Les abogades querellantes del colectivo Justicia Ya solicitaron que los 12 imputados en el Juicio Brigadas sean condenados a prisión perpetua por genocidio y subrayaron el “peligroso avance de sectores” que niegan ese delito y reivindican el accionar represivo de la dictadura cívico-militar-eclesiástica desde la cúspide misma del poder, y agregaron el pedido de cárcel común y efectiva.

“Queremos ser categóricas: a una parte de la sociedad civil de nuestro país, le fue negado el derecho a la vida y a la integridad física por formar parte de un grupo nacional que se organizaba y luchaba para transformar de raíz esta sociedad”, afirmaron en su alegato las tres abogadas, Luz Santos Morón, Pía Garralda, Carolina Vilchez y el abogado Nicolás Tassara, que alternaron sus exposiciones en la audiencia número 137 que tuvo lugar el viernes 8 de marzo de 2024.

“Venimos a alegar por genocidio y porque fueron 30.000”, sostuvo Santos Morón.

Tal como reclamaron en otras causas y en el inicio de este juicio, insistieron en que “los hechos aquí tratados ocurridos en los Pozos de Banfield, de Quilmes y ‘El Infierno’ de Lanús no son delitos aislados, son parte de un plan sistemático de exterminio, un genocidio que se llevó a cabo como parte de un proyecto económico, político y social que tenía como objetivo cambiar la estructura del país, disciplinar y explotar aún más a la clase trabajadora y redoblar las ataduras con los países imperialistas”, sostuvieron en otro tramo de este último alegato acusador que expusieron ante el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata en presencia además de sobrevivientes y familiares.

Los denominados Pozos, en realidad centros clandestinos de secuestro, tortura y exterminio, funcionaron entre 1974 y 1979 en las Brigadas de Investigaciones de la Policía Bonaerense en las localidades de Banfield, Quilmes y Lanús.

Los cuatro letrados del colectivo Justicia Ya, en nombre de diferentes organizaciones y de afectados particulares, acompañaron la lectura de su alegato con fotografías de dos sobrevivientes ahora fallecidas como Adriana Calvo y Nilda Eloy, de la también ahora fallecida María Isabel Chorobik de Mariani ‘Chicha”, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, dos carteles con la leyenda  ‘Son 30.000 FUE genocidio’ y un pañuelo verde y otro naranja, para ilustrar su posicionamiento político-ideológico en el Día Internacional de la Mujer trabajadora (8M).

Al argumentar su pedido al Tribunal para que aplique condenas en función del delito de genocidio, aclararon que si bien no está incorporado al Código Penal, “esto no implica que ese delito no haya sido incorporado al plexo argentino”. Y en ese sentido subrayaron que el “delito de genocidio fue incorporado el 9 de enero de 1956 en el artículo 118 de la Constitución Nacional y en artículo 75 inciso 22 de la reforma constitucional del 94”.

Tras considerar que “el Poder Judicial no puede omitir las obligaciones que contrae el Estado”, afirmaron: “señores jueces, deben calificar los ilícitos y aplicar la convención para la prevención y sanción del genocidio a los hechos que se juzgan en esta causa” y consideraron que los 12 imputados deben ser condenados como “coautores” de dicho delito. Recordaron que tribunales argentinos emitieron condenas por genocidio en más de 26 causas, entre éstas la Causa Etchecolatz o Fuerza de Tarea 5.

Consideraron que “los imputados actuaron dolosamente” y que “cumplieron roles distintos dentro de un mismo aparato genocida”. Para que no quedara duda alguna retomaron un párrafo de la sentencia dictada en 2007 en esta misma sala de audiencia contra Christian Federico Von Wernich, ex capellán de la policía bonaerense.

“Es tan autor el que enchufa el cable en la pared, como el que enciende la radio para que no escuchen los gritos, el que pasa la picana por los genitales de la víctima o el que llega después para aconsejarle que no hable para no ser torturado nuevamente”, sostuvieron y reafirmaron que “estamos ante el crimen de crímenes, el genocidio”.

