La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia es querellante en este juicio que tiene 12 imputados en delitos de lesa humanidad cometidos contra 74 víctimas.
Este miércoles 21 de agosto el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Rosario, integrado por Román Lanzón, Eduardo Rodríguez Da Crus y Elena Beatriz Dilario, llevó a cabo la audiencia 12 donde juzga delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar en la jurisdicción del Área Militar 132, que abarcaba gran parte del noroeste de la provincia de Buenos Aires integrado por los partidos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero y Pergamino.
Hace unas semanas, en la audiencia 11 del pasado 8 de agosto, prestó testimonio de modo virtual desde Alemania, donde reside hace muchos años, Pablo Pérez, hijo de Graciela Beatriz Musillo -militante de la Teoría de la Liberación-, y de Carlos Gerardo Pérez, secuestrado por la dictadura cívico militar en noviembre de 1976 en la ciudad de San Nicolás y luego identificado por el EAAF en una fosa común en el cementerio de Avellaneda.
Carlos Pérez tenía 21 años, fue asesinado aproximadamente en febrero de 1977, y junto a sus restos se hallaron los de otras 24 personas. Era oriundo de Pergamino, militaba en la agrupación PRT-ERP y se había mudado a San Nicolás donde convivía con su nueva pareja, Leonor Genoveva Pierro, “Norita”, también desaparecida y militante del ERP. Ambos formaban parte del grupo juvenil cristiano “Emanuel” y cuando se conocieron hacían trabajo comunitario en el barrio Güemes de la ciudad de Pergamino.
Desde Alemania, su hijo Pablo relató que “luego de ser secuestrados, no se los vio más. Mi abuela paterna, Amanda Pérez, con su hermana que la acompañó a todos lados, fue a diversas penitenciarias de Pergamino y de Buenos Aires, participó todas las veces que pudo de las marchas de Madres de Plaza de Mayo cuando pudo viajar con su hermana, pero no pudo saber más nada”.
Y agregó que “obviamente, como para todas las víctimas, la situación era muy traumatizante porque si bien el asesinato de una personas es una cosa aberrante, la desaparición genera incertidumbre y traumas psicológicos muy fuertes que por ejemplo generan, que en el caso de mi familia ha llevado a discusiones entre mi madre y mi abuela, porque mi abuela nunca perdió las esperanzas de que aparezca vivo y mi madre le pidió que no me digas más eso porque me generaba falsas esperanzas y eso me hacía daño”.
“Cuando fui al lugar donde se hallaban los restos, las antropólogas que habían hecho un laburo formidable y fueron muy amables, ofrecieron si queríamos ver el esqueleto y yo dije que sí. Y fue una cosa muy intensa. Extrañamente además de acariciar los restos se me dio por comprar los huesos de mano con la mía para ver la similitud con los míos. Y bueno, llevé la guitarra y le dediqué unas canciones”, dijo muy conmovido Pablo. Y recordó que luego eso le trajo pesadillas donde se veía corriendo por un bosque con una bolsa con los huesos y “sentía que me perseguían, y el miedo en la pesadilla no era el miedo de morir sino que sabía que me querían volver a sacar los huesos, volver a quitármelo. Después de una especie de cuento fantástico, de poder escribirlo, extrañamente pude liberarme de esa pesadilla”.
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En la audiencia 12 llevada a cabo este miércoles 21 de agosto continuaron los testimonios vinculados con hechos ocurridos en Pergamino y escuchamos al sobreviviente Alberto Kippen, quien de modo virtual lo hizo desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Alberto es ingeniero, fue secuestrado en 1975 cuando era Secretario General del gremio APINTA, de empleados de la Estación Experimental INTA Pergamino, y conoció en detalle las torturas, persecuciones y padecimientos que sufrieron las y los compañeros de trabajo del INTA, víctimas en este juicio.
Con respecto a los hechos represivos sufridos por trabajadores, Alberto recordó el asesinato del Ingeniero Carlos Rafael Francisco Llerena Rosas, en octubre de 1974. Carlos era Secretario de Prensa del INTA, militaba también en el Frente de Izquierda Popular (FIP) y fue encontrado muerto en la zona de Ezeiza.
Ese día, Alberto recordó que había sido convocado a una reunión de la Comisión Directiva de gremio en la ciudad de Buenos Aires, “en la calle en la calle Malabia, no recuerdo la dirección, y estábamos funcionando en esa reunión, cuando el empleado administrativo accede al lugar de reunión avisando que había gente, que una persona lo llamaba, que quería hablar con el Ingeniero Llerena Rosas, que también miembro de la Comisión. Llerena Rosas baja para ver qué pasaba, qué necesitaban y el empleado vuelve a subir corriendo diciendo que se lo llevaban, que había gente armada que se lo llevaba a Llerena Rosas. Yo bajé a la calle y al asomarme había un hombre con una metralleta que me hizo señal de que me volviera a meter adentro”.
Luego de ese hecho, en diciembre del 74, Alberto renunció a la Comisión Directiva del gremio porque había sido desvinculado del organismo porque una disposición que había surgido “del orden nacional del gobierno de Isabel Perón, me declaró prescindible, ya que los organismos oficiales podían decretar la cesantía de su personal sin necesidad de expresar justificación alguna”, dijo.
Ya durante el golpe de estado cívico militar de 1976, a la semana de perpetrarse, Alberto fue detenido en Pergamino cuando se encontraba en su vivienda junto a su familia y traslado luego a la Unidad Penitenciaria de San Nicolás, “puedo estar confundido, pero tengo la imagen borrosa que también iba en la camioneta Mabel Golberg”, dijo.
Y agregó que allí fue interrogado, torturado con picana eléctrico en distintas partes del cuerpo. “En el mismo lugar había una radio prendida muy fuerte, supongo que como para tapar las quejas y los gritos”, y luego de nombrar a otros colegas víctimas que estaban detenidas en esa Unidad, como Mario Osvaldo D’imperio y Alberto Golberg, con quien compartió el traslado a Sierra Chica, ante la pregunta realizada por Evangelina Nardone que forma parte de la querella, expresó su interpretación de por qué había sido cesanteado y luego detenido.
“Yo supongo que era básicamente por la actividad que tuve dentro del INTA. La autoridad de la estación experimental donde yo dependía, que era el ingeniero Josipovic, actualmente fallecido, era una persona muy adversa al desarrollo de la actividad gremial…me aplicaron el decreto de Isabel por el cual no hacía falta justificar la cesantía. Así que cesantía en función del decreto tal y buenas noches. Eso entra dentro del terreno de la de las suposiciones, yo supongo que teniendo como tenía, muy buenas calificaciones como profesional, muy buenas relaciones con organizaciones de productores del área, es decir, no había quejas con respecto a mi desempeño, creo que la única razón es la el haber participado de la actividad gremial”.
Finalmente, la fiscalía solicitó incorporar a lista de testigos para la próxima audiencia a Alicia Acevedo, esposa de Kippen, y quedó programada para el martes 3 de septiembre a las 13 hs.