Se busca consensuar una norma que permita negociar la compra de más dosis y acelerar el proceso de inmnunización.
El Gobierno bonaerense envió el martes a la Legislatura un proyecto de ley en el que solicita autorización para comprar vacunas contra el coronavirus. La iniciativa, firmada por el gobernador Axel Kicillof, será tratada sobre tablas hoy en la Cámara de Diputados de la Provincia y se espera que la semana que viene se aborde en el Senado.
De aprobarse, facultará al Poder Ejecutivo bonaerense, a través de los ministerios de Salud y Jefatura de Gabinete “a adoptar medidas tendientes a la adquisición de vacunas durante la vigencia de la emergencia sanitaria, declarada mediante Decreto N° 132/2020, ratificado y prorrogado”.
Establece también que los contratos a firmarse deberán tener el aval de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría y la Fiscalía de Estado y, una vez firmados, deberán informarse a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de la Emergencia, que funciona en la Legislatura provincial.
El proyecto explicita que en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, mediante el decreto N° 41 del 2020, se designó el ministerio de Salud como autoridad sanitaria responsable de llevar adelante la vacunación a través de la resolución 629/21 del ministerio de Salud bonaerense y, de este modo, se aprobó el Plan Público Gratuito y Optativo de Vacunación “Buenos Aires Vacunate”, que ya lleva aplicadas 3.554.009 vacunas, que incluyen a más del 95 por ciento del personal de Salud y a más del 84 por ciento de los mayores de 60 años.
En el texto se hace referencia a que el ministerio de Salud de la Nación, mediante la resolución N° 2.883/2020, aprobó el Plan Estratégico de Vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina”, con el objetivo de disminuir la morbilidad, mortalidad y el impacto socioeconómico causado por la pandemia de COVID-19. En ese sentido, Salud tiene la tarea de efectuar la planificación de la vacunación de la totalidad de la población objetivo en forma escalonada y progresiva, de acuerdo con la priorización del riesgo y la disponibilidad de dosis de vacunas.
Dice también que “se presenta como imprescindible dotar al Poder Ejecutivo (bonaerense) de las facultades que resulten necesarias para contribuir a mejorar la disponibilidad de dosis, estableciendo el marco jurídico que demanda esta clase de transacciones en el mercado internacional”.
Se prevé, de este modo, facultar al Ejecutivo a iniciar negociaciones y celebrar contratos (incluyendo la moneda extranjera) que resulten necesarios para la adquisición de vacunas. Con ese propósito se propone admitir legislativamente que tales contratos contengan cláusulas de confidencialidad y condiciones de indemnidad patrimonial.