La Provincia mantuvo conversaciones de buena fe bajo acuerdo de confidencialidad con uno de los principales acreedores.
Desde el inicio de la gestión del actual gobernador, Axel Kicillof, ante la situación en la que se encontraba la deuda pública provincial se trabajó para lograr que la Provincia vuelva a tener una deuda sostenible, alineada con su real capacidad de pago. Así, el 20 diciembre de 2019, el gobierno de la PBA inició el proceso de consultas con sus acreedores privados externos con miras a definir medidas tendientes a asegurar la sostenibilidad de la deuda pública provincial. Ya en febrero de 2020 el gobernador anunció que se iniciaba el proceso de reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera y se avanzó en el proceso de identificación de las principales tenencias.
La Provincia siempre mostró voluntad de pago dentro de sus posibilidades, como lo demuestra que en los 3 primeros meses de 2020 se hayan cancelado servicios de deuda denominada en moneda extranjera con el sector privado por aproximadamente USD 388 millones, a pesar de enfrentar un mercado internacional cerrado y de la enorme incertidumbre generada por la pandemia.
La crisis desatada a nivel mundial por el covid-19 aceleró la necesidad de la Provincia de buscar soluciones a largo plazo para la sostenibilidad de su deuda. Con esa finalidad, la Provincia dio diversos pasos que posibilitaron formalizar una propuesta concreta a los tenedores de deuda bajo legislación extranjera el 24 de abril de 2020, que incorporaba algunas de las ideas y peticiones que los acreedores habían hecho a la Provincia a lo largo del proceso.
Desde que se formalizó la invitación, la Provincia mantuvo numerosas reuniones y conversaciones con representantes de los principales acreedores y sus asesores.
La principal petición de los acreedores durante los primeros meses era tiempo para obtener claridad acerca de la solución que el Gobierno Nacional alcanzara con sus propios acreedores bajo ley extranjera, lo que llevó a la Provincia a extender el vencimiento original de su invitación.
En agosto de 2020, Argentina dio a conocer su oferta definitiva para los acreedores de títulos nacionales bajo ley extranjera y, el 31 del mismo mes, se conocieron los resultados del proceso. Despejado el panorama a nivel nacional, durante septiembre de 2020, la Provincia realizó una reunión con aquellos acreedores que habían conformado un comité de bonistas, en la cual la Provincia actualizó su información fiscal, económica y social, intensificando el diálogo de buena fe con los asesores de los principales tenedores de títulos que aún no habían aceptado la oferta.
Lamentablemente, este proceso se vio interrumpido y retrasado por la decisión del comité de bonistas de cambiar a sus asesores. En noviembre de 2020, el comité de bonistas contrató a nuevos asesores, lo cual permitió retomar el diálogo de buena fe para encontrar una solución constructiva al problema de insostenibilidad de la deuda denominada en bonos bajo legislación extranjera.
En los reiterados encuentros con dichos asesores, la Provincia expuso las restricciones fiscales y las limitaciones a nivel macroeconómico, como condicionantes para evaluar las posibilidades de pago de los servicios de deuda provinciales. Se subrayó también la necesidad de acordar pagos iniciales que no comprometieran la capacidad de la Provincia de retomar un sendero de crecimiento sostenido.
Los nuevos asesores del comité manifestaron que los inversores esperaban una modificación de los términos de la oferta inicial en numerosos aspectos. A su vez, el comité de bonistas acercó propuestas cuyas características exponían a la Provincia a incumplimientos futuros, poniendo en riesgo la sostenibilidad a nivel agregado y el propio interés del conjunto de acreedores provinciales.
Durante los primeros meses del 2021, se intensificaron las conversaciones con los asesores de GoldenTree Asset Management LP, el principal acreedor de la Provincia y el más proactivo. Este diálogo ha resultado de gran utilidad, y condujo a conversaciones restringidas con dicho acreedor. En este marco, la Provincia presentó términos indicativos de una posible enmienda a la invitación vigente, los cuales evidencian un esfuerzo importante de la Provincia para responder a las demandas de los acreedores en la mayor medida posible, sin perder la meta de asegurar la sostenibilidad de los compromisos asumidos por la Provincia.
En particular, se eliminó la quita de capital, se elevaron los cupones y se disminuyó la vida promedio de más de 13 años a 11 años. Adicionalmente, preservando la buena fe, se planteó reconocer los intereses contractuales devengados por los bonos elegibles durante todo el proceso, en los términos y condiciones de los nuevos bonos, a aquellos inversores que aceptaran participar en la invitación. Así, la Provincia indicó que dedicaría pagos por casi USD 1.800M por encima de la oferta original al repago de los bonos bajo legislación extranjera en el período 2021-2030.
Pese a la mejora en el valor total del paquete, los bonistas continúan reclamando concesiones que en nada aportarían a la solución real del problema de la deuda provincial. Se han solicitado términos y condiciones que son imposibles de aceptar para la Provincia, incluyendo tasas de 7,5%, valor equivalente al cupón promedio de la deuda que se está reestructurando.
Ante esta situación, la Provincia continuará planteando que cualquier acuerdo tiene que estar alineado con la realidad fiscal y la capacidad de pago genuina de la Provincia, contemplando el contexto macroeconómico. El nuevo perfil de vencimientos debe procurar volver sostenible la deuda en términos financieros y sociales, descartando acuerdos con meros alivios de corto plazo que impliquen volver a encontrar a la deuda provincial en la misma situación dentro de unos años.
Tenemos numerosas deudas a afrontar; los datos de pobreza e indigencia del primer semestre de 2020 dan cuenta de que casi la mitad de las personas que viven en los partidos del Gran Buenos Aires son pobres, los datos de personas que viven en situación de pobreza extrema son inaceptables y la situación es aún más crítica en los más pequeños, más del 60% de los niños de la Provincia de Buenos Aires vive en la pobreza.
No hay capacidad de pago si no hay crecimiento. Para poder repagar la deuda hay que crecer sostenidamente y para ello es necesario impulsar la actividad provincial con una fuerte inversión en infraestructura física y social. Es necesario contar con el espacio fiscal suficiente que permita llevar adelante un programa integral que impulse la productividad dentro del territorio provincial, el cual debe indefectiblemente ser acompañado por un manejo responsable de la deuda pública. Este camino, en definitiva, asegura una mejora de los ingresos fiscales y con ello la capacidad de pago futura.
Actualmente, el plazo de la invitación expira el 26 de marzo de 2021. La Provincia y sus asesores han manifestado el deseo de continuar las conversaciones de buena fe con los acreedores para promover una reestructuración de la deuda que contribuya significativamente a estabilizar la situación económica actual, aliviar las limitaciones a medio y largo plazo de la economía de la Provincia creadas por la carga de la deuda y devolver la trayectoria económica de la Provincia al crecimiento a largo plazo. La Provincia ha comunicado con total franqueza cuál es su capacidad de pago genuina. Los acreedores son conscientes de los retos a los que se enfrenta la Provincia y esperamos que ellos reflejen ese entendimiento en sus contrapropuestas.
En el siguiente vinculo se incorporan los términos indicativos presentados por la Provincia en el marco de las conversaciones restringidas.