El Senado sancionó esta normativa fundamental para orientar las inversiones en territorio bonaerense, ya que brinda beneficios impositivos a aquellos proyectos que cumplan objetivos estratégicos para la Provincia
La provincia de Buenos Aires ya tiene su Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas, un proyecto impulsado por el gobernador Axel Kicillof, a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense que encabeza Augusto Costa, que se convirtió en ley este jueves tras ser aprobado en el Senado provincial.
Se trata de una herramienta que tiene como objetivo estimular las inversiones productivas y que, a través de beneficios fiscales, premia a aquellos proyectos que impliquen la creación de empleos de calidad, la generación de valor agregado, el desarrollo de proveedores locales y de nuevos sectores productivos, la promoción de la transferencia tecnológica, la diversificación de la matriz productiva, el impulso de las exportaciones, la sustitución de importaciones y la reducción de desequilibrios territoriales.
“Esta iniciativa está en las antípodas del RIGI que impulsa el Gobierno nacional: nosotros no podemos aceptar que la única forma de recibir inversiones sea la de primarizar, rifar los recursos naturales y no agregar valor. Por el contrario, este es un proyecto de desarrollo económico e industrial”, había subrayado Kicillof cuando presentó la iniciativa el Día de la Industria el pasado 2 de septiembre en Ituzaingó.
En su exposición en la Legislatura bonaerense, el ministro Costa también había diferenciado el Régimen Provincial del llamado RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) del Gobierno Nacional: “Este Régimen Provincial pone el impacto productivo, económico y social por delante del beneficio, es decir, únicamente van a poder acceder a las ventajas impositivas aquellos proyectos que demuestren que van a generar más valor agregado en la provincia, más empleo, innovación tecnológica, mejoras en cuestiones de sustentabilidad ambiental, de género y sustitución de importaciones y mayores exportaciones”, señaló el ministro.
El titular de la cartera productiva provincial destacó la importancia de disponer de este instrumento. “En el contexto actual en el que se encuentra la economía y la producción de la provincia de Buenos Aires, contar con esta herramienta es algo que va a permitir que muchas inversiones que hoy se están estudiando puedan contar con los beneficios adecuados”, destacó Augusto Costa.
Los sectores alcanzados por esta herramienta provincial son la industria manufacturera, los intensivos en recursos naturales, los de servicios (turismo, logística y otros), industrias culturales, salud, y proyectos estratégicos para la Provincia, y deberán contemplar inversiones de 5 millones de dólares o más: de acuerdo con los montos invertidos, obtendrán diferentes grados de exenciones fiscales.
Las propuestas aprobadas tendrán exenciones fiscales parciales sobre los impuestos de Ingresos Brutos, Inmobiliario y de Sellos. Los proyectos con inversiones desde US$5 millones hasta US$50 millones podrán acceder a un 30% durante 5 años; mientras que para aquellos que tengan una inversión de entre US$50 millones y US$200 millones el beneficio alcanzará un 25% de exención durante 4 años. En el caso de las inversiones de más de US$200 millones, la exención será del 20% durante 3 años.
Asimismo, podrán obtener beneficios adicionales por sobre esas exenciones aquellos proyectos que incrementen el empleo, permitan la sustitución de importaciones; potencien la innovación tecnológica; o se localicen en zonas de bajos ingresos o parques industriales. En este caso será de 10% y 2 años más de plazo; mientras que los proyectos que aumenten las exportaciones, adopten políticas de género o sostenibilidad ambiental podrán acceder a un 5% extra de exención y 1 año más de plazo.
La estabilidad fiscal abarcará el período de los beneficios otorgados y podrá extenderse hasta 30 años si cumple las finalidades del Régimen. Además, los proyectos de inversión mayores a US$50 millones deberán presentar un programa de desarrollo de proveedores, el cual deberá contemplar, de forma incremental, que al menos el 50% del monto total destinado al pago de proveedores se dirija a la contratación de empresas radicadas en la Provincia de Buenos Aires.