Fue debido a la denegación de la Cámara Federal de Casación Penal de dar lugar al Recurso de Apelación Extraordinario Federal interpuesto para revertir la absolución.
Los victimarios habían sido condenados en Primera Instancia en diciembre de 2016, en un juicio y fallo histórico en la búsqueda de justicia por los hechos y crímenes perpetrados por las bandas parapoliciales que también asolaban en el país en los años previos a la dictadura cívico militar.
En esa oportunidad, siete integrantes de la asociación parapolicial Concentración Nacional Universitaria (CNU), que tuvo como epicentro de sus accionar criminal en la ciudad de Mar del Plata, fueron condenados, tres a reclusión perpetua y el resto de los acusados a penas de entre 3 y 7 años. Entre ellos se encontraba el ex fiscal federal, Gustavo Modesto Demarchi, referente principal de la CNU que murió a comienzo del 2021.
Si embargo, en febrero de este año la Sala II de Casación Penal emitió el fallo de absolución a cuatro de los genocidas. Los integrantes de Casación, los jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y la jueza Ángela Ledesma, sustentándose en el principio de la duda, consideraron que no hubo prueba para interpretar que cuatro de los condenados hayan integrado la CNU. Sugestivamente, ese principio solo se ha utilizado a este tipo de delitos y modifican así el standard probatorio que se viene aplicando en las causas de lesa humanidad, llevándolo a su vez a niveles que posibilitan asegurar la impunidad.
A su vez, “tiene un nivel de exigencia para probar, además que analiza todo de manera segmentada con lo cual se pierde de vista el contexto. Además, en muchos casos lo hace de manera ambivalente, es decir hay testimonios que sirven para justificar la condena con respecto a unos, y ese mismo testimonio lo ponen en crisis diciendo que tiene una credibilidad menguada para terminar absolviendo a otros”, expresó el Dr. Manuel Alejandro Marañón, apoderado Querellante Particular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
Ante esto, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en su rol de querellante interpuso el Recurso de Apelación Extraordinario Federal ante Casación Penal que fue denegado el 29 de diciembre de 2022, por lo cual ahora se procedió a interponer el Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.