Flavio Rapisardi es doctor en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y uno de los autores de investigaciones en torno a la represión de ese colectivo. “Las personas gays, lesbianas y trans vivieron un verdadero calvario de persecución durante la dictadura cívico-militar. Vivieron bajo la lupa de las fuerzas de seguridad que controlaban los distintos territorios”, afirmó el especialista citado como testigo de contexto en el marco de una nueva etapa del juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en las Brigadas de la Policía Bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús.

“La detención podía hacerse con excusas o sin excusas”, precisó, al referirse a los argumentos esgrimidos por las fuerzas de seguridad en las que incluyó Ejército, Policía bonaerense y Federal y Prefectura, que decían aplicar códigos de faltas o contravencionales, que calificó como “mini códigos penales”.

Esta declaración de contexto, en la audiencia número 97 de este juicio, tiene que ver con los nuevos casos que se sumaron al debate oral y público y por los cuales en las pasadas audiencias se realizó una nueva ronda de indagatorias a los imputados. En esta nueva etapa del juicio está incluida la declaración testimonial de Valeria del Mar Ramírez, primera querellante trans en este proceso, que tuvo lugar el 22 de noviembre de 2022.

A partir del libro “Fiestas, baños y exilios. Los gays porteños durante la última dictadura cívico-militar”, que desembocó en otros trabajos en universidades de Estados Unidos y de América Latina, Rapisardi y Alejandro Mordarelli (Editorial Sudamericana, 2004), el testigo de contexto describió las etapas de represión contra ese colectivo, ya desde antes del golpe del 24 de marzo de 1976.

“Es una investigación que llevó cinco años. Hay que entender que la reconstrucción de la historia, los testimonios y el acceso a esa palabra silenciada en personas de 70 años o más no fue una actividad fácil. Hubo que recorrer distintas zonas de la provincia de Buenos Aires (…) Pudimos recabar alrededor de 150 testimonios de cómo vivían estas personas gays, lesbianas y trans bajo la última dictadura militar”, explicó Rapisardi a modo de presentación de dicho trabajo.

Precisó entonces que no se trata de una “investigación estadística sino que es un método indicial: construir una muestra a partir de datos geo-referenciados, edades, clase social y el rango etario. La verdad es un camino infinito pero en ella se avanza”, sostuvo el testigo, licenciado en Filosofía de la UBA y magíster de la Universidad Nacional de San Martín; quien además lleva adelante investigaciones en el área Queer en la UBA, la UNLP y la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

“Muchos de esos testimonios comienzan en 1974, casi después de la muerte de Perón. Durante el año 75, sabemos qué vivía Argentina con la aparición de la Triple A. Comienza a darse la construcción del enemigo interno con la revista ‘El Caudillo’ y una pegatina que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires que decía ‘el árbol de la subversión’ (…) y que en las ramas superiores había una que decía homosexualidad y otra que decía feminismo”, precisó.

Rapisardi citó entonces al sociólogo Daniel Feierstein que habla del “marcage” (o señalamiento) y la posibilidad del exterminio o muerte selectiva. Vemos que a partir de 1975 comienza el ‘marcage’ de esa parte de la sociedad”.

Feierstein habla de tres etapas: marcaje, estigmatización y genocidio o muerte por goteo, puntualizó el testigo. “Nosotros dijimos que esto comenzó antes del golpe con el accionar de la Triple A, es decir el marcage comienza a realizarlo una fuerza paraestatal que tuvo continuidad con la dictadura. En el 75 comienza el marcage como grupo peligroso y en el 76 pasan del marcage a las prácticas (de detención, tortura y asesinato) que fui relatando”, sostuvo.

A lo largo de su minucioso relato, explicó que antes de 1976 existía una “sociabilidad y una circulación pública” que “desapareció a fuerza del terror que infundieron en estas personas, de la persecución y de las razias que se hacían en esa época”.

Aclaró que en el caso de las y los trans, la represión y las prácticas de control “eran mucho más fuertes que el ejercido sobre gays y lesbianas”, y que a ello se sumaba que puesto que “las personas trans cortan (vinculos) con sus familias de forma temprana, nadie intervenía por ellas, nadie presentaba una denuncia”.

Así, en ciudades del conurbano Bonaerense y de Ciudad de Buenos Aires “las fuerzas de seguridad rastrillaban de forma sistemática para producir detenciones que duraron hasta cuatro semanas”, aseguró.

Tras afirmar que fueron “perseguidas y torturadas de manera sistemática”, avanzó sobre la sistematicidad represiva. ¿Qué fue lo sistemático?, se preguntó entonces.

