?
RECESIÓN, DESPIDOS, SUSPENSIONES Y TARIFAZO ENERGÉTICO
La próxima desgracia que llega inexorablemente es la recesión, que ya empieza a observarse en menos de tres meses: despidos en la construcción, en el comercio, suspensiones y despidos en la industria; cierre de empresas y de negocios. Una historia conocida y dolorosa, resultado inevitable de este tipo de políticas. Algunos casos del panorama actual:
› Acindar: interrumpió la producción de acero ante la caída del 40 por ciento de su demanda.
› Industria automotriz: el año pasado alcanzó su máxima producción en 10 años, hoy empieza a achicar turnos y a realizar suspensiones.
› Temporada de verano: caída de visitantes, estadías más cortas, reducción del consumo.
A este cuadro hay que agregar otro de los elementos de estos planes de ajuste que se nos aproximan: el tarifazo energético. Es simple y sencillo, el objetivo es poner las tarifas energéticas a precio internacional. Esto ya está ocurriendo con los combustibles: quieren cobrarlos al mismo precio que se paga en Estados Unidos o en Europa, un dólar por litro, pero sin tener en cuenta dos realidades claves: primero, que los salarios, jubilaciones e ingresos en Argentina son hasta 10 veces menores medidos en dólares. Y, segundo, que la energía en nuestro país se genera con recursos que son de las argentinas y los argentinos.
En estos últimos días, el Gobierno nacional resolvió aplicar un tarifazo que todas las provincias se ven forzadas a trasladar a los usuarios. La quita de subsidios y el aumento de los ingresos de las empresas de distribución eléctrica ya implicó aumentos para los hogares que llegan al 200 por ciento y para pequeños comercios e industrias al 390 por ciento en el AMBA. Pero, además, el Gobierno nacional busca que las distribuidoras provinciales regularicen inmediatamente sus pagos, incluso embargando a las cooperativas. Esto obliga a todas las provincias a realizar aumentos tarifarios de similar magnitud para afrontar los pagos al mercado mayorista de energía. Pero esto no es todo, la política de quita de subsidios, anunciada por el gobierno de Milei, va a significar que los hogares de ingresos medios y bajos multipliquen hasta cinco veces los valores de sus facturas de luz y gas.
UN RECORTE FEROZ DEL GASTO
Todo el mundo sabe, menos el gobierno actual, que cuando se produce una recesión, el Estado cuenta con distintos instrumentos para sostener el empleo, evitar la caída de la producción y reactivar la economía. Así salió el mundo de la crisis del 30 y así salió el mundo de la recesión del Covid-19. Pero para esta ideología el Estado debe autodestruirse. Es por eso que la actual gestión nacional decidió dejar que se profundice la recesión que produjo la política económica con un retiro del Estado de sus funciones y un recorte feroz del gasto y la inversión pública.
Es importante analizar la naturaleza del recorte presupuestario. El Gobierno nacional insiste en sostener que logró el déficit cero cortando las “cajas de la política”. Pero lo cierto es que —a pesar haber firmado un escrito en la televisión nacional en el que se comprometía a no subir los impuestos, incluso prometiendo cortarse un brazo antes de hacerlo— Milei elevó el impuesto PAIS de 7,5 por ciento a 17 por ciento y elevó también las retenciones. Y el recorte realizado en enero se explica de otra manera muy distinta, como muestran los números: las que cayeron fueron las jubilaciones y las pensiones que paga el Gobierno nacional, un 32,5 por ciento en términos reales. Cayeron los programas sociales, como el Potenciar, las becas Progresar; la atención médica a beneficiarios de pensiones sociales no contributivas, que se redujeron un 59,6 por ciento. Los salarios de los estatales se redujeron un 18 por ciento. La obra pública bajó un 75 por ciento; las asignaciones familiares, un 17,7 por ciento; las transferencias a universidades nacionales cayeron un 16,5 por ciento y a las provincias, un 53,3 por ciento. Sólo en enero.
Lo escuchábamos al presidente declamar el viernes, para regocijo de algunos que poblaban los balcones del Congreso, que se ajustó a la política. Como se ve, es verso. La motosierra se aplicó a los jubilados, a los laburantes, y al pueblo de las provincias, a las asignaciones familiares, a las universidades nacionales. Para ser justos y exhaustivos, no todos los renglones del gasto se redujeron, hubo una partida que creció y muy fuerte: el pago de servicios de la deuda externa, que se incrementó un 139 por ciento en términos reales.
Para peor, ya se está notando el efecto de estos planes que buscan el déficit cero a través de la contracción de la inversión pública. La caída de la actividad por la reducción de los ingresos privados y de las erogaciones públicas tienen un efecto inverso: alejan el resultado esperado porque la recesión reduce la recaudación impositiva. Este efecto ya está entre nosotros. En febrero, la recaudación de impuestos internos, como el IVA, se desplomó en términos reales, y cayó un 17 por ciento en lo que va del año y un 7,5 por ciento con respecto a enero. En igual sentido, la licuación de los salarios y la destrucción de empleos empieza a generar una caída en la recaudación en materia de Contribuciones y Aportes de la seguridad social del 17 por ciento en febrero, también en términos reales. Por eso, el Gobierno nacional incrementó las retenciones y el impuesto PAIS, que crecieron fuertemente, pero que se las apropia íntegramente y no se distribuyen entre las provincias argentinas. Así —más allá de los recortes de partidas que realizó el gobierno en venganza por la caída de la Ley Ómnibus—, la coparticipación se redujo un 20 por ciento interanual en febrero. Es la peor caída en 45 meses. Entonces: el ajuste genera recesión, la recesión reduce la recaudación y así se aleja la meta de bajar el déficit. A esto hay que sumar, además, el efecto devastador que tendrá la recesión causada por estas políticas sobre la recaudación propia de las provincias, que agravará de manera potenciada la situación financiera de sus gobiernos.
