Promoción del trabajo y del empleo para las mujeres y diversidades en condiciones de igualdad con corresponsabilidad social y de género en las tareas de cuidado.

A pesar de los avances en la participación laboral de las mujeres, su acceso al empleo y las condiciones de trabajo están lejos de darse de manera igualitaria con los varones. En la provincia de Buenos Aires, como en el resto del país, todavía hay una gran diferencia de participación en el mercado laboral entre varones y mujeres, en detrimento de las últimas. Además, las brechas de género tienden a ser más intensas a menores niveles de educación e ingresos. Cuando acceden a un empleo, las mujeres bonaerenses lo hacen en peores condiciones que los varones, en trabajos de peor calidad, con menor protección social y con salarios más bajos. Las oportunidades que se les abren se concentran en ciertos sectores de actividad (como la docencia, el servicio doméstico, el comercio minorista, entre otros) y las limitan en sectores típicamente masculinos como la industria o la construcción, por ejemplo. A esta segregación horizontal se suma una segregación vertical que obstaculiza su acceso a ocupaciones de mayor jerarquía y mejor remuneración. Una de las causas que explican estas desigualdades es que en ellas siguen recayendo la mayor parte de las responsabilidades domésticas y de cuidado generando una sobrecarga de trabajo y fuertes tensiones para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Para un gobierno que propone la inclusión y la justicia social es prioritario mejorar la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en el acceso, permanencia y condiciones de trabajo en el mercado laboral, así como promover la corresponsabilidad social y de género en los cuidados

Erradicación de la violencia de género en todas sus formas y manifestaciones y promoción de un sistema de justicia con igualdad.

La violencia contra las mujeres y personas de la diversidad sexual ha dejado de considerarse un problema de la vida privada, para ser reconocido como un grave problema social, y fundamentalmente como una violación a los derechos humanos, con múltiples impactos en la salud pública, el ámbito laboral, la seguridad y el desarrollo. Las diversas formas de violencia física, psicológica, simbólica, económica, sexual, se expresan en un continuum de riesgo creciente, donde el femicidio representa su máxima expresión. La violencia contra las mujeres y LGTBI+ tiene raíces en un sistema patriarcal que habilita el ensañamiento sobre los cuerpos de las mujeres y LGTBI+ como forma de dominación y disciplinamiento para sustentar la posición de subalternidad y sometimiento al poder masculino. La erradicación de la violencia de género es un desafío que una sociedad plenamente democrática y respetuosa con los derechos fundamentales debe asumir.

Acceso a la salud integral en las diferentes etapas de la vida y respeto por las decisiones de las mujeres y diversidades con relación a su cuerpo.

En los últimos años la movilización feminista en torno al aborto permitió cuestionar de manera colectiva quiénes tienen el poder y las decisiones sobre los cuerpos de las mujeres y comenzar a desmantelar la hipocresía de un cuidado de la salud atravesado por la lógica del mercado. Este debate obligó a pensar la salud pública en clave feminista y, al mismo tiempo, visibilizó estrategias de cuidado, de escucha y de acompañamiento colectivos propios de una nueva forma de gestionar la salud. La pandemia del Covid 19 puso de relieve aún con mayor intensidad que el sistema sanitario necesita redefinirse y que los nuevos escenarios no pueden prescindir de la organización comunitaria de la atención y del cuidado de la salud ni de un Estado protector y garante de derechos. El sistema de salud actual está moldeado y a su vez reproduce modelos patriarcales que refuerzan la inequidad de género haciendo responsables a las mujeres por la atención y cuidado de la salud familiar, inclusive de los varones adultos. En nuestra sociedad, además, la mujer es también gestora no remunerada de la salud comunitaria: son esas mujeres organizadas quienes garantizan la alimentación de niñas y niños en barrios populares, actúan como agentes de saneamiento ambiental y de prevención de violencias de género.

Desarrollo igualitario de mujeres y diversidades en la educación y el acceso en los ámbitos de la comunicación, cultura, ciencia y tecnología.

Pese a que las mujeres tienen en términos generales un mayor nivel de estudios y una mejor tasa de permanencia en el sistema educativo, persisten sesgos de género en la selección de opciones educativas, que las distancian de la ciencia y la tecnología en favor de carreras humanísticas, de la docencia y la salud. Es pertinente la adopción de medidas encaminadas a educar a niños y niñas en la igualdad de trato y de oportunidades; a fomentar un mayor equilibrio y la libre elección de los itinerarios educativos y profesionales; a promover la presencia equilibrada de ambos sexos en los niveles jerárquicos del sistema educativo y a apoyar y proteger a las alumnas en situación de vulnerabilidad.

Acceso igualitario de mujeres y diversidades a la vivienda y la inclusión en el hábitat y medio ambiente sostenibles.

La titularidad de la vivienda y la tierra continúa mostrando un predominio masculino, limitando la capacidad de decisión y autonomía de las mujeres. Pero el derecho a la vivienda no se limita al techo; es el derecho a ser parte activa de la sociedad y es el derecho a la ciudad, con sus diversas y complejas redes de servicios. Los roles de género condicionan la manera en que se utiliza y percibe el entorno urbano que prioriza las necesidades de la producción y soslayan las responsabilidades reproductivas, obstaculizando el acceso de las mujeres a los lugares de trabajo en igualdad de condiciones que los varones. Esto significa incorporar una perspectiva de género en la construcción de barrios y viviendas tomando en consideración la vida cotidiana y las necesidades de las mujeres.

Generación de ámbitos con igualdad de géneros en el Estado provincial y sus instituciones.

El objetivo de igualdad de género, inclusión y justicia social, requiere revisar la actuación de todas las instancias de la Administración pública en relación a la situación y a las oportunidades entre mujeres y varones, incluyendo la relación y trato de los agentes estatales con la ciudadanía en general y en particular con las mujeres y LGTBI+. 14 Para tal fin, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y en articulación entre los organismos públicos que lo constituyen, ha generado instrumentos y mecanismos que facilitan la incorporación del principio de igualdad de género y justicia social con carácter transversal que se expresa en el diseño e implementación de acciones y políticas enunciadas en el presente Plan.