“Lo sistemático es aquello que se repite de manera indicial en todos los testimonios.(…) a partir del año 1976 (…) comienzan a organizar su sociabilidad por circuitos que les otorgaran cierta protección. Esto tiene que ver con el armado de fiestas, parties y baños”, agregó y explicó que así se refiere a una “red de baños de ferrocarriles, de cines de la Avenida de Mayo y de la línea Sarmiento y línea Mitre, donde había baños donde se encontraban gays y lesbianas para hacer intercambios”.

“Era una cultura que se construyó como modo de refugio”, aseveró.

“En sus testimonios se repite una y otra vez que a pesar de la construcción de este sistema de protección, éste fue desestructurado por las fuerzas de seguridad y por el trabajo de inteligencia de las fuerzas de seguridad”, sostuvo y agregó: “Muchos declararon que aparecían muchos hombres que se acercaban con un supuesto interés homo-erótico y luego terminaban reivindicándose como integrantes de las Fuerzas de Seguridad” para detenerlos.

Rapisardi precisó que cuando se refiere a fuerzas de seguridad, están incluidas “Ejército, Policía Bonaerense, Policía Federal, Prefectura e inteligencia para perforar los lugares de sociabilidad de los colectivos LGBT”.

Entre las torturas que sufrían mencionó golpes, insultos, mantenerlos “encerrados en pequeños armarios de pie durante periodos que excedían las 24 horas, tirándoles agua congelada en los pies” y violencia sexual.

“El sistema represivo se ejerció sobre todas las clases sociales, claro que el destino no fue el mismo”, sostuvo antes de indicar que la investigación permitió establecer que la mayoría de los gays y lesbianas eran “de clase media y baja”.

Contó que luego de una redada “aparecieron víctimas de familias encumbradas de la sociedad con apellidos tales como Bunge y Born, Pueyrredón, Belgrano y San Martín y cuando dijeron sus apellidos ante las fuerzas de seguridad no les creyeron y los obligaron a desnudarse y los empezaron a manguerear hasta que aparecieron sus familias”.

Contó también el caso de un periodista del diario La Nación detenido en circunstancias similares que fue sacado de la comisaría por la familia Mitre.

La represión se profundizó en 1978, año del Mundial de Fútbol. “Se produce un recrudecimiento de la represión y de la circulación de gays, lesbianas y trans en la vía pública”, afirmó, y aseguró que la consigna del comisario Luis Margaride, jefe de la Policía Federal en aquel momento era “limpiar las calles” antes del Mundial.

“A partir de ahí se produce una ‘diáspora interna’. Muchos y muchas se van hacia el AMBA y la famosa comunidad del Tigre”, donde no sólo se produjeron muchas detenciones, sino el caso de un muchacho detenido en 1977 que apareció muerto dos meses después.

Rapisardi recordó el esfuerzo infructuoso del rabino Marshall Meyer, integrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) creada por el presidente Raúl Alfonsín (1983-89) para que ese órgano considerara las “torturas específicas” de que habían sido objeto gays, lesbianas, personas de origen judío y otras con discapacidad. “Sin embargo en la CONADEP no quisieron dejar nota de la identidad de género” de las víctimas.

Debido a la estigmatización, dijo que “no se puede hablar de números exactos” de víctimas dentro del colectivo LGBT, que se extendió por Buenos Aires, ciudad y provincia, por Córdoba, Tucumán y Rosario, por citar algunos lugares concretos del país.

Consultado por la Fiscalía acerca de algún documento o carta que circulara en aquel momento denunciando las violencias que sufría el colectivo LGBT, Rapisardi respondió que “hay un texto de Néstor Perlongher” en ese sentido. Perlongher tuvo que exiliarse, perseguido, en Brasil en 1977. En su libro de poemas titulado ‘Cadáveres’ “da cuenta de lo que ocurría en la Argentina”, precisó.

El abogado querellante Claudio Yacoy, que representa al municipio de Avellaneda, solicitó al Tribunal que admita como documentación materiales mencionados por el testigo.

 

“Chiche” el albañil secuestrado en San Justo

José Antonio Cáceres tenía 22 años. Estaba casado con María Cristina Mena. Vivían en el Barrio 20 de junio, en San Justo, partido de La Matanza. Tenían tres hijos, dos nenas, Leila y Erika de 8 y 4 años y José Pablo, de apenas unos meses.

José Antonio era albañil. Había nacido en Villaguay, provincia de Entre Ríos. “Tenía un sobrenombre que era ‘Chiche’”, afirmó el martes su hijo menor al declarar ante el TOF Nº1.

“Le encantaba leer. Amaba los relojes. En el momento del secuestro, estaba yendo a una relojería a buscar un reloj”, contó José Pablo, con la mirada triste, al hacer una descripción de quién era su papá, que pudo reconstruir de alguna manera a partir de su adolescencia.

“Hacían trabajos barriales, ollas populares, siempre para ayudar en el barrio”, contó en la audiencia.

