De prosperar, la iniciativa podría dejarlas sin la atención necesaria sólo por una cuestión de costos
El pasado viernes 10 se conoció un proyecto de decreto que establecería lo siguiente: "Determínese que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad mencionadas en el artículo 7 de la Ley 24.901 fijarán de forma independiente - y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad".
El Ministerio de Trabajo manifiesta su total rechazo al proyecto que propone la desregulación del nomenclador único de prestaciones básicas para personas con discapacidad, situación que implica un retroceso en los derechos adquiridos por el colectivo. Esta desregulación destruiría el principio de universalidad y el de igualdad de acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, que llevó tantos años de trabajo y esfuerzo poder construir.
Actualmente existe un nomenclador en donde se especifican las prestaciones establecidas por la Ley 24.901 y el arancel que le corresponde a cada una y que los diversos entes que dan cobertura (obras sociales, prepagas, PAMI, Incluir Salud) están obligados a pagar en su totalidad con sus propios recursos económicos. Aranceles que se actualizan según la inflación y los índices salariales.
El proyecto de decreto establece que cada organismo público nacional financiador del Sistema de Prestaciones fije por su cuenta los aranceles para cada prestación, obviando que existe un Directorio que tiene esta obligación por el Decreto 1193/98 y se ocupa de que quienes brindan estas prestaciones cumplan con exigencias edilicias y de recursos humanos para ser aceptados como prestadores del Sistema.
Esto viene a romper un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales inscriptos en la Superintendencia de Servicios de Salud sin importar su situación económica, mientras cuenten con el certificado único de discapacidad y una cobertura a través de una obra social, del PAMI, de la prepaga o de Incluir Salud.
De prosperar esta iniciativa volveremos a una etapa en donde las personas con discapacidad podrían no recibir atención de acuerdo a la obra social que tuvieran. De establecerse aranceles que no llegaran a cubrir el costo de las prestaciones muchas instituciones o profesionales dejarán de atender a esta población.
Como parte del COPRODIS (Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad), organismo estatal garante del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad asegurando su inclusión plena y equitativa en la sociedad, exigimos a los funcionarios que revean esta medida que puede entorpecer la atención de las personas con discapacidad, un derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años.