UN MODELO DE PAÍS CON RECURSOS ILIMITADOS PARA LOS ACREEDORES EXTERNOS
En su discurso de apertura de sesiones, el presidente hubiera sido más sincero si hubiese plagiado al que pronunció Nicolás Avellaneda cuando asumió la presidencia en 1874. Dijo Avellaneda: “Hay 2 millones de argentinos que economizarán hasta sobre su hambre y su sed, para responder en una situación suprema a los compromisos que tiene nuestra fe pública con los mercados extranjeros”. Milei aplica la motosierra para los 47 millones de argentinos al mismo tiempo que aporta recursos ilimitados para los acreedores extranjeros de la deuda en dólares. De esa manera, provoca una caída tremendamente dolorosa de los salarios y los ingresos. Lo dicho: no es ajuste, es redistribución desde los vulnerables y los sectores medios hacia los ricos y los acreedores extranjeros.
Esta cita del discurso de Avellaneda habilita un comentario sobre el paraíso perdido que tiene el actual presidente, el modelo de país al que aspira a llevarnos. Ha dicho varias veces que Argentina fue la primera potencia mundial a fines del siglo XIX y que después, según él, el país se arruinó porque se presentó entonces un modelo que es “el modelo de la casta”. Es decir, según el presidente, el Estado se creó para favorecer a los políticos, se aplicó la justicia social que es en realidad un robo porque les quita a algunos a la fuerza para darle a otros y se comenzó con una inflación producto del déficit cubierto con emisión. Todo esto es un disparate. Afirma que la Argentina era la primera potencia mundial basándose en las estadísticas de producto bruto per cápita del proyecto Maddison. Esas estadísticas no son confiables para aquella época y fueron cuestionadas por sus fuentes y su metodología. Pero más allá de eso, la verdad es que no da orgullo ver a un presidente argentino sosteniendo esa insensatez en Davos delante de representantes del resto del mundo.
Unos breves comentarios sobre lo que esto significa: a fines del siglo XIX —y también ahora— las potencias se definían por su poderío militar, científico e industrial. En ese entonces, Argentina era llamada “el granero del mundo”, un país dependiente que por la extraordinaria fertilidad de sus tierras exportaba materia prima sin elaborar, cuyas ganancias caían en manos de un reducido número de propietarios agropecuarios. Pero la gran mayoría de la población, en buena parte inmigrantes que vinieron al país a buscar tierras que pocos encontraron, vivía en condiciones poco menos que miserables. Así lo atestiguan crudamente el informe sobre la situación de los trabajadores que describió Bialet Massé —comisionado por un decreto del presidente Roca— y tantas otras crónicas de la pobreza y de la exclusión de la época. Era un país primarizado, desigual, injusto, que exportaba el cuero crudo para después comprar ropa fabricada en Inglaterra. Estas injusticias derivaron en un enorme descontento y en fuertes protestas. Además, Argentina no tenía ni siquiera una democracia con voto universal: ni los pobres ni las mujeres votaban. Es cierto, existía muy poca presencia y regulación del Estado como le gusta al actual presidente. Era un país para pocos que se sobreendeudaba y que cayó en profundas crisis financieras. Hasta los próceres preferidos de Milei comprendían, como Roca, que se necesitaba más obra pública, o como Alberdi, que se necesitaba una educación pública, gratuita y universal. La democracia plena y la universidad abierta se empezaron a construir después, con el radicalismo. La industrialización y la inclusión social se consolidaron con el peronismo. No solo añoran un país preindustrial, preperonista, sino también uno dependiente y predemocrático.
MEDIDAS ARBITRARIAS E INTEMPESTIVAS CONTRA LAS PROVINCIAS
Corresponde analizar en especial dos cuestiones del recorte que realiza Milei: la obra pública y las transferencias a las provincias. Esta Legislatura debe conocer el estado de situación que se desprende de las decisiones tomadas por el Gobierno nacional, y las consecuencias que impactan en todo el territorio de nuestra provincia.
Se decidió eliminar por completo la obra pública, lo que produjo la parálisis casi total de los proyectos en curso, con un 94 por ciento de caída real interanual estimada. En esta línea, el Índice Construya —que mide los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman— bajó casi un 20 por ciento desestacionalizado mensual y se ubicó 30 por ciento por debajo de enero de 2023. De esta manera, se ponen en riesgo los 500.000 empleos formales que aproximadamente genera el sector en forma directa en todo el país.
Cuando Milei defiende orgulloso el ajuste tal vez no comprende —o tal vez no le importa— el daño que causa parar las 900 obras que el Gobierno nacional tenía en marcha en la provincia de Buenos Aires; obras fundamentales para ampliar los derechos y mejorar la vida de las y los bonaerenses. Para el presidente, la obra es sinónimo de corrupción. No conoce nuestra provincia, ni ninguna otra, y no sabe de sus necesidades. La obra pública no solo genera empleo y reactivación de las economías locales en cada uno de los municipios, en cada pueblo, sino que, para su conocimiento, esas obras nunca las podría haber hecho un privado simplemente porque no dan ganancia, ni tampoco las pueden financiar las vecinas y los vecinos porque exceden sus presupuestos familiares. O las hace el Estado o no hay dignidad en la provincia de Buenos Aires.
