Ante el proyecto de decreto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que intenta establecer de forma independiente los valores arancelarios de las prestaciones, el Consejo Provincial para Personas con Discapacidad manifiesta su rechazo.
El Consejo Provincial para Personas con Discapacidad (COPRODIS) manifiesta su rechazo a la iniciativa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que busca desregular el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
Mediante un proyecto de decreto, el organismo nacional busca que cada organismo financiador determine, de manera independiente, los valores arancelarios de las prestaciones, propiciando así un sistema fragmentado y desigual.
Este accionar, vuelve a atacar los derechos de las personas con discapacidad, y es por esto que expresamos nuestro apoyo y compromiso en la defensa de los mismos, y en proteger el acceso del colectivo a los servicios que necesitan. Las personas con discapacidad tienen derecho a un sistema unificado, coherente y equitativo.
La Ley Provincial 10.592 de la Provincia de Buenos Aires, promulgada en 1988, establece el marco legal para la promoción, protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad en la provincia. La misma se inscribe en un contexto más amplio de normativa nacional e internacional, entre las que se encuentra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que busca asegurar la inclusión plena y equitativa de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social.
En este marco de obligaciones que tienen todos los entes gubernamentales, el COPRODIS se pronuncia en solidaridad con los planteos de diversos colectivos de personas con discapacidad, familias, trabajadores independientes e instituciones. Además, instamos a que se descarte este decreto y se busquen soluciones que prioricen los derechos y necesidades de las personas con discapacidad.
Para finalizar queremos concluir que, para desarrollar medidas relacionadas con el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, es deber del Estado, a partir de las obligaciones asumidas mediante la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, garantizar la participación y la inclusión de las voces de las personas con discapacidad, sus organizaciones y colectivos, en cada etapa del proceso.
Esto es esencial para crear políticas efectivas, justas y sostenibles, ya que no solo asegura el respeto de sus derechos, sino que también enriquece el proceso de toma de decisiones, fortalece la democracia y promueve una sociedad más inclusiva y equitativa.
El COPRODIS es un espacio de articulación y coordinación con los distintos organismos interministeriales y organizaciones civiles involucrados en el desarrollo de políticas intersectoriales orientadas a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad.
