La Subsecretaría participó de un encuentro con la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, integrantes del municipio de Tigre y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La subsecretaría de Derechos Humanos participa junto al Municipio y representantes de la Nación, en la iniciativa que impulsan víctimas y familiares luego de la condena del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín en 2018.
Se trató de una reunión organizativa para llevar adelante el acto de señalización que se desarrollará en la semana de la memoria previa al próximo 24 de Marzo, y será en conjunto entre el municipio de Tigre, y los estados provincial y nacional.
La actividad consistirá en la señalización de la empresa Ford y en la reposición de la placa de señalización en la comisaría 1ra de Tigre. En ambos lugares funcionaron Centros Clandestinos de Detención (CCD) durante la última dictadura cívico militar.
En dicha reunión se trabajó en el consenso para definir los textos que acompañarán los pilares de señalización frente a la empresa y, a su vez se consensuó acerca del texto de la placa de señalización que se repondrá en la comisaría 1ra de Tigre.
Participaron la Comisión Memoria, Verdad y Justicia zona norte, sobrevivientes y familiares de trabajadores de la empresa Ford, organizaciones de derechos humanos locales, el Municipio de Tigre, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense.
El 11 de diciembre de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín condenó a los ex directivos de la empresa Ford Motors Argentina, Pedro Müller, a 10 años de prisión y a Héctor Sibila a 12 años, por los secuestros y torturas a 18 trabajadores dentro de la empresa. Por su parte el militar Santiago Omar Riveros fue condenado a 15 años de prisión.
Fue la primera vez que la justicia argentina condenó a directivos de una empresa transnacional no solamente por ser cómplices de la dictadura cívico-militar, sino también como partícipes necesarios de los crímenes del terrorismo de Estado. En su veredicto, el TOF por unanimidad consideró que se trató de delitos de lesa humanidad.
En el juicio se demostró que el Ejército secuestró trabajadores llevándoselos de su puesto de trabajo en vehículos aportados por la empresa y que los torturó en un quincho que acondicionaron especialmente, que estaba ubicado dentro de los terrenos de la fábrica.