Desde esta Legislatura, donde están representadas todas las fuerzas políticas, todas las regiones de la provincia, le decimos al presidente que el trabajo, el desarrollo y la dignidad que estas obras construyen no se pueden frenar, y exigimos que las obras se reinicien de manera urgente.
Seguramente, algunos esperan que como gobernador me queje sólo por el recorte a las provincias en general y a esta provincia en particular. Para el presidente, los gobernadores solo defienden las “cajas de la política”. Pero hay que poner las cosas en su lugar: no se trata del ajuste a las “cajas” sino en cómo afecta esta política a la sociedad en su conjunto, a los sectores medios, a las trabajadoras y los trabajadores. Ya mostramos cómo se redujeron los ingresos, la producción y el empleo, y cómo aumentó la pobreza. Ahora veremos cómo el ajuste a las provincias atacó directamente a los bolsillos de sus habitantes. Agradezco a esta Legislatura, a todas las fuerzas políticas porque reaccionaron con la misma denuncia: las decisiones que tomó el Gobierno nacional no son contra un gobernador, no son contra un gobierno, son contra el pueblo de la provincia de Buenos Aires y tienen que terminarse.
Conviene recordar también que Buenos Aires, aun en el año 2023, cuando en teoría era “la mayor beneficiaria de transferencias discrecionales” del gobierno anterior, fue la provincia que menos recursos tuvo y ejecutó por habitante, además de ser la que menos trabajadores públicos tiene por habitante. Es la provincia que menos gasta y la más austera de la Argentina. Esto se debe, en parte, a una injusticia histórica. Cuando en 1988 se aprobó la ley de coparticipación, nuestra provincia sufrió una pérdida en su coeficiente. Así, en la actualidad, la Provincia aporta el 40 por ciento de la recaudación, pero recibe por coparticipación cerca del 22 por ciento. En 2023, si se incluyen a los recursos no automáticos, esos que el presidente llama “discrecionales”, la Provincia recibió el 42 por ciento, pero de un monto más pequeño. Sin embargo, si solo se suman la coparticipación y otras transferencias, nuestra provincia alcanzó menos del 25 por ciento del total de los recursos transferidos por la Nación a todas las provincias. ¿Es justo? ¿Es defendible que una Provincia que representa el 40 por ciento de la población, el 40 por ciento de la producción, el 50 por ciento de la industria y el 60 por ciento de los habitantes vulnerables reciba sólo el 25 por ciento? La injusticia es peor. El Gobierno nacional parece no entender que todos los recursos que se recaudan provienen de la actividad económica y de la riqueza que se produce en las provincias. Si en lugar de tomar sólo los impuestos coparticipables, consideramos el total de los recursos, se observa de nuevo que el 40 por ciento, aún con los no coparticipables, provienen de nuestra provincia; pero de ese total, Buenos Aires recibe solamente el 7,5 por ciento de los recursos, mientras el Gobierno nacional retiene un 66 por ciento. Ese número sí es comparable. Por eso, está mal. No corresponde. En ningún lugar de nuestra Constitución dice que el Gobierno nacional solo debe dedicarse a ajustar y a no hacerse cargo de nada: ni de la salud, ni de la educación, ni de la seguridad, ni de la infraestructura. Según su ideología anarcocapitalista, para Milei todo lo humano le es ajeno. Nosotros, desde aquí, vamos a seguir peleando por recuperar lo que nuestra provincia y todas las demás merecen y necesitan.
Por eso, desde que asumió el gobierno actual, se redujo buena parte de los giros a las provincias por fuera de la coparticipación. Pero luego, cuando por obstinación, incapacidad e impericia la llamada Ley Ómnibus fue rechazada, Milei decidió públicamente vengarse. Sí, como lo escuchan, sostuvo que iba a fundir a las provincias y que las iba a dejar sin un peso. Comenzó, entonces, una andanada de agresiones hacia los gobernadores, diputados y senadores de todos los signos políticos.
Lo triste del caso es que en lugar de castigar a los gobernadores, se recortaron recursos y fondos que van directo a los bolsillos de las trabajadoras y los trabajadores, y de la sociedad en su conjunto. Primero recortó el Fondo de Incentivo Docente, que es un aporte del Gobierno nacional que existe desde 1998 —26 años— y que fue sostenido por 10 presidentes de todos los signos políticos. Lo canceló Milei. El presidente debe saber que no castiga así a un gobernador ni a un gobierno, castiga a 400 mil docentes de la provincia y también a 5,2 millones de pibas y pibes y a sus familias. Como resultado de esta medida arbitraria e intempestiva, ya hubo 2 medidas de fuerza a nivel nacional.
Recortó también el subsidio al transporte y el Fondo Compensador del Interior (FCI), lo que generó un incremento en el precio del colectivo en todo el país. Si bien aún no es posible cuantificar el impacto exacto de esta reducción, se estima que en algunas localidades el boleto de colectivo estará cerca o incluso superará los 1.000 pesos. Boleto Milei en todo el país. Mil pesos el boleto de colectivo.
Aclaro brevemente dos puntos sobre el boleto en el Gran Buenos Aires. Recordemos que en nuestra provincia contamos con 1 millón de usuarios del transporte público en el interior y 6,5 millones en el Gran Buenos Aires. Es cierto que el boleto históricamente es menos costoso que en el interior de la provincia y también en el país. Tan cierto como que, en general, mientras en el interior de nuestra provincia y en el interior nacional el transporte suele resolverse con un solo transporte, en nuestro conurbano, por sus características, más de un tercio de los viajes requieren dos transportes y a veces tres. Es normal que muchos para ir a trabajar tengan que pagar tres boletos: colectivo, tren y colectivo. No es comparable de ninguna manera.
