Cuatro ex miembros de la organización paraestatal que actuó antes del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976 comenzaron a ser juzgados por crímenes de lesa humanidad.
El lunes comenzó en Bahía Blanca el juicio contra cuatro acusados por delitos de lesa humanidad pertenecientes a la organización paraestatal Triple A, que actuó en esa ciudad entre los años 1974 y 1975. La Universidad Nacional del Sur (UNS) pidió unirse a la querella.
Los cuatro imputados son Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero como integrantes de la asociación ilícita y, una de ellas, (Aceituno) como coautor del homicidio agravado de David Hover Cilleruelo. Todos ellos se negaron a declarar.
A su vez, se ofreció prueba en relación a otros 23 asesinatos que –si bien no fueron adjudicados directamente a los imputados, por falta de prueba sobre los perpetradores directos– sí fueron atribuidos a la asociación ilícita que integraron los acusados.
En ese marco, habrán de prestar declaración testimonial alrededor de 40 familiares de víctimas de homicidio, más un grupo de compañeros de militancia y amigos, entre un total de 147 testigos ofrecidos por la Fiscalía.
De ese total, alrededor de 105 testigos (familiares y militantes, muchos de ellos víctimas también del terrorismo de estado) nunca declararon en relación a los hechos vividos, y prestarán testimonio por primera vez en estos juicios.
La acusación la llevan adelante el organismo de derechos humanos H.I.J.O.S y la fiscalía federal de Bahía Blanca. En la primera jornada de debate que se desarrolló este lunes 9 de marzo pasado, la UNS fue incorporada como “Querella coadyuvante”, que le permitiría querellar pero sin posibilidad de acusar, ni de alegar en juicio, solo con la posibilidad de adherir a lo solicitado por el Ministerio Publico Fiscal.
Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos acompañamos al organismo de derechos humanos que impulsa la querella en el juicio.