José Pablo había nacido el 6 de febrero de 1976. Meses después, exactamente el “martes 16 de noviembre de 1976” se produce el secuestro de su padre.

“El había salido de casa, a unas pocas cuadras. En la calle Pedro León Gallo 3674 en San Justo. Hubo varios testigos que contaron cómo había ocurrido el secuestro. El había entrado a esa galería y lo secuestran ahí. Sé que fueron varias personas”, indicó.

 

“Le pegaron y lo llevaron arrastrando hasta el auto” y agregó un elemento importante para determinar en qué centro clandestino estuvo secuestrado. “En el momento del secuestro, era la primera vez que salía de casa después de haber sido operado de apendicitis”, precisó.

Tras el secuestro, la patota lo llevó a “15 cuadras (…) donde vivía la madrina de su hermana menor.  Entraron a la fuerza a la casa, lo bajaron y no lo habían reconocido de cómo lo habían golpeado. No sé qué paso en esa casa. No sé el tiempo que estuvieron allí y se lo llevaron”, agregó.

“De ahí en adelante, nunca más se supo de él. Mi abuela lo empezó a buscar por todas las comisarías. La mandaban de un lado a otro, incluso por información tenía que pagar. En realidad siempre fue información falsa”, aseguró.

Pero la pesadilla no terminaría allí. “El 3 de febrero de 1977, antes de que yo cumpliera el primer año (…) Ya vivíamos en Gregorio de Laferrere. Mi mamá salió en la bicicleta conmigo y mi hermana mayor. La secuestran a ella, nos llevaron a los tres” pero a los 30 días sus abuelas “nos pudieron recuperar”.

Ahora estaban las dos abuelas recorriendo comisarías. “En ese momento mis dos abuelas decidieron que yo me iba a ir con mi abuela paterna y mis dos hermanas con mi abuela materna. Nos separaron”, dijo José Pablo al Tribunal sin poder ocultar su pesar por aquella decisión.

A los 7 años de edad supo lo que había pasado con sus padres. Pero recién siendo adolescente pudo empezar a hablar con personas que habían conocido a sus padres para que le contaran quiénes habían sido. “Me contaban lo querido que eran, lo humilde que eran y siempre tratando de ayudar”, afirmó.

“Mi infancia y mi adolescencia fueron tristes, bastante depresivo. De chico yo sabía que algo estaba mal. Sentía un vacío de no haberme criado con mis padres”, agregó antes de asegurar que su abuela “que falleció hace dos años, nunca pudo recuperarse de la pérdida de su hijo”.

 

Sobreviviente del Pozo de Quilmes

“Todo comenzó el día 15 de septiembre de 1977 cuando volvía a mi casa a las nueve de la noche, estaban las fuerzas de seguridad esperándome. Ya tenían secuestrado a mi compadre, Alberto Romero Mesa. Ahí nos ataron, nos vendaron y nos sacaron. Nos llevaron caminando unos 30 metros hasta unos autos que tenían, Renault y Falcon. De ahí fuimos hasta Quilmes. Llegamos al Pozo de Quilmes”, sostuvo Humberto Sartirana, sobreviviente de ese centro clandestino de secuestro, tortura y exterminio.

La patota que irrumpió en su casa estaba de civil, precisó.

“Nos bajaron y me pusieron contra una pared. A mi compadre no lo vi más. Me pegaron trompadas y me pasaron la picana por la cara y los ojos”, contó al Tribunal al referirse a esas primeras horas en el Pozo de Quilmes, donde permaneció 20 días “en una celda chica, toda cerrada y de cemento que siempre estaba mojada”.

“Dijo que allí se encontró con un ex trabajador de la Peugeot de apellido Mali.  Estuvimos sin comer, sin beber, orinábamos en un tarro de lavandina y eso era lo que tomábamos”, aseguró antes de afirmar tajante: “nosotros no éramos una organización armada, éramos trabajadores comunes que defendíamos nuestro trabajo”.

Humberto tenía 35 años y era operario en la Fábrica Argentina de Engranajes (FAE), donde participaba en tareas de apoyo de la comisión interna. Pertenecían al sindicato SMATA y fuera de la fábrica “teníamos un grupo de base peronista”.

Romero Mesa tenía una deficiencia en el brazo izquierdo. Era profesor en frente de su casa.

De Quilmes los trasladaron al Pozo de Banfield, donde permanecieron otros 20 días y de allí a la Comisaría 3ra, donde pasaron otros 15 días. “Ahí nos trataron mal. Ahí le vi la cara a todos. Eran policías”, aseguró.

Fue allí donde supo que había gente de Moreno, y una familia entera de apellido Fernández que tenía una carpintería grande. Fue liberado en noviembre del mismo año.