Esta querella estuvo acompañada en su alegato por Elsa Pavón, una de las primeras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Teresa Laborde, hija de Adriana Calvo, Pablo Díaz y Nora y Marta Ungaro, hermanas de Horacio, uno de los estudiantes secundarios secuestrados el 16 de septiembre de 1976.

El, Claudio de Acha, Daniel Racero, Francisco López Muntaner, María Clara Ciocchini y María Claudia Falcone estuvieron en cautiverio en el Pozo de Quilmes, que comandaba Juan Miguel Wolk y su segundo Enrique Barre. Los siete estudiantes permanecen desaparecidos.

 

El negacionismo en la cúspide del Estado

“El devenir político de nuestro país hace que el alegato que vamos a desarrollar (…) transcurra en medio de un peligroso avance de sectores que niegan el genocidio y reivindican a la dictadura cívico-militar-eclesiástica”, sostuvo Santos Morón al iniciar el alegato. “Esta nueva embestida obliga a remarcar la importancia de estos procesos en los que buscamos verdad y justicia. Verdad y justicia que sirve para seguir tejiendo una memoria que sea una barrera que impida los hechos atroces sufridos por las víctimas”, enfatizó.

La letrada remarcó que “no fue fácil señores jueces llegar hasta acá. Los poderes del Estado pusieron énfasis y esmero en perpetuar la impunidad con auto amnistía, leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el famoso el dos por uno, juicios fragmentados a cuentagotas contra pocos genocidas y por pocos compañeros y compañeras”.

“Si estamos acá es por la lucha de los organismos de derechos humanos, de las organizaciones sociales, los sobrevivientes y familiares (…) contra la impunidad de los crímenes cometidos desde el aparato del Estado”, afirmó la letrada.

También reivindicaron su alegato en nombre de Jorge Julio López “habiendo pasado 17 años de impunidad” desde su segundo secuestro y desaparición, perpetrado el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz era condenado a prisión perpetua en La Plata en el primer juicio oral tras la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Santos Morón reclamó la apertura de los archivos oficiales de la represión estatal y se preguntó por qué no se utilizan las plantillas de personal de las Brigadas y se investiga a la totalidad de los agentes que formaron parte de esas reparticiones donde funcionaron CCD.

Subrayó entonces la minuciosa tarea que durante décadas llevó adelante Adriana Calvo para reconstruir “la lógica del sistema represivo”. Y lamentó que Calvo no haya podido ver ninguno de los juicios en los que se ventiló su caso.

Recordó que Nilda Eloy reconoció en el Juicio por la Verdad en 1998 la voz de su violador Miguel Ángel Ferreyro, imputado en este juicio pero que murió impune en octubre de 2021 y en ese sentido denunció, como han hecho todas las querellas, la denominada “impunidad biológica” que permitió que represores se fueran de este mundo sin condena alguna y otros ni siquiera procesados.

Para ilustrar aún más que la justicia que llega tarde no es justicia, la letrada precisó que en estos años de audiencias “hemos constatado que el 25% de los testigos propuestos, fallecieron, un enorme número no se encuentra en situación de declarar ya que estos hechos ocurrieron hace casi 50 años. ¡Medio siglo, señores jueces!, enfatizó Santos Morón.

Acto seguido advirtió sobre el avance del negacionismo desde la cúspide misma del Poder Ejecutivo Nacional. “Vivimos en tiempos donde se avanza fuertemente en borrar el genocidio”, sostuvo.

“El gobierno actual no sólo lo niega y reivindica la dictadura sino que se ocupa de no dejar dudas sobre ello, recorriendo cuarteles, con el mismo lenguaje fascista de aquellos años como lo ha hecho la vicepresidenta semanas pasadas hablando del ‘sucio trapo rojo’ o el presidente que negó una vez más a los 30 mil en el acto de apertura de sesiones del Congreso de la Nación”, subrayó.

