Suman 42 los organismos públicos de la provincia de Buenos Aires que crearon equipos interdisciplinarios para abordar denuncias por violencia de género. Y son más de 1700 las situaciones de este tipo que se han abordado hasta diciembre de 2021, según las cifras relevadas por la Defensoría del Pueblo de la Provincia.

El trabajo sistematizó los resultados de la aplicación de la Ley 14.893, que se aprobó en el 2017 que establece un régimen de “Licencias para Mujeres Víctimas de Violencia”. El decreto que reglamentó la norma se presentó recién en marzo del 2020, a los pocos meses de iniciada la gestión del gobernador Axel Kicillof y con la creación del Ministerio de Mujeres bonaerense a cargo de Estela Díaz.

Entre los 42 organismos públicos que crearon equipos interdisciplinarios para abordar denuncias de violencia de género están los ministerios de Seguridad, Ambiente, Desarrollo de la Comunidad, Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Finanzas, Producción, entre otros. También la Fiscalía de Estado, ARBA, el Tribunal de Cuentas, el Servicio Penitenciario, forman parte de la lista.

La Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, conducida por Flavia Delmas, es el área encargada de coordinar los espacios institucionales, a través del Equipo de Abordaje de Situaciones Particulares, a cargo de Mariela Garay y Noelia Bilyk.

Hasta diciembre de 2021 se habían abordado 1746 denuncias y se otorgaron 783 licencias, en al menos 10 organismos públicos diferentes, entre ellos la Dirección de Cultura y Educación, el Ministerio de Salud y el de Seguridad.

Una de las novedades que trajo el trabajo en el terreno fue que muchas de estas denuncias referían a situaciones de violencia por razones de género en el ámbito laboral.   

Entre las conclusiones del informe elaborado por la Defensoría se señala que de “los datos analizados surge que ambos organismos, Ministerio de las Mujeres y la Dirección de Personal de la Provincia, dependiente de la Subsecretaría de Empleo Público y Gestión de Bienes del Ministerio de Jefatura de Gabinete, desarrollan herramientas a fin de coordinar interinstitucionalmente el abordaje de la implementación de la Ley. Buscando y generando herramientas y dispositivos de gestión para lograr el acceso a derechos de las trabajadoras de la administración pública provincial”.

“Ambos organismos - agrega el informe - han abordado en sus respuestas el eje de violencia por razones de género en el ámbito laboral, eje que trasciende este relevamiento y que estaba planificado como una segunda fase del mismo. Dada la magnitud y la importancia que desde la administración provincial se le da a esta dimensión de la violencia patriarcal, decidimos tomarlo en el presente trabajo por dos razones. En primer lugar porque aparece permanentemente entrelazado con los objetivos abordados por la ley, a la hora de desarrollar políticas públicas para su implementación. Es decir, se revelan totalmente imbricados y contiguos”.

Y agrega “en segundo lugar porque desde la casuística obrante” en el informe “los casos de violencia de género en el ámbito laboral presentan una arista pública de la situación de subalternización en la que aún, a pesar de los avances legislativos y los esfuerzos realizados desde el Estado, son percibidas socialmente las mujeres y las personas LGTBI+”.

El informe concluye señalando que la Defensoría del Pueblo acompaña: “los esfuerzos realizados por ambas dependencias a fin de desarrollar todas las herramientas para lograr deconstruir en el mundo del trabajo la mirada conservadora del lugar social tradicionalmente asignado a las mujeres y colectivos de la diversidad”.

Informe