La Unidad Fiscal de Derechos Humanos inició la exposición de la acusación con los fundamentos de las responsabilidades de cada uno de los imputados. Para una muestra más clara, la Fiscalía explicó a través de un cuadro sinóptico los esquemas orgánicos donde se desempeñaban cada uno de los acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad constitutivos de genocidio.

En la Megacausa Zona V se juzgan delitos de secuestros, torturas, homicidios, desapariciones, robo de bebés y abusos sexuales contra 333 víctimas en diversas ciudades de la Patagonia y el sur de la provincia de Buenos Aires, las cuales correspondían a las diferentes sub zonas en las que estaba dividido el Comando V Cuerpo de Ejército con sede en Bahía Blanca.

El primer acusado nombrado de los 38 imputados fue el Coronel del Ejército Mario Horacio Torres, quien fuera Jefe del Departamento III de Operaciones del Comando del V Cuerpo de Ejército y según el Fiscal Auxiliar Pablo Fermento, “reunía la máxima responsabilidad en el accionar”. Torres también fue Presidente del Consejo de Guerra, que era un simulacro de juicio que significaba la continuidad de las torturas a las y los secuestrados.

También se mencionó al Teniente Coronel del Ejército Argentino Osvaldo Bernardino Páez quien se desempeñó en el Departamento IV Logística del Quinto Cuerpo de Ejército. Según la Fiscalía, Páez fue un eslabón fundamental de la cadena de mandos, en los secuestros realizados por personal del Batallón de Comunicaciones 181 donde el imputado revistaba como oficial de operaciones, ocasión en la que se concretaron los abusos sexuales sufridos por la víctima Lilian Noemí Larrosa.

Por último, el Ministerio Público Fiscal nombró a Mario Alberto Casela quien formó parte del grupo de oficiales y suboficiales trasladados desde distintas unidades militares de la Zona 5 al Comando V Cuerpo de Ejército, durante el año 1976, para el fortalecimiento del Equipo de Combate contra la Subversión, conocido como “Agrupación Tropa”. Esta organización tenía como objetivo la ejecución de los secuestros, el cautiverio y el destino final de las víctimas, muchas de las cuales permanecieron en cautiverio en el Centro Clandestino de Detención y Tortura (CCDyT) “La Escuelita”, con excepción aquellas que fueron directamente fusiladas.

Finalmente, la fiscalía solicitó que sea revisada la situación procesal de Casela, para “poner fin a una insostenible situación de impunidad de la que el denunciado ha gozado por más de tres décadas, y decretar su responsabilidad penal por hechos ejecutados bajo su mando”, denunció Fermento.

Cuando finalice la lectura del requerimiento de elevación a juicio, los imputados tendrán derecho a prestar declaración. Por tal motivo, el Fiscal Auxiliar solicitó a las defensas que adelanten qué cantidad de acusados van a hacer uso de esa opción, ya que es necesaria una importante logística para contactar a las y los 220 testigos en coordinación con el Equipo de Acompañamiento a Víctimas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

El juicio

La Subsecretaría de Derechos Humanos, a través de la abogada Verónica Bogliano, es querellante en este juicio, el más grande en la historia de la provincia de Buenos Aires conocido como Megacausa Zona V, en el que declararán 220 testigos y se estima que podría llegar a durar dos años.

El TOF de Bahía Blanca está integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido y juzgará a 38 imputados: militares y policías acusados por delitos de secuestros, torturas, homicidios, desapariciones, robo de bebés y abusos sexuales, cometidos contra 333 víctimas durante la dictadura cívico militar en el sur de la Provincia de Buenos Aires y la Patagonia

De los 52 imputados iniciales, 12 murieron y dos fueron declarados incapaces, Jesús Salinas y José María Martínez. La mayoría de ellos integraban el V Cuerpo de Ejército, cuya jurisdicción abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y estaba compuesto, entre otros, por el Destacamento de Inteligencia 181, el Batallón de Comunicaciones 181, la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén y el Centro Clandestino de Detención y Tortura “La Escuelita” ubicado en Bahía Blanca.

Además, se juzgarán a dos oficiales de la Policía Federal de Viedma, a un miembro de la Policía bonaerense y al director de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Bahía Blanca, como así también las responsabilidades de un médico y un enfermero del Ejército.

El Tribunal informó que se realizarán algunos cambios por agenda de los jueces y por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia que es feriado inamovible. En definitiva, las tres próximas audiencias serán el jueves 10, el martes 15 y miércoles 23 de marzo.

El debate en Bahía Blanca se pueden seguir en el canal de YouTube de la Subsecretaría de Derechos Humanos: www.youtube.com/derechoshumanospba