“Milei nombró nada menos que a Alberto Presti como jefe del Ejército, hijo del genocida Roque Carlos Presti, y si bien ningún hijo es responsable de los crímenes de su padre, el actual jefe del Ejército jamás repudió lo hecho por él, como sí hicieron muchos hijos e hijas de genocidas”, aclaró.

“Presti padre estuvo a cargo de centros clandestinos de detención de La Plata como el caso de ‘La Cacha’, fue jefe del área operacional 113, jefe del Regimiento VII de Infantería de La Plata,  y responsable del ataque a la casa de calle 30, donde entre los cinco asesinados está la mamá de Clara Anahí Mariani que fue apropiada cuando tenía solo tres meses de edad”, se explayó.

“Presti fue uno de los que interrogó a Adriana Calvo” en cautiverio, sostuvo.

“Durante 40 años los sucesivos gobiernos se negaron a juzgar a los responsables civiles del genocidio (…) para seguir sosteniendo la impunidad de los actores económicos que se beneficiaron con la sangre de nuestro pueblo. Hoy la estamos pagando ya que son los mismos sectores impunes que propician y se benefician con este plan económico con más del 60% de pobreza y con más de 7 millones de personas bajo la línea de indigencia en nuestro país”, indicó Santos Morón.

 

Los pro y los contra de este juicio

Aunque valoró el hecho de que este juicio comenzara en medio de la pandemia por Covid 19, lamentó que esa situación pusiera a “represores y víctimas en un mismo plano en la pantalla” y recordó a los testigos que debieron declarar de forma virtual, muchos en soledad. Algunos pudieron hacerlo de forma presencial, pero ya casi concluida la pandemia. Este juicio “fue fragmentado y parcial”, entendió.

Rescató sin embargo que este juicio permitió buscar a una compañera embarazada de la cual no se tenía registro y “como consecuencia buscamos a un niño más”; muchos compañeros conocidos solamente por sus apodos ahora tienen nombre y apellido; “muchos pudieron reconstruir algo más de lo sucedido con sus seres queridos”, saludó.

“En este juicio volvió a quedar en evidencia el rol de la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires), el robo de bebés y el papel ‘del reo Bergés’ en la apropiación de Daniel Santucho”, sostuvo.

“Demostramos la coordinación de fuerzas en la represión a nivel internacional con el nefasto Plan Cóndor (…) y estamos convencidos de que nuestra sociedad necesita no perder ese hilo histórico”, enfatizó.

Justicia Ya adhirió a la materialidad planteada por la Fiscalía y a los planteos sobre la estructura y funcionamiento de los CCD Pozo de Banfield, Quilmes, Lanús y San Justo. Asimismo adhirieron a los planteos sobre las condiciones de detención inhumanas de las víctimas.

 

Las víctimas no fueron elegidas al azar

Para fundamentar su pedido de condenas por genocidio, les abogades de Justicia explicaron pormenorizadamente las características de ese delito en cuanto a la conformación de un “grupo nacional” determinado por para del Estado opresor que decide que debe ser exterminado.

“Las víctimas de este juicio que fueron secuestradas, torturadas, abusadas, asesinadas y desaparecidas y algunas liberadas no fueron elegidas al azar.

Conformaron un grupo determinado por el Estado represor” y precisó que ese enemigo era considerado subjetivamente por el aparato genocida como “el delincuente subversivo”.

Al referirse entonces a quiénes fueron incluidos en ese grupo a exterminar indicó que reunía a trabajadores, estudiantes, hombre sy mujeres de sectores medios, religiosos comprometidos con los pobres, organizaciones políticas, culturales, estudiantiles y “potencialmente refractarios al proceso de reorganizacion nacional”.

