Se elaboró un protocolo especial para garantizar la ILE, el acceso a métodos anticonceptivos y continuó con la entrega de misoprostol.
En plena crisis sanitaria por Coronavirus, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires puso en marcha una batería de medidas para evitar la expansión de la pandemia y el colapso del sistema de salud, a fin de asegurar la atención médica y la continuidad de tratamientos. El acompañamiento de las personas con derecho a la ILE y el acceso a métodos anticonceptivos fueron reconocidos como servicios esenciales. El ministerio de Salud rápidamente estableció un protocolo para acceder al derecho en contexto de Pandemia.
Por primera vez, la Provincia de Buenos Aires construyó información a través de un sistema de registros con datos sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo: uso de misoprostol, cantidad de prácticas y efectores de salud que la realizan y con ello elaboró el primer informe específico al respecto. Este, reveló que más de 5 mil interrupciones legales de embarazos se realizaron en los primeros seis meses de este año.
La directora provincial de Equidad de Género en Salud, Sabrina Balaña, aseguró que desde el inicio de la pandemia “entendimos que hay servicios que son esenciales y no podían suspenderse o interrumpirse” y subrayó “en especial con la salud sexual, reproductiva y no reproductiva”. La funcionaria provincial destacó que, en particular, es esencial el acceso a la interrupción legal del embarazo porque “es una deuda que tiene el sistema respecto a mejorar y favorecer el acceso a estos servicios que en pandemia podían estar obstaculizados”.
Y explica que para lograrlo se desarrollaron distintos dispositivos que permitieron fortalecer la política de Salud Sexual, Reproductiva y No Reproductiva del Ministerio de Salud a nivel territorial.
En tanto, recordó que cuando asumieron funciones se encontraron con “un programa de Salud Sexual sin información actualizada”, y que al crear la dirección, fortalecieron y fomentaron el desarrollo de políticas territoriales de acceso a la salud sexual y reproductiva que “fueron esenciales en contexto de Pandemia”.
A fin de generar las condiciones necesarias para una atención oportuna, adecuada y segura de las situaciones de esta práctica medica, las Regiones Sanitarias, Hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud fueron fortalecidos con los recursos necesarios: insumos, asistencia técnica y capacitación para los equipos.
Se estableció que la consulta por ILE sea considerada una prioridad: no se pospone, ni se deriva a otro centro del mismo nivel y es una urgencia durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Además, en situaciones que no requieran internación, se recomendó resolver el acceso con una consulta integral y única. Como estrategia para disminuir el tiempo de espera y de circulación en efectores de salud también se entregaron mayor cantidad de anticonceptivos por persona. A la vez, se implementaron nuevas herramientas digitales de comunicación para dar respuesta a las personas usuarias ante dudas, consultas y programar atención en días y horarios específicos.
Resolver la mayor cantidad de atenciones en una sola consulta es el objetivo clave para contribuir a garantizar el acceso y reducir la circulación de las personas que buscan atención en salud, en el contexto de las medidas de aislamiento establecidas para la contención de la pandemia. En ese contexto, la estrategia de trabajo de los equipos de Salud consistió en la evaluación, certificación de causales, ecografía y la entrega de la medicación para luego hacer un seguimiento telefónico o por videollamada.
El primer Informe de Gestión sobre Interrupción Legal del Embarazo de la Provincia que fue presentado hacia fines de septiembre informa también la compra de Misoprostol por un total de 192.084 comprimidos que fueron distribuidos estratégicamente en todo el territorio provincial. En tanto, el 80 por ciento de los hospitales provinciales realizan interrupciones legales y seguras. Se sumaron 87 nuevos establecimientos de salud para realizar interrupciones legales y fueron capacitadas más de 2 mil personas sobre el marco normativo vigente, certificación de causales y procedimientos, entre otras temáticas.
Este trabajo se da en el marco de la adhesión en enero pasado al “Protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, por el gobierno de la provincia de Buenos Aires por medio de la Resolución conjunta Nº 1/2020, junto con el Ministerio de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual.