Pero también al conurbano llegaron los aumentos de Milei. Desde la época de Macri, el precio del boleto lo fija el Gobierno nacional; en el caso de los pasajes entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia, el subsidio lo paga la Nación, pero los que son para las líneas del conurbano, la inmensa mayoría, el subsidio lo paga íntegramente el Gobierno provincial. Así como lo escuchan: el precio del pasaje lo establece la Nación, pero el subsidio lo paga la provincia. En enero nuestra provincia pagó 1.000 millones de pesos de subsidio para el interior y 56.000 millones para el conurbano.
Recapitulemos: Milei, después de la Ley Ómnibus, le sacó del bolsillo parte del sueldo a las y los docentes, y aumentó el pasaje de colectivo en todo el país. Pero, después, aplicó medidas individuales: a Chubut decidió no refinanciarle su deuda con Nación, y a nuestra provincia de Buenos Aires, por decreto, le quitó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que viene recibiendo hace tres años, y estaba en el Presupuesto, incluso en la decisión administrativa de este mismo gobierno. Ese fondo se utilizaba para adquirir equipamiento de seguridad, para mejorar los salarios de la Policía, para infraestructura y también para alimento en las escuelas. No es al gobernador, no es al gobierno: es al pueblo de la provincia de Buenos Aires al que le sacan sus recursos.
Recordemos que estas transferencias lejos de ser discrecionales son obligatorias y, aunque no sean automáticas, responden a leyes, decretos, normas y acuerdos vigentes.
Prometimos defender a la Provincia de Buenos Aires: es por eso que, como otros gobernadores, estamos reclamando lo que les corresponde a las provincias según el régimen federal que eligió la Argentina. Parece mentira que a esta altura de la historia Milei haya reeditado el enfrentamiento entre unitarios y federales. Parece mentira pero estamos defendiendo hoy a cada una de las provincias argentinas.
UN ESTADO PROTECTOR ANTE EL DESEQUILIBRIO ACTUAL
Después de este salvaje ajuste sobre el conjunto de la sociedad argentina, se festeja estar acercándose al déficit cero, incluso con manifiesta alegría, una perversa alegría surgida del sufrimiento de las mayorías. Lo que Milei llama “equilibrio” es en realidad una sociedad cada vez más desequilibrada. ¿Qué clase de equilibrio puede experimentar una persona a la que de golpe le quitan el trabajo o un tercio de sus ingresos? ¿De qué equilibrio habla el presidente cuando miles de familias tienen que cambiar a las chicas y los chicos de colegio, cuando hay pacientes cuyos tratamientos se interrumpen, cuando caen sus haberes y crecen las dificultades de los jubilados para acceder a sus medicamentos, cuando hay tantas obras paradas, cuando cae el salario, cuando cierran los comercios? ¿A eso llaman equilibrio? Ese supuesto éxito equivale a “equilibrar” la economía de una familia cortando la comida a sus integrantes, y los medicamentos a las abuelas y los abuelos. Eso no es equilibrio, es una masacre social.
Se puede estar a favor de un menor protagonismo del Estado, pero de ninguna manera se puede desproteger de esta forma a la sociedad y someterla a un experimento. Solo un gobierno que no responde a sus responsabilidades y es insensible puede llevar adelante medidas tan dañinas de forma tan veloz, sin ofrecer siquiera políticas que amortigüen sus efectos.
Como si esto fuera poco, el rumbo que se le quiere imprimir al país con esas políticas va a contramano del mundo. En un mundo crecientemente injusto y conflictivo, en el que se precariza la vida, los Estados nacionales protectores son cada vez más necesarios. Mientras tanto, Milei desmantela el Estado argentino dejando a la gente aún más indefensa. Eso de la escuela austríaca y del anarcocapitalismo no se aplica en ningún lugar del mundo, y mucho menos en los países a los que Milei admira. Más que defender la absurda escuela austríaca, lo que el presidente debería defender es la escuela argentina. La nuestra.
Sabíamos que sería complicado, que las ideas y propuestas desplegadas por Milei en campaña conducirían, de aplicarse, a resultados angustiantes para la enorme mayoría. Pero lo que estamos viendo es mucho peor de lo previsto y de lo imaginado. Incluso habiendo dedicado toda la campaña a advertir sobre el riesgo que corrían los derechos frente a las propuestas de Milei, aun así nos quedamos cortos frente a este espectáculo de crueldad.
No estábamos preparados para ser un escudo; queríamos ser el motor de una etapa en la que se profundizaran la industria, el empleo, el desarrollo y el bienestar. Sabíamos que faltaba mucho, pero que eso que faltaba se alcanzaría con políticas nacionales destinadas a producir más y a repartir mejor. No hay tiempo para lamentarse. Frente a estas nuevas circunstancias, la pregunta que guía nuestra tarea es: ¿qué significa llevar adelante un Gobierno que proteja, un Estado que esté presente en este contexto?