“El aparato represor impartió directivas para que las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y el aparato burocrático pudieran detectar, seleccionar, caracterizar, secuestrar a quienes consideraba su oponente” y como ejemplo de ello dijo que mediante tareas de inteligencia desde el aparato estatal procedieron a la “identificación de zonas industriales donde se producían, según el plan del terrorismo de Estado, los mayores actos ‘subversivos’: Capital Federal, Gran Buenos Aires, Gran La Plata y región ribereña Río de la Plata y Córdoba.

“La mayor parte de las víctimas fueron seleccionadas”, declaró la letrada citando una frase del sociólogo Daniel Feierstein.

“Hoy se afirma que dos tercios de las víctimas son trabajadores”. La dictadura continuó y profundizó la violencia política iniciada por grupos paraestatales, para frenar la creciente conflictividad laboral a la luz de comisiones internas que reclamaban mejoras salariales y condiciones laborales frente a la cercanía de la burocracia sindical con las empresas. En 1974 hubo más de 1.000 huelgas.

Aquello ocurría en plantas siderúrgicas, en las grandes automotrices, en ingenios azucareros, en alimenticias como Molinos Río de La Plata, en varios astilleros. En metalúrgicas, en frigoríficos y en medios de comunicación.

A su turno Pía Garralda mencionó con nombre y apellido el grupo blanco de genocidio que fue caso en este juicio, trabajadores fabriles y trabajadores docentes y estudiantes y superior. El 20% de los detenidos-desaparecidos eran estudiantes.

La abogada describió entonces la represión desatada contra el movimiento estudiantil en 1974 tras el nombramiento de Oscar Ivanisevich como ministro de Educación de la Nación y su decisión de intervenir las universidades. En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) el punto de inflexión de la violencia política fue el asesinato de Rodolfo Achem y de Carlos Miguel, el 8 de octubre de ese año, por parte de la Concentración Nacional Universitaria (CNU, brazo armado universitario de la Triple A), una organización paraestatal de ultraderecha peronista.

 

Delitos sexuales y persecución al colectivo travesti trans

Respecto de las disidencias sexuales y de género, esta querella adhirió a lo planteado por la Fiscalía y la querella de Germán Camps, quien representó a Valeria del Mar Ramírez, sobreviviente perteneciente a la comunidad travesti trans.

“Los genocidas, además de haber sido secuestradores, torturadores, asesinos, fueron violadores y tienen que ser condenados por estos delitos”, sostuvo Santos Morón, quien solicitó al Tribunal que visibilice claramente la persecución de que fue víctima ese colectivo.

“Decimos que ya no caben dudas: que las violaciones, los abusos sexuales no eran una excepción individual ni solitaria (...) Fue una práctica uniforme y sistemática que se aplicó en todos los centros clandestinos de nuestro país, como lo demuestran miles de testimonios que se escucharon en juicios que se llevaron a cabo en Neuquén, Chaco, Capital Federal, Tucumán, La Plata, Mendoza, Córdoba, La Pampa y Santa Fe”, agregó luego Vilchez.

“Durante el juicio conocimos datos y detalles que no se conocían. Llevó muchos años admitir” que estos delitos no debían ser integrados genéricamente en las torturas, sino que debían ser juzgados como delitos de lesa humanidad por si mismos, agregó, antes de aclarar que pese a ello “el número de condenas por estos delitos son mínimos: sólo el 4% de los genocidas fueron condenados en nuestro país por delitos sexuales”.

“En este juicio no quedaron dudas de que las mujeres, los cuerpos feminizados y los varones, desde que eran secuestrados hasta su liberación o muerte (…) no ejercían ningún dominio de su cuerpo. Sólo existía la voluntad de los torturadores”, afirmó.

Tras considerar que cada uno de esos actos se llevó a cabo con “absoluto conocimiento” por parte de los perpetradores, solicitó al Tribunal que los imputados “sean condenados por el delito de genocidio, teniendo en cuenta la violencia sexual dentro de este marco”.

