La Unidad Fiscal de Derechos Humanos prosiguió con la exposición de la acusación con los fundamentos de las responsabilidades de los imputados Carlos Alberto Ferreyra, Jorge Aníbal Masson, Jorge Horacio Rojas, Walter Bartolomé Tejada, Osvaldo Lucio Sierra, Enrique José Del Pino, Carlos Enrique Villanueva, Guillermo Julio González Chipont, Norberto Eduardo Condal, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel y Víctor Raúl Aguirre. Todos formaban parte del Batallón de Comunicaciones 181, y están acusados, entre otros delitos, de abuso sexual contra mujeres secuestradas y detenidas en el Centro Clandestino de Detención y Tortura (CCDyT) “La Escuelita”.

Varios de ellos participaron de las actividades delictivas de la “Agrupación Tropas”, organización que tenía como objetivo la ejecución de los secuestros, el cautiverio y el destino final de las víctimas. También se dio lectura de la acusación sobre aquellos que llevaban a cabo las tareas de inteligencia y contrainteligencia bajo la órbita del Departamento II Inteligencia del Comando del V Cuerpo de Ejército.

Los integrantes del Departamento II de Inteligencia tuvieron a cargo tanto las responsabilidades de custodia e interrogatorios bajo tortura como así también la realización de operativos de secuestro, aniquilamiento y de acción psicológica. Uno de los objetivos primordiales era fortalecer el circuito de información que las fuerzas armadas debían poseer para eliminar a las y los detenidos por sus convicciones ideológicas.

En el juicio Megacausa Zona V se da la particularidad de la imputación contra personal de salud: el médico de la Cruz Roja y del Ejército, Humberto Luis Fortunato Adalberti y el enfermero de la División Sanidad del Comando V Cuerpo, Adalberto Osvaldo Bonini. Su principal función que tenían estos militares era la de regular la resistencia de las y los secuestrados en la sala de torturas. A ambos se le imputa, entre otros delitos, la sustracción de dos niños nacidos durante el cautiverio de María Graciela Izurieta y Graciela Alicia Romero, aún desaparecidas.

Por último, la auxiliar fiscal Paula Molini continuó con la lectura de las acusaciones a los “Guardias de La Escuelita”, que fueron trasladados desde la Patagonia, principalmente de la Sección Baqueanos del RIM 26 de Junín de los Andes, para prestar servicio en el Comando V Cuerpo de Ejército. Ellos son Artemio Cabezón, José Marcelino Casanovas y Arsenio Lavayen, este último reconocido por numerosas víctimas que lo identificaron con el apodo “Zorzal” dentro del CCDyT “La Escuelita”.

En la próxima audiencia quedan por escuchar las acusaciones a 18 imputados de un total de 38. Luego de esta etapa, declararán los represores Claudio Alejandro Kussman, de manera presencial, Enrique Stel, Bernardo Artemio Cabezón y Eduardo Carlos Videla, que harán uso de su derecho antes del inicio de las 220 participaciones testimoniales que posiblemente comiencen el jueves 31 de marzo.

El juicio

La Subsecretaría de Derechos Humanos, a través de la abogada Verónica Bogliano, es querellante en este juicio, el más grande en la historia de la provincia de Buenos Aires conocido como Megacausa Zona V y se estima que podría llegar a durar dos años.

El TOF de Bahía Blanca está integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido y juzgará a 38 imputados: militares y policías acusados por delitos de secuestros, torturas, homicidios, desapariciones, robo de bebés y abusos sexuales, cometidos contra 333 víctimas durante la dictadura cívico militar en el sur de la Provincia de Buenos Aires y la Patagonia

De los 52 imputados iniciales, 12 murieron y dos fueron declarados incapaces, Jesús Salinas y José María Martínez. La mayoría de ellos integraban el V Cuerpo de Ejército, cuya jurisdicción abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y estaba compuesto, entre otros, por el Destacamento de Inteligencia 181, el Batallón de Comunicaciones 181, la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén y el Centro Clandestino de Detención y Tortura “La Escuelita” ubicado en Bahía Blanca.

Además, se juzgarán a dos oficiales de la Policía Federal de Viedma, a un miembro de la Policía bonaerense y al director de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Bahía Blanca, como así también las responsabilidades de un médico y un enfermero del Ejército.

El Tribunal informó que el martes 15 finalizará la lectura de los fundamentos de las responsabilidades de los 38 imputados y el miércoles 23 de marzo declararán 4 imputados. El debate en Bahía Blanca se pueden seguir en el canal de YouTube de la Subsecretaría de Derechos Humanos: www.youtube.com/derechoshumanospba