 

Un testigo de aquella militancia territorial

Héctor Fernández empezó a militar en Villa Insuperable en un local que se llamaba “Mártires de Trelew”. “Había una villa grande, ahí hacíamos los campeonatos Evita y cuando vino el 75 y había la posibilidad de elección, tratamos de organizar el Partido Peronista Auténtico. Ya conocía a los compañeros, pero ahí nos fuimos conociendo más en los espacios de debate, en el barrio”, aseguró.

Fue en esos espacios donde Fernández conoció a varios trabajadores de La Matanza secuestrados con días de diferencia, que pasaron por “El Infierno” de Lanús. Así recordó a Jorge Congett apodado “el abuelo” porque para los más jóvenes era mayor.

“Yo lo conocí a principios de los años 70, 72, 73, en época de militancia política territorial. (…) Sabía que era trabajador municipal y que trabajaba en la asistencia social en algunas villas de la zona. Yo calculo que tendría cerca de los 40 años. Ya tenía chicas grandes. Era una persona mayor comparado con nosotros”, recordó.

También mencionó a “Ricky” Chidíchimo. “Cuando formamos el Partido Peronista Auténtico, él era tambien parte del grupo” y a Héctor Galeano, trabajador telefónico que vivía en Villa Constructora.

De Gustavo Lafleur a quien mencionó como “Chicho”, recordó que estaba relacionado con el frente sindical y que “era un hombre con mucha experiencia”.

José Rizo fue otro de los trabajadores del grupo secuestrados por esos días. Vivía en La Tablada. “Creo que era delegado en una fábrica de transformadores que estaba al lado de la metalúrgica Santa Rosa”. Rizo “era un hombre de lucha”, sostuvo.

Santos Rodríguez “era compañero del barrio” y “había sido delegado en varios lugares”. Cuando fue secuestrado trabajaba en la fábrica de electrodomésticos Yelmo. Le decían “Beto”. Aseguró que según supo mucho tiempo después, en “El Infierno” le decían “cuotita” por las cuotas para comprar artefactos de esa marca.

Con el apodo de “Chiche” se refirió luego a “otro compañero de apellido Cáceres”. “Era de la zona de Isidro Casanova y era trabajador de la construcción. “A él lo conocí en el 74, 75. Creo que venía de Entre Ríos, Corrientes”.

Pablo Szir “era un hombre comprometido con la organización Montoneros”, recordó Héctor.  Szir era “conocido” en el territorio. La mayoría de estas víctimas, permanecen desaparecidos.

 

Nora, la compañera de Blaquita en el gremio docente de Berazategui

Nora Lidia Pereyra era compañera de Blanquita Ortiz de Murua. Se habían conocido en 1965 en el colegio secundario. Volvieron a encontrarse en 1970. Ya eran maestras y decidieron organizar una agrupación de docentes peronistas que luego sería la Asociación de Educadores de Berazategui (AEB).

“Cuando nos volvimos a encontrar nos empezamos a organizar en una agrupación de docentes peronistas. Éramos todas mujeres. Nos ayudaba Lucho, que también está desaparecido”, contó Nora al Tribunal Oral Federal Nº 1.

Para 1974, Blanquita era la “secretaria general del sindicato”. Y también eran blanco de persecución de la ultraderecha paraestatal peronista armada Triple A.

En 1975 Nora se fue a Formosa. Cuando al año siguiente volvió al conurbano para ver a sus padres, supo que a “Blanquita se la habían llevado (…) los padres nunca la encontraron”.

Lucho, en realidad Luciano Sinia, que además de compañero era pareja de Blanquita, sería secuestrado en 1977.

El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la policía bonaerense de Banfield, de Quilmes y de Lanús, conocida como “El Infierno”, con asiento en Avellaneda, es resultado de tres causas unificadas en la causa 737/2013 De los 18 imputados iniciales, sólo quedan 12, incluyendo a Horacio Luis Castillo, imputado agregado en esta etapa del debate oral y público. Desde el inicio del juicio, el 27 de octubre de 2020 murieron tres: Miguel Ángel Ferreyro, Emilio Alberto Herrero Anzorena y Miguel Osvaldo Etchecolatz, símbolo de la brutal represión en La Plata y en la provincia de Buenos Aires.

Este debate oral y público por los delitos cometidos en las tres Brigadas, que se desarrolló básicamente de forma virtual debido a la pandemia de Covid-19, ha incorporado en los últimos meses algunas audiencias semi-presenciales.

Por esos tres CCD pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas de ellas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 450 testigos prestarán declaración en este juicio. El  Tribunal está integrado por los jueces Ricardo Basílico, que ejerce la presidencia, junto a Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero.

La próxima audiencia, en formato virtual, se realizará el martes 21 de marzo a las 8.30 horas.

 

Nota realizada por Gabriela Calotti de Diario Contexto  y publicada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires por convenio con el portal de noticias.