Tras medio año de sancionada la ley nacional que legaliza la práctica, el Ministerio la garantiza en 449 efectores que la realizan y con la distribución de más de 17 mil tratamientos de misoprostol en 2021.
Desde el inicio de la gestión el acceso a la interrupción de embarazo fue una política priorizada. Durante el primer año se duplicaron la cantidad de efectores que garantizan el acceso. En el transcurso de los primeros seis meses de aprobada la Ley Nacional N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el Ministerio de Salud bonaerense incorporó 45 nuevos centros de salud y hospitales más para garantizar el acceso al aborto en toda la Provincia; alcanzando así un total de 449 establecimientos que realizan la práctica. Además, entregó este año más de 17 mil tratamientos de misoprostol.
De acuerdo a los datos de la Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud, en diciembre de 2019 sólo el 36% de los 135 municipios bonaerenses garantizaban el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). En la actualidad, sumando a los centros de salud y hospitales en los que se formaron equipos para garantizar el derecho, se alcanzó el 85% del territorio de la Provincia con presencia de establecimientos que realizan IVE/ILE. De esta manera y bajo el objetivo de que todos los distritos cuenten con establecimientos públicos de salud que efectúen la práctica, se amplió el acceso al aborto legal y se redujeron las inequidades entre municipios. Esta estrategia va de la mano con la distribución en todo el territorio bonaerense de más de 36 mil tratamientos de misoprostol, de los cuales más de 17 mil se entregaron durante el primer semestre de este año.
Esta información se obtiene de los registros implementados para generar información para la gestión que reflejan diferentes aspectos del acceso a aborto en la provincia como la identificación y monitoreo de la red de efectores públicos que realizan abortos, la distribución de los insumos, el uso de misoprostol, y las solicitudes de acceso que llegan a través de la línea 0800 de Salud Sexual y Reproductiva de Nación.
Este trabajo de registro de información fue posible gracias al desarrollo de una estrategia de gestión de información priorizada y construida desde la Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud, junto con un equipo de trabajadoras y trabajadores de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, y participación de las referentes de salud sexual y reproductiva de las 12 regiones sanitarias de la Provincia de Buenos Aires, que están encargadas de desarrollar y ejecutar estos procesos, realizar informes y darle seguimiento a cada registro en el territorio.
ACCIONES
Desde el inicio de esta gestión se trabajó para garantizar el derecho a todas las personas a decidir sobre su propio cuerpo. Por esto, y a 72 horas de publicada la Ley N° 27.610 en el Boletín Oficial de la Nación, en enero de este año se presentó la "Guía de Implementación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la provincia de Buenos Aires", con el objetivo de orientar las prácticas del equipo de salud en la atención y cuidado de las personas en situación de interrupción del embarazo.
La Guía complementó lo establecido en el "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)", que fue adoptado también por este Gobierno, y es utilizada en los establecimientos de salud bonaerense. Incluye aspectos técnico-sanitarios y los principios que rigen para el acceso voluntario al aborto, enmarcados en el reconocimiento de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de la población.
De acuerdo a la misma y según lo que establece la Ley IVE, los establecimientos de salud tendrán la obligación de brindar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en un plazo de 10 días corridos desde que la práctica sea requerida por la persona gestante.
Para ello, el Ministerio de Salud en conjunto con otras carteras del Gobierno provincial y los Municipios, trabaja de forma permanente a fin de generar la capacidad técnica para la resolución y la formalización de las redes de derivación para las situaciones que así lo requieran, para que toda persona en situación de aborto, cuente con los recursos necesarios y pueda ser acompañada en sus decisiones y deseos desde el sistema de salud.