Resulta urgente montar y fortalecer un gobierno que sea más sensible y protector que nunca, reforzando los lazos de solidaridad y cooperación con todos los demás actores de la vida pública nacional que sufren el mismo embate que padecen hoy los bonaerenses. Por eso, todas nuestras medidas de gobierno estarán orientadas a amortiguar, a frenar, a defender, a proteger todo lo que sea abandonado o atacado por el Gobierno central. Sabemos que nuestras posibilidades para hacerlo son limitadas, pero la voluntad de proteger al pueblo bonaerense de este ataque no reconoce ningún límite. Si no hay recursos suficientes, los reemplazaremos por más esfuerzo, por más presencia, por más trabajo y por más solidaridad. Quiero ahora ejemplificar con algunas medidas que expresan esta voluntad.
MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO
Comenzamos por esta Legislatura, a la que quiero agradecer porque en diciembre pasado fue aprobada la Ley Fiscal Impositiva, que nos autorizó el financiamiento para cubrir todos los vencimientos de 2024 y, además, se creó un Fondo para brindar recursos a los municipios. A diferencia de otros años, dadas las dificultades macroeconómicas que sabíamos que nos tocaría atravesar, este fondo es de libre disponibilidad y puede compensar al menos parcialmente la caída de la recaudación producto del desplome de la actividad. Tal y como estaba establecido en la ley, en febrero se distribuyó el 10 por ciento de los 116.000 millones de pesos en los 135 municipios de la provincia. Este dato sirve para observar el contraste con el incumplimiento del Gobierno nacional: son transferencias no automáticas, pero sí obligatorias de la provincia hacia los municipios y, como corresponde, las respetamos.
INVERSIÓN EN EDUCACIÓN
En estos meses, hicimos fuertes inversiones en edificios escolares y en material educativo, pero también alcanzamos el acuerdo con todos los trabajadores del Estado, al realizar aumentos salariales en enero y en febrero del 25 por ciento y 20 por ciento para hacer frente a la aceleración de la inflación que produjo la política nacional. Como resultado de esto, y por quinto año consecutivo, las clases comenzaron en la fecha que marca el calendario. Llevamos 4 años sin paros docentes provinciales generalizados, garantizando los días de clase. Este resultado no es producto de vínculos personales entre los dirigentes, sino a la enorme inversión que ha hecho la Provincia y al respeto a las trabajadoras y a los trabajadores. Por supuesto, en cada escuela se da una realidad distinta. Por supuesto, hay mucho por hacer. Pero la defensa y la mejora de la educación pública son una prioridad inclaudicable de nuestro gobierno.
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA LEY IMPOSITIVA
Desde el punto de vista de los recursos, y aprobado por esta Legislatura para sustituir los fondos que el Gobierno nacional viene sustrayendo de nuestra provincia, elaboramos democráticamente una ley impositiva cuyos ejes fueron:
› la elevación de alícuotas a los sectores concentrados de la economía beneficiados por esta política económica;
› la adopción del impuesto a los rendimientos de los instrumentos financieros;
› la implementación de un anticipo extraordinario sobre Ingresos Brutos para 254 grandes empresas altamente concentradas;
› el incremento solidario en el inmobiliario que afecta solo a menos de un 10 por ciento de las propiedades de mayor valuación fiscal, mientras para las restantes se sostiene un incremento por debajo de la inflación y, también, la actualización de los impuestos patrimoniales.
El sistema impositivo tiene que ser cada vez más justo, eso significa que deben contribuir en mayor proporción los que más tienen y los que más pueden.
FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA EVASIÓN IMPOSITIVA
Reforzamos, además, nuestras líneas de fiscalización y control de la evasión sobre sectores de alta capacidad contributiva dentro de la ley, como los operativos de fiscalización catastral, enfocados en zonas de alta valuación fiscal, que nos permitieron detectar en estos años unos 15 millones de metros cuadrados que no estaban declarados (incluyendo más de 20.000 piletas en hogares), y recuperar más de 6.100 millones de pesos de recaudación. Evitamos, también, la evasión de propietarios de embarcaciones deportivas y de lujo, lo cual nos permitió que se den de alta más de 1.500 embarcaciones que no estaban registradas y recuperar, hasta el momento, más de 1.700 millones de pesos de recaudación impositiva. Dentro de la ley, todo.
AUMENTO EN LOS BENEFICIOS DE LA CUENTA DNI
Para sostener el nivel de consumo ante el aumento en el costo de vida, y particularmente de los alimentos, en lo que va del año movilizamos más de 232.500 millones de pesos mediante los beneficios de la Cuenta DNI, a través de 22,6 millones de transacciones que alcanzaron a 3,6 millones de bonaerenses.
PROMOCIÓN DE LOS MERCADOS BONAERENSES
Profundizamos también la promoción de la producción y el consumo de alimentos bonaerenses mediante el programa Mercados Bonaerenses. Desde su lanzamiento, ya realizamos 19.800 ferias en 115 municipios de la provincia, eliminamos intermediarios, mejoramos los márgenes de los productores y redujimos el precio que paga el consumidor.
INCREMENTO DE LOS PROGRAMAS SAE Y MESA BONAERENSE
En lo que respecta al acceso a los alimentos de los sectores vulnerables y para atenuar la caída en la entrega por parte del Gobierno nacional, a partir de marzo dispusimos el incremento en la inversión de los programas Servicio Alimentario Escolar (SAE) y Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA Bonaerense) en un 94 por ciento. Estos programas alcanzan a más de 2,4 millones de destinatarias y destinatarios, y la inversión mensual pasó de 27.000 millones de pesos a más de 52.000 millones.
NUEVAS LÍNEAS DE PROMOCIÓN DESDE PROVINCIA COMPRAS
Para compensar la eliminación por parte del Gobierno nacional de los programas de incentivo al consumo de bienes durables, como Ahora 12, desde Provincia Compras desarrollamos diferentes líneas de promoción en cuotas sin interés. En lo que va de 2024 se realizaron 170.000 compras por 30.000 millones de pesos, por parte de 113.000 bonaerenses.
