Realizamos la apertura del Consejo de Políticas de Género Transversales en la Administración Pública, que reunió a representantes de más de 30 ministerios y organismos descentralizados del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, para acordar la agenda de trabajo 2024. 

Este ámbito es presidido por la ministra de Mujeres y Diversidad Estela Díaz. En esta oportunidad, la apertura del encuentro estuvo a cargo de la subsecretaria de Políticas Transversales de Género, Lidia Fernández, junto a las subsecretarias Laurana Malacalza, Lucía Portos, Mercedes Castilla y la directora provincial Iris Pezzarini. 

El Consejo tiene el objetivo de diseñar y ejecutar políticas públicas dentro del ámbito del Poder Ejecutivo que permitan avanzar hacia la igualdad jurídica, social, cultural, laboral, económica y política de las mujeres y diversidades bonaerenses. En este nuevo ciclo, se pondrá en funcionamiento la Mesa Interministerial de Producción, Trabajo y Cuidados y se dará continuidad a la Mesa Intersectorial contra las Violencias por Razones de Género y a la Mesa de Ley Micaela Bonaerense.

Luego de la apertura, se realizó la presentación de las propuestas de formación en perspectiva de género para las trabajadoras y los trabajadores de la administración pública provincial. En el marco de implementación de la Ley Micaela, se destacó la importancia del Consejo para jerarquizar procesos de formación integrales que nos permitan reflexionar sobre nuestras prácticas laborales cotidianas, para identificar y no reproducir las desigualdades y violencias. Además, se propuso un nuevo instrumento de evaluación para analizar el impacto de esta política pública. 

Durante la primera etapa de gestión, se institucionalizaron 28 ámbitos de género específicos en distintos organismos provinciales. A su vez, 27 organismos forman parte del Plan Igualdad Bonaerense para la Inclusión y la Justicia social (Plan PIBA). También se conformaron 46 equipos interdisciplinarios en el marco de la Ley de Licencias para Mujeres Víctimas de Violencia y 24 organismos descentralizados comenzaron a implementar el presupuesto con perspectiva de género.