Las conclusiones se desprenden de la última Revisión Tarifaria Integral (RTI) realizada por la Subsecretaría de Energía bonaerense.
La Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos realizó el análisis de la última Revisión Tarifaria Integral (RTI) y del cumplimiento de las inversiones comprometidas por parte de las empresas distribuidoras de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires. El resultado de este informe demuestra que en los últimos años se autorizaron aumentos injustificados de las tarifas de energía eléctrica que no fueron acompañados de responsabilidades de inversión por parte de las empresas.
El informe evidencia que durante el período 2016-2019, las empresas distribuidoras aplicaron ajustes tarifarios que, sumados a la fuerte quita de subsidios a nivel nacional, representaron aumentos en las facturas finales de los usuarios que oscilaron en promedio entre 2.000% y 3.500% en apenas tres años. Sin embargo, este fuerte incremento no significó mayores inversiones en la red de distribución ni ejecución de obras en las instalaciones.
En concreto, a pesar de que el monto reconocido de inversión incluido en las tarifas fue de $12.092 millones, no hubo un cronograma de ejecución de las obras pautadas, ni tampoco procedimientos sancionatorios en caso de incumplimiento de las mismas.
De hecho, en los informes aprobados en ese período sobre el nivel de inversiones, se identificaron errores metodológicos que modificaron los resultados. Esa falta de inversión quedó reflejada en la mala calidad y confiabilidad del servicio que presentó durante los últimos cuatro años numerosos eventos de interrupción del servicio eléctrico.
El fuerte aumento de las tarifas y el bajo nivel de inversión y mantenimiento de la red, tuvo como resultado un crecimiento sostenido de las ganancias de las distribuidoras eléctricas. El extraordinario crecimiento patrimonial, producto de la RTI, tuvo su correlato en el crecimiento de los resultados: las cuatro empresas distribuidoras aumentaron sus ganancias entre 2015 y 2018, entre 498% y 644%.
Los mayores resultados, lejos de destinarse a mejoras en la red se vieron reflejados en el crecimiento sustancial de los dividendos distribuidos, los cuales entre 2016 y 2019 acumularon un monto de 309 millones de dólares.
La falta de control fue otro rasgo distintivo que se analiza en el informe. A partir del abandono durante los últimos cuatro años que sufrió el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), no existió por parte del Estado la implementación de los controles establecidos por la normativa vigente. Sólo se realizaron el 3% de las auditorías técnicas reglamentarias y el 10 % de las comerciales. Tampoco se implementó por parte de la autoridad de aplicación la contabilidad regulatoria, herramienta fundamental de control sobre la gestión de las empresas.
El informe es concluyente: el modelo de tarifas altas para usuarios no significó una mejora en la calidad de la prestación del servicio. Si a eso se suma un Estado que abandonó su función de control y seguimiento sobre la ejecución y la inversión de obras, el resultado fue una ganancia millonaria para las empresas distribuidoras de energía eléctrica y un claro perjuicio para los habitantes de la Provincia de Buenos Aires.