LÍNEAS DE CRÉDITO PARA PYMES Y EMPRENDEDORES BONAERENSES
En lo que respecta a la producción, para atenuar el impacto de la devaluación y evitar la desintegración del aparato productivo, desde el Banco Provincia junto al Ministerio de Producción y de Agricultura, seguiremos apoyando a las pymes y emprendedores bonaerenses a través de las líneas de crédito a tasas atenuadas. Desde enero de 2020, llevamos otorgados en términos reales 11 billones de pesos en créditos a la producción; el 80 por ciento de ese monto contó con tasas subsidiadas y el 80 por ciento estuvo destinado a pequeñas y medianas empresas. Basta recorrer la provincia para ver para qué sirve la banca pública.
LÍNEA DE CRÉDITO ESPECIAL PARA DESASTRES NATURALES
Por otra parte, ante la total y absoluta inacción del Gobierno nacional, a fines del año pasado anunciamos una línea especial para desastres naturales. Entre enero y febrero, se colocaron créditos blandos por casi 700 millones de pesos, de los cuales el 81 por ciento se concentró en Bahía Blanca, epicentro del desastre que provocaron las tormentas durante diciembre de 2023. En su visita a dicho municipio, el presidente nos dijo que nos arreglemos con lo que teníamos, en una absoluta falta de solidaridad y de empatía. Lo hicimos en la medida de nuestras posibilidades. El Gobierno provincial siempre estará a disposición de aquellos que sufren una catástrofe.
MEJORAS SALARIALES Y DE CONDICIONES LABORALES
Para fortalecer el trabajo, y ante los ataques frontales a las trabajadoras y los trabajadores, desde la Provincia no solo se impulsaron las paritarias para alcanzar mejoras salariales y de condiciones laborales para toda la administración pública provincial, sino también se abordaron los conflictos laborales que se presentan por cierres de empresas o paralización de obra pública, y para sostener los puestos de trabajo en el sector privado.
ESFUERZOS PARA PROSEGUIR CON LA OBRA PÚBLICA
En lo que respecta a la obra pública, contra el abandono del Gobierno nacional, el Gobierno provincial sigue trabajando y destinando sus esfuerzos para sostener la inversión, los empleos y la continuidad de las obras. Estamos haciendo esfuerzos para continuar o reanudar las 1.000 obras que tiene en marcha la Provincia en conjunto con los municipios. Específicamente, el Gobierno nacional paralizó y desfinanció cerca de 900 obras que se encontraban en ejecución en la provincia de Buenos Aires. No va ser posible, probablemente, suplir la ausencia de un Gobierno nacional, pero lo cierto es que resolvimos hacernos cargo de algunas obras clave, como la finalización de 86 Centros de Desarrollo Infantil, que benefician a 6.600 niños y niñas. Avanzaremos, también, en la finalización de las 13 escuelas técnicas, beneficiando a 10.000 estudiantes. Además, decidimos continuar con los proyectos más relevantes que el Gobierno nacional ha abandonado en materia de acceso al agua potable y al saneamiento, tales como el Recambio del Acueducto Pereyra en Berazategui, la Cloaca Máxima-Chascomús o el Colector Cloacal Norte en Olavarría.
EJECUCIÓN DE OBRAS DE VIVIENDA
Desde el Gobierno nacional también se frenaron y abandonaron las obras de vivienda. Ya son 16.000 las viviendas que están paralizadas en la provincia de Buenos Aires. Entre 2019 y 2023, finalizamos, junto con el Gobierno nacional, 21.086 viviendas. En respuesta a esta política de abandono y paralización, continuaremos sosteniendo con la construcción de 7.941 viviendas que tenemos en ejecución en la provincia de Buenos Aires.
CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS EN MARCHA DEL OPISU
Se desfinanciaron, también, las obras de urbanización en barrios populares. A diciembre de 2023, en la provincia de Buenos Aires había 425 obras en ejecución en barrios populares, que eran llevadas adelante por la injustamente acusada Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU). Para atenuar los efectos sobre los sectores populares, vamos a continuar con las 255 obras de urbanización que tenemos en marcha a través de nuestro Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU).
SOSTENIMIENTO DE LOS SUBSIDIOS QUE OTORGA LA PROVINCIA AL TRANSPORTE
En lo que respecta al transporte, el Gobierno nacional pretende también desertar por completo. Ante la quita del Fondo Compensador del Interior y el aumento de las tarifas en trenes y colectivos del Gran Buenos Aires, que se multiplicó por cinco, la provincia de Buenos Aires sigue sosteniendo con recursos propios el 95 por ciento de los subsidios que las empresas de transporte reciben en la actualidad, para evitar mayores aumentos en el boleto de colectivos y micros. Además, vamos a sostener el Boleto Estudiantil que, desde que asumimos, ya abarca a 24 universidades públicas del Gran Buenos Aires y del interior. A partir de octubre de 2023, este beneficio se extendió también a estudiantes del Nivel Terciario con un alcance de un total de 359 instituciones educativas. Seguiremos trabajando en la ampliación del Boleto Estudiantil para las y los estudiantes de las distintas modalidades de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores y para las y los estudiantes en el Nivel de Formación Profesional, así como también en la extensión del Pase Libre Multimodal a más beneficiarias y beneficiarios. No nos van a quitar el Boleto Estudiantil, que es el resultado de una lucha que llevaron adelante las y los estudiantes de nuestra provincia.
