Y la titular del Organismo de Niñez del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Andrea Balleto, un convenio que promueve la creación de la base de datos sobre Violencia Institucional. 

El acuerdo firmado busca generar una base de datos en la que cada parte firmante del convenio depositará los documentos e información que den cuenta de un posible hecho de violencia institucional en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

De este modo, la base será un instrumento estadístico con datos producidos por organismos del Poder Ejecutivo y la Defensoría del Pueblo referidos a diversas dimensiones sobre la gestión de la seguridad y la violencia institucional en el territorio bonaerense. 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con este fin, pondrá a disposición de las partes, a través de su área de informática, un sistema de almacenamiento de documentos, y cada institución firmante, mediante el usuario correspondiente, cargará la información que le corresponda y podrá acceder a toda la matriz de riesgo bajo condiciones de confidencialidad.

La información que cada una de las partes remitirá a la Dirección Provincial de Informática y Comunicaciones de este Ministerio será toda aquella referida a: hechos de violencia ocurridos en instituciones de encierro y en espacios del territorio bonaerense; posibles hechos de violencia institucional denunciados com, violencias, amenazas, malas prácticas obstétricas, prácticas abusivas y/o ilegales y malos tratos de las fuerzas de seguridad y trabajadores de los espacios de encierro y alojamiento; y número de personas alojadas en instituciones de encierro en el ámbito de la Provincia. 

La base será, de este modo, un instrumento estadístico, oficial, sistemático e interinstitucional en materia de violencia institucional, al acceso de estos organismos. 

Participaron también de la firma el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; la directora Provincial de Informática, Débora Fortini; el director Provincial de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Pablo Guirleo; y la directora contra la Violencia Institucional de la Subsecretaría de Política Criminal, Juana Gargaglione.