El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, a cargo del juez Roberto Falcone, dio inicio ayer al juicio de la causa que tiene como imputados a las hijas y el hijo del fallecido Leonardo Miguel Save, integrante de “la banda de Aníbal Gordon”, organización paramilitar que actuó como patota del CCD conocido como Automotores Orletti, y que está probado su funcionamiento y la responsabilidad de los integrantes en más de tres sentencias judiciales como grupo inorgánico de la SIDE.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, junto al Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), es querellante en esta causa donde se investiga el lavado de activos llevado cabo por las personas imputadas María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María Save, hijas e hijo del represor Leonardo Miguel Save.

El caso llegó a debate oral y público luego de que la Cámara Federal de Apelaciones, en sintonía con el planteo del Ministerio Público Fiscal (MPF), rechazara la aplicación del instituto de la reparación integral para declarar extinta la acción penal.

El MPF los acusa de haber realizado maniobras para registrar e incorporar al mercado legal a su nombre terrenos adquiridos en Chascomús con dinero procedente de delitos de lesa humanidad perpetrados por su padre y otras personas, en 1976 a una víctima del terrorismo de Estado.

Muchos de los detenidos en el CCD Automotores Orletti se llevó a cabo en el marco del siniestro Plan Cóndor, por lo cual fueron detenidos numerosos ciudadanos uruguayos como Alberto Cecilio Mechoso Méndez.

Alberto militaba en el Partido por la Victoria del Pueblo de la República Oriental del Uruguay y, al momento de su secuestro, tenía en su poder una importante suma de dinero- entre 2 y 8 millones de dólares- perteneciente a dicho partido político.

Cuando los secuestradores tomaron conocimiento de dicho capital, fueron a la casa de Alberto, amenazaron a su familia y les sustrajeron una parte de ese dinero que luego utilizaron para comprar terrenos en Chascomús. Para todo eso realizaron muchas maniobras fraudulentas que tienen que ver con la imposición de nombres falsos, poderes falsos otorgados, la intervención de escribanos y de personas supuestamente existentes, que hicieron la transferencia de unos a otros.

La familia de Mechoso Méndez sobrevivió y fueron llevados a Uruguay, pero Alberto Mechoso Méndez fue asesinado, introducido en un barril con cal y arrojado al Rio de la Plata en la zona de San Fernando. Allí fue encontrado unos meses después, enterrado como NN e identificado en 2009 por el EAAF.

Ahora, lo que se está investigando en esta instancia es importante porque uno de los objetivos de la dictadura cívica militar fue imponer el modelo económico neoliberal y también la desapoderación de los bienes de militantes de facciones políticas que buscaban construir una sociedad más justa y equitativa.

En este sentido, desapoderar de los activos que se hicieron a través de los delitos de lesa humanidad perpetrados por los represores, también busca desbaratar este accionar económico, donde los genocidas actuaron en las fuerzas represivas, se apropiaron de los bienes de las personas que desaparecían y luego los descendientes llevaron a cabo operaciones fraudulentas para blanquear, como en este caso en el 2008, la compra de terrenos.