FONDOS PROVINCIALES PARA LA EDUCACIÓN PÚBLICA
El ataque a la educación pública del gobierno de Milei llega por todas partes. Ante el recorte de recursos que llevó adelante el Estado nacional —con la eliminación del FONID y otros programas nacionales— decidimos llevar adelante los pagos del FONID en febrero con fondos provinciales, como complemento de los salarios de las y los docentes de la provincia. Del mismo modo, durante enero y febrero se continuó con los pagos relativos a la Quinta hora y a la Jornada Completa, que eran fondos que debía girar también el Estado nacional. Lo mismo tuvimos que hacer con otros programas nacionales interrumpidos: Educación Social y Cultura, Educación Sexual Integral, Gestión Educativa, Formación Docente, Conectar Igualdad, Educación Técnica.
Sostener todo lo que le quitan a las provincias seguramente sea imposible, pero no tengan dudas de que trabajaremos sin descanso para que se le devuelva a la provincia lo que le corresponde, y para que los programas que podamos sostener continúen en marcha. La educación pública se defiende.
CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA PUENTES Y DEFENSA DE LA CIENCIA
También la universidad pública fue víctima de la motosierra. Ante el ajuste que están sufriendo las 23 universidades nacionales localizadas en nuestra provincia y los intentos de frenar la puesta en marcha de tres nuevas universidades nacionales (en el Delta, en Pilar y en Ezeiza), seguiremos defendiendo el derecho a la universidad pública y gratuita. Mediante el programa Puentes ya incorporamos 55 municipios a la red bonaerense de centros universitarios, inauguramos 21 nuevos centros universitarios y aseguramos el dictado de 81 carreras con más de 4.000 alumnos inscriptos. En este nuevo contexto, no solo continuaremos con el programa sosteniendo las carreras ya lanzadas, sino que vamos a concluir las obras en ejecución para sumar en el interior de la provincia 20 nuevos centros universitarios que se encuentran hoy en construcción. Frente al ataque permanente a la Ciencia y la Tecnología y a sus instituciones, al CONICET, vamos a seguir defendiendo a nuestras científicas y científicos y a nuestras investigadoras e investigadores. Sepan que desde acá las y los admiramos y que vamos a continuar jerarquizando la Comisión de Investigaciones Científicas y a todo nuestro sistema científico-tecnológico.
COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO Y DE INSUMOS MÉDICOS
El derecho a la salud fue también víctima del ajuste en estos 90 días. Por el abandono del Estado nacional, hubo que compensar los programas nacionales a través de políticas y programas provinciales, siempre que fue posible. Entre otras cosas, nos hemos tenido que hacer cargo de la compra de medicamentos de alto costo para personas con problemas oncológicos, con hemofilia o con hipertensión pulmonar, lo que implica una inversión de más de 3.500 millones de pesos. La crueldad y la indiferencia parecen no tener límite. Tuvimos que ampliar el vademécum provincial para cubrir los medicamentos más requeridos para el tratamiento del cáncer. Ya iniciamos el proceso de compra, lo que significa una inversión superior a los 11.000 millones de pesos, que dará respuesta a unas 1.700 personas con cobertura pública exclusiva que recibían la medicación de organismos nacionales y dejaron de recibirla.
Otro tanto ocurrió con los insumos médicos: la Provincia tuvo que salir a adquirir lo que el Gobierno nacional dejó de enviar, con una inversión adicional anual de más de 50.000 millones de pesos. Se trata de reactivos e insumos para la detección de enfermedades transmisibles —como zika, dengue, chikungunya, rubéola, sarampión, chagas, influenza, virus respiratorios—, medicamentos para la atención de embarazadas y el tratamiento de la hemorragia pos parto, medicación para el tratamiento de hipertensión durante el embarazo, cánulas de alto flujo en lactantes para soporte respiratorio pediátrico, medicación e insumos de laboratorio para detección de VIH, sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual. Me pregunto ¿qué piensan hacer con los que no puedan pagar? ¿Los dejarán sin tratamiento? Bueno, la respuesta es esta: hasta donde podamos cuenten con el Gobierno provincial.
FUERZAS DE SEGURIDAD: RECURSOS FISCALES Y MANTENIMIENTO DE LOS NIVELES SALARIALES
En materia de seguridad, ante la desregulación y el aumento del precio de los combustibles, tuvimos que triplicar los recursos fiscales para mantener la misma cantidad de litros de nafta y gasoil. Hoy sostenemos, con ayuda de los intendentes de la provincia, los mismos niveles de patrullaje que el año pasado, cuando el litro promedio rondaba los 350 pesos. Por otro lado, —pese a la falta de pago y posterior eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI) que, además de otros usos, generaba los recursos para efectuar el pago salarial a nuestras fuerzas de seguridad— mantenemos los niveles salariales de nuestra Policía equiparados con los de las fuerzas federales. Es un esfuerzo grande, pero la retribución de las fuerzas de seguridad es condición para después exigirles un buen desempeño en sus tareas.
POLÍTICAS DE PROTECCIÓN PARA LA CULTURA Y LOS ARTISTAS BONAERENSES
Frente al ataque a la cultura y a los artistas, el Gobierno provincial impulsa políticas de protección y fomento de la cultura, tales como el Fondo de Fortalecimiento y Protección de la Cultura Comunitaria, que alcanza a centros culturales, festivales autogestivos y colectivos culturales. Además, impulsamos el Plan de Acompañamiento al Sector Editorial, apoyando a las ferias del libro existentes, y creamos seis nuevas ferias en lugares donde el sector se encuentra en crecimiento. Estamos preparando la organización de la Segunda Edición del Festival Internacional de Cine Bonaerense, un festival de festivales. Es nuestra cultura, es nuestra identidad, son nuestras y nuestros artistas, vamos a cuidarlas y cuidarlos.
CONTINUACIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES
Mientras el gobierno nacional muestra desprecio por las cuestiones ambientales y las energías renovables, seguiremos promocionando y contribuyendo a una transición energética que permita la generación de energía de formas más eficientes y sustentables para el ambiente. El DNU de Milei derogó el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable. Igualmente, en la provincia continuaremos con la instalación de equipos fotovoltaicos en escuelas rurales, con la instalación de parques solares en distintos lugares de nuestra provincia y con la entrega de luminarias led. Además, el Gobierno nacional abandonó la creación de 18 plantas de reciclado, abandonó el saneamiento de basurales y la construcción de Centros Ambientales, por ejemplo en Tornquist y Madariaga, que iban a contar con el apoyo de Nación y que planteaban una solución para la gestión de residuos urbanos. Desde la provincia de Buenos Aires, continuaremos trabajando en la problemática de los residuos de forma integral y coordinada, acompañando a los municipios con asistencia técnica, maquinaria, recursos y planificación, lo que incluye la mejora de las condiciones laborales de las y los cartoneros en cada rincón de nuestro territorio.
AMPLIACIÓN DE DERECHOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Sabemos que Milei abandonó la perspectiva de género, pero en nuestra provincia seguiremos ampliando derechos y reduciendo inequidades con programas como Comunidades sin Violencia, trabajando junto a los municipios para erradicar las violencias y para promover la igualdad y la autonomía de las mujeres y diversidades.
Podríamos seguir, pero esta enumeración alcanza como muestra. Sin embargo, es importante transmitir con franqueza a la sociedad que pese a todo el esfuerzo protector que pongamos, el mayor o menor bienestar socioeconómico que experimenten las y los argentinos dependerá en una inmensa medida del nuevo Gobierno nacional. Lo que queremos garantizar es que jamás buscaremos salvarnos solos, no vamos a ser cómplices del afán desintegrador del presidente. La Provincia promoverá cada vez una mayor cooperación con otros Gobiernos provinciales. Los gobernadores estamos muy preocupados por el nulo sentido federal que muestra el Gobierno Nacional y estamos decididos a integrar esfuerzos para actuar como red y como límite al delirio centralista del presidente. ¿Qué significa poner un límite? Nuestra aspiración es clara: que ponga los pies sobre la realidad y que gobierne con respeto y dentro de la Constitución.
NUESTROS RECLAMOS CONCRETOS
Después de someter al pueblo, a la democracia, al federalismo a una agresión inédita y salvaje, ahora se nos lanza una invitación que se parece más a una amenaza, o una imposición, que a un diálogo. Ofrece exactamente lo que dice rechazar como método de la política: si aprueban las leyes van a recibir los recursos que ilegalmente se les quitaron.
Nuestra respuesta es muy clara: cuenten con nosotros para reuniones de trabajo, para encuentros destinados a solucionar problemas, incluso para debatir. Pero si se trata de encuentros para fotos y para marketing, arranquen nomás si no llegamos. Estaremos en todos los ámbitos que sean necesarios para reclamar con firmeza puntos concretos con los que todas las fuerzas políticas y los 135 intendentes seguramente coincidirán.
1. La inmediata reactivación de la obra pública frenada caprichosamente y que afecta a los 135 municipios.
2. El respeto al federalismo y la inmediata reposición de los fondos vengativamente quitados a las provincias argentinas.
3. La devolución de los fondos del FONID para los salarios docentes, los fondos para universidades y para transporte.
4. La urgente distribución de los recursos destinados a los comedores escolares y a los medicamentos.
5. La derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) ilegal, e inconstitucional según especialistas de todas las vertientes, y que es el marco para el saqueo de recursos provinciales que se viene realizando.
6. El firme rechazo al delirante proyecto de dolarización, que debilitaría la soberanía monetaria, multiplicaría la desigualdad y favorecería únicamente al narcotráfico.
7. El dragado del Canal Magdalena, lo que significa el respeto y la defensa irrestricta de nuestra patria y nuestra historia, con el firme reclamo por la soberanía en nuestras Islas Malvinas.
Nuestro pacto es con el Pueblo, nuestro pacto es con la Patria y con la provincia, y nunca lo vamos a traicionar.
En sus primeros 90 días, ha quedado en evidencia que este Gobierno nacional promueve la desintegración y la descomposición. Pocas semanas atrás el presidente viajó a Estados Unidos para participar en un encuentro conservador donde expuso un discurso completamente alejado de la realidad argentina. En su alocución, sostuvo que Occidente está en peligro. Lo que está en peligro es la unidad nacional: así como se propone desintegrar la sociedad promoviendo el egoísmo, también se está poniendo en riesgo esa unidad nacional. Presidente, no queremos ser Irlanda, queremos ser Argentina.
Por eso, para terminar, reafirmo:
Nos podrán atacar, nos podrán injuriar, podrán mentir, podrán sacar los tanques a las redes. Nosotros vamos a seguir recorriendo todos los pueblos, vamos a seguir trabajando incansablemente para sostener y ampliar los derechos y por la justicia social. Lo que no pueden robarle a la Provincia de Buenos Aires es su Derecho al Futuro.
¡Viva la Argentina! ¡Viva la provincia de Buenos Aires!