En una nueva jornada del juicio, la Fiscalía acusó a Matías Farías de abusar sexualmente y del femicidio de Lucía en 2016, y a Juan Pablo Offidani como partícipe secundario.
En una nueva jornada del juicio por el femicidio de Lucía Pérez, la Fiscalía acusó a Matías Farías de abusar sexualmente y del femicidio de Lucía en 2016, y a Juan Pablo Offidani como partícipe secundario. En este sentido, solicitó ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Mar del Plata, la pena de prisión perpetua para Farías y 20 años de prisión para Offidani. Mientras que la querella solicitó perpetua para ambos acusados.
Durante los alegatos, que tuvieron lugar ayer, el fiscal Leandro Arévalo sostuvo que efectivamente existió "abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio".
Además, hizo hincapié en la condición de vulnerabilidad en la que se encontraba Lucía como mujer menor de edad, frente a un adulto que le suministró estupefacientes para aprovecharse de esa situación de poder y abusar sexualmente de ella hasta provocar su muerte. Asimismo, en su alegato el Fiscal efectuó un pedido de disculpas en relación con la actuación de la Fiscalía que tuvo a cargo la acusación toda vez que esa actuación causó un perjuicio para el conocimiento de los hechos.
En ese sentido, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Mazzina, dijo: "Estamos transitando un proceso muy importante: los jueces tienen la oportunidad de demostrar que todavía existe la justicia. Espero que lo hagan, que esta vez actúen con perspectiva de género y de derechos humanos. La familia de Lucía, sus amistades y toda la sociedad lo necesita. Necesitamos una justicia que reconozca que fue femicidio, que actúe en consecuencia y que demuestre que hechos aberrantes como este no pueden volver a suceder en la Argentina.”
La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual Estela Díaz expresó: "Tenemos que terminar con el poder judicial que revictimiza. Cuando decimos perspectiva de género, hablamos de derechos humanos, hablamos de nuestra Constitución, de tratados y leyes. Tenemos todavía un poder judicial que no los reconoce, los desoye, no los lee, no los instruye y cuando hace esto, causa dolor. No alcanzan los días para pedirle perdón a la familia en nombre del Estado, porque cuando se habla del Estado, el poder judicial es el Estado y sigue revictimizando. Esperamos que esta vez haya justicia y Lucía pueda descansar en paz".
Al respecto, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, opinó que “fue una jornada muy importante, porque en los alegatos se tuvo en cuenta la perspectiva de género y no dejaron dudas en cuanto al abuso sexual que sufrió Lucía y tampoco respecto del femicidio”.
Por su parte, la subsecretaría de Políticas contra las Violencia por Razones de Género de la provincia de Buenos Aires, Flavia Delmas sostuvo: "Hay que decir con claridad que es imposible la figura del consentimiento, porque no hay posibilidad cuando hay una asimetría de poder tan enorme y eso lo tenemos que repetir, Lucía era una adolescente de 16 años con dos sujetos mayores de edad que integraban una banda delictiva, le proporcionaron droga, la abusaron y la mataron. Lucía no consiente su muerte. Esto lo tenemos que decir en todos lados porque en el juicio anterior, la culpable de su muerte fue Lucía, pero ¿dónde se vio que la culpable de su muerte sea la víctima? Justicia por Lucía."
El Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo bonaerense, en su carácter de amicus curiae, acompañarán a los familiares de Lucía Pérez como lo vienen haciendo desde el primer día, aportando elementos útiles para ser tenidos en cuenta en el debate y que servirán para la decisión de un caso que tiene relevancia institucional e interés público, además de observar que se cumplan todas las normativas relativas al tratamiento de la violencia de género.