Reunión de Matías Moreno con familiares de Néstor Costilla
El Juzgado de Garantías había rechazado ese pedido en primera instancia y calificado a los hechos que se investigan como “Homicidio calificado por haberse perpetrado por integrantes de las fuerzas de seguridad abusando de su función o cargo en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público agravado por su comisión por funcionario público con abuso de sus funciones”.
La Subsecretaría de DDHH en su carácter de Querella Institucional acompañó a su hermana Daiana y su madre Yisel a la Sala 1 de la Cámara de Apelación de La Plata, donde fueron notificadas de las detenciones.
Desde la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional y la Dirección de Acompañamientos a Grupos en Situación de Vulnerabilidad se continúa interviniendo tanto en el abordaje psicosocial y afectivo de la familia como en el impulso de la causa judicial.
El Caso
El 7 de octubre de 2020, Néstor “Lito” Costilla, de 28 años y padre de cinco hijos, llevó a un amigo en moto hasta su casa en diagonal 74 y 119. Cuando llegó llamó a su familia para decirle que habían llegado bien y que “pegaba la vuelta”. Veinte minutos más tarde, una vecina llamó al celular de la madre del joven para avisarle que su hijo estaba tirado en la calle 524, entre 120 y 121, a solo cuatro cuadras de su casa.
La primera versión oficial fue que Costilla circulaba a alta velocidad y perdió el control de su moto Honda Wave. Cuando la familia llegó al lugar, los policías Damián Antonio Aquino, Mauricio Rodríguez Medina y Sergio Ceferino Martínez aseguraron que el joven agarró un pozo a alta velocidad y cayó al suelo.
La explicación, sin embargo, no convenció a nadie porque la víctima era repartidor en una parrilla ubicada en el cruce de 120 y 530 y conocía la zona a la perfección.
Al día siguiente, vecinos y testigos le dijeron a la familia que antes del “accidente”, Lito era perseguido por la policía. Su hermana Daiana fue uno por uno a los comercios de la zona, les pidió que le mostraran las cámaras de seguridad y se encontró con que antes de morir Lito había sido perseguido por dos motos de la policía -una con dos agentes y otra con uno- que iba sin luces.
En las imágenes se ve cómo desde la rotonda de 120 salen 2 motos de policía con 3 efectivos en contramano y cuando llegan hasta 525 y 120 apagan las luces de la moto. Lito sigue hasta 122, da la vuelta y se encuentra con que lo estaban esperando. En 524 lo encerraron y ahí es donde estaba su cuerpo cuando su familia llegó. Justo en esa calle no había cámaras, pero sí testigos. Las primeras pericias señalaron que “hubo una fuerza externa contundente que hizo separar el cuerpo de su moto”.
La familia supo entonces que los tres policías de la persecución -identificados como Damián Aquino, Sergio Martínez y Mauricio Rodríguez- eran quienes habían dado aviso de un supuesto accidente. El acta de procedimiento firmada por uno de ellos dice que circulaban en prevención del delito cuando se encuentran en la calle 120 con un NN, que viajaba en una moto sin patente, quien les informa de un accidente en la zona. En la madrugada del mismo día, el efectivo rectifica su declaración y dice se cruzan con el hombre sin identificar en una de las calles aledañas.
Los familiares de Lito detallaron que los peritos detectaron que él iba a 30 kilómetros por hora como máximo, hecho que no se condice con el estado del cuerpo y su distancia de la moto. En ese sentido, tanto el perito oficial de la fiscalía, uno de parte y otro que sumó la familia, coincidieron en que el joven fue golpeado y que los baches existentes en la cuadra no pudieron ser la causa de su accidente. El mismo informe concluyó que una “fuerza externa contundente” lo embistió de derecha a izquierda y que la posición en la que fue encontrada la moto “no es causal del mismo” impacto. Se descartó, además, que los baches de la calzada pudieran ser lo suficientemente peligrosos como para matar a una persona.
En cuanto a la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, dispuso la exoneración de sus cargos a los 3 agentes, por lo que ya no pertenecen a la fuerza policial y son investigados por la Justicia Penal.
Sin embargo, en el caso intervino la UFI Nº 10 a cargo de Carlos Vercellone, y fue caratulada en primera instancia como "averiguación de causales de muerte", sin imputados y con los policías siguiendo en sus funciones a pesar de ser denunciados en Asuntos Internos de la fuerza.
Así, familiares y amigos se movilizaron exigiendo el cambio de carátula del expediente por "homicidio doloso" y a partir de allí, la causa se investiga en la UFI N° 16 a cargo del Fiscal Condomí Alcorta y la Subsecretaría de Derechos Humanos acompaña la estrategia de la familia para lograr la instancia del juicio y se puedan determinar las responsabilidades.