 

Imputados: delitos y pedidos de condena

Justicia Ya solicitó que los 12 imputados, entre estos siete militares, cuatro policías bonaerenses y un civil, sean condenados a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Para todos pidieron en primer condena por los delitos de privación ilegal de la libertad y desaparición forzada. También contemplaron los delitos de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple, sustracción, ocultación y retención de menor de 10 años, homicidio calificado con alevosía, desaparición forzada agravada por muerte. En algunos casos agregaron el delito de aborto forzado y trabajo esclavo.

 

Federico Antonio Minicucci, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Roberto Armando Balmaceda, Jorge Héctor Di Pasquale, Carlos María Romero Pavón, Alberto Julio Candioti, Jaine Lamont Smart, Jorge Antonio Bergés, Juan Miguel Wolk, Enrique Augusto Barre y Luis Horacio Castillo.

A medida que solicitaban la condena, la transmisión de La Retaguardia mostraba a los imputados que aparecían en el zoom de la audiencia. Todos excepto uno, están en sus hogares gozando del beneficio de la prisión domiciliaria. El único que está en la cárcel es Di Pasquale, quien mientras se leía el pedido de condena bostezaba o se dormía; Lamont Smart conversaba con alguien que estaba a unos metros en su misma habitación y Castillo negaba levemente con la cabeza.

Respecto del cumplimiento de la pena, Vilchez reclamó que sean “de cumplimiento efectivo en cárcel común” porque “no corresponde ningún tipo de beneficio para quienes cometieron el crimen más grave de todos”. Hizo hincapié en que “la falta de control de las prisiones domiciliarias es innegable” al considerar que “los antecedentes sobre el descontrol en el fuero federal ya tiene varios capítulos”.

Recordó el arsenal hallado en la casa de Miguel Osvaldo Etchecolatz cuando estaba en domiciliaria. Etchecolatz, imputado inicialmente en este juicio falleció impune por los delitos en estos centros clandestinos aunque sobre él ya pesaban nueve condenas a perpetua por otros juicios. También recordó la fuga de Wolk, jefe del Pozo de Banfield, de su casa marplatense, o los paseos en bicicleta que hacía Carlos Hidalgo Garzón, otro imputado en este juicio que murió impune y que supuestamente tenía prohibidos.

La letrada reclamó por la seguridad de los testigos y testigas, las amenazas en su contra y subrayó la segunda desaparición de Jorge Julio López.

Reclamó que se revoquen las prisiones domiciliarias, que se investigue la plantilla completa de personas que se desempeñaban en cada una de las Brigadas; que se desafecte la Brigada de San Justo y que se preserve el sótano del Pozo de Banfield que está “permanentemente inundado”.

Para concluir el alegato, Garralda, en nombre de este colectivo leyó un homenaje a las víctimas que dice así: “En tiempos donde nos invitan a olvidar y ser sumisos, en tiempos de mirar para otro lado, en pozos donde entierran a la historia, nos sabemos unidos y hermanados. En tiempos donde hablan de la libertad y no la escuchan porque ella es hija de los que luchan, nunca de los que creen en el Dios mercado. Entiendan que no hay libertad posible si en la panza de nuestros niños y niñas hacen ruido las tripas de los desolados, si sigue habiendo cuerpos que duermen sobre cartones. Sepan ustedes señores que con nuestro hambre no contribuirán a construir sus imperios”.

Levantó entonces la voz y reclamó junto con el público presente “¡Cárcel común y perpetua para los genocidas! ¡No a las excarcelaciones ni las domiciliarias! ¡No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Son 30 mil y fue genocidio!, exclamó mientras desde los asientos del público se escuchó “30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos, presentes. Ahora y siempre”.

Desde el inicio del debate oral y público, el 27 de octubre de 2020, fallecieron impunes seis imputados.  Más 500 testigos prestaron declaración ante el Tribunal integrado por los jueces Ricardo Basílico, que ejerce la presidencia, junto a Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero.

 

Nota realizada por Gabriela Calotti de Diario Contexto y publicada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires por convenio